La diputada bonaerense de la UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto de ley con el objetivo de eximir del pago del Impuesto Automotor a los docentes rurales. La iniciativa se fundamenta en las complejas condiciones en las que se desempeñan los trabajadores de la educación en zonas alejadas, caracterizadas por dificultades de acceso, infraestructura limitada y escasos servicios básicos.

En los fundamentos de la propuesta, Silvina Vaccarezza hizo especial hincapié en la especificidad de la educación rural, definiéndola como una modalidad que debe garantizar la escolaridad obligatoria adaptándose a las particularidades de las poblaciones que habitan en esas zonas. Según la legisladora, esto implica considerar no solo el proceso educativo, sino también las condiciones materiales en las que docentes y estudiantes desarrollan sus actividades cotidianas.

“La educación rural presenta desafíos específicos para los docentes, que a menudo trabajan en escuelas pequeñas y aisladas, con acceso por caminos de tierra que dificulta la llegada de recursos educativos y la colaboración con otros colegas. Además, se enfrentan a infraestructuras deficientes, como falta de electricidad o acceso a internet”, graficó la diputada.

Bajo este diagnóstico, la iniciativa introduce como eje central el rol del vehículo particular como una herramienta indispensable para el trabajo docente en la ruralidad. El proyecto señala que no se trata únicamente de un medio de transporte, sino que constituye el único vínculo operativo entre la escuela y la comunidad, cumpliendo incluso funciones clave ante situaciones de emergencia.

“Es, en los hechos, un vehículo particular puesto al servicio público”, sostiene la diputada bonaerense en los fundamentos del escrito.

La propuesta busca modificar el Código Fiscal bonaerense para incluir dentro de las exenciones del Impuesto Automotor a los vehículos destinados al uso exclusivo de docentes que se desempeñen en establecimientos con niveles de desfavorabilidad III, IV y V, según la clasificación de la Dirección General de Cultura y Educación. El beneficio alcanzaría a una única unidad por beneficiario, ya sean titulares, provisionales o suplentes.

Asimismo, el proyecto asigna a los Consejos Escolares de cada distrito un rol clave en la implementación, ya que serán los encargados de verificar la elegibilidad de los solicitantes y emitir el certificado de exención. Silvina Vaccarezza concluyó que el gasto asociado al uso de un vehículo no es equivalente para un docente urbano que para aquel que presta servicios en zonas rurales donde las distancias y los caminos son más exigentes.

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