Buscarán regular la actividad de los cuidadores domiciliarios en la provincia de Buenos Aires

El diputado de Unión, Renovación y Fe, Martín Rozas, redactó un proyecto para establecer un régimen regulatorio integral para los cuidadores domiciliarios en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la iniciativa es ordenar una tarea extendida en el sistema de salud que actualmente carece de un marco normativo claro.

En principio, el legislador concibe a los cuidadores domiciliarios como trabajadores que brindan asistencia socio-sanitaria de baja complejidad a personas en situación de dependencia, como adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas o personas con discapacidad. Para defender su planteo, Martín Rozas sostuvo que "resulta necesario distinguir al cuidador domiciliario de otros empleos", al señalar que su tarea incluye un acompañamiento integral en la vida diaria.

El representante de la cuarta sección remarcó que esa especificidad requiere una regulación propia, distinta a la que rige para el personal de casas particulares. El proyecto del oriundo de General San Martín establece como uno de sus ejes centrales la profesionalización de la actividad para mejorar la calidad de las prestaciones y promover la formalización del trabajo de cuidado, que presenta altos niveles de precariedad.

Asimismo, el legislador subrayó que la falta de regulación expone a los trabajadores a "los vaivenes y la precarización del mercado laboral de servicios". En ese sentido, planteó que "es una incorporación necesaria al ordenamiento jurídico provincial, a los fines de reconocer una actividad en el ámbito de la salud, invisibilizada".

Ante ese escenario, el esquema propuesto crea un Registro Provincial Único, público y obligatorio, que concentrará la información de todos los cuidadores habilitados para ejercer en el territorio bonaerense. Esta herramienta permitirá relevar datos de manera periódica y otorgar una matrícula habilitante personal e intransferible.

El articulado fija requisitos concretos para la inscripción, entre los que se incluyen la mayoría de edad, la ausencia de antecedentes penales, la acreditación de formación específica y aptitudes psicofísicas certificadas. Al mismo tiempo, establece que tanto empleadores como prestadores deberán inscribir a los trabajadores, lo que apunta a cerrar espacios de informalidad.

En cuanto a las funciones, la norma detalla que los cuidadores deberán asistir en tareas básicas como higiene, alimentación y administración de medicación bajo indicación profesional. No obstante, la iniciativa incorpora derechos para los trabajadores, como la posibilidad de negarse a realizar tareas ajenas a su función y la percepción de honorarios acordes a los valores de obras sociales y prepagas.

En relación con el sistema de salud, la propuesta establece que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y las empresas de medicina prepaga deberán contratar únicamente a cuidadores inscriptos. Finalmente, Martín Rozas argumentó que la aprobación permitirá "crear un marco normativo que jerarquice la actividad, pero que ante todo la legalice creando un estándar mínimo de derechos".

Cabe precisar que el planteo retoma antecedentes legislativos, como la media sanción obtenida en 2019 por una iniciativa similar de la entonces diputada Vanesa Zuccari.

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