Conflicto en colegios privados de la Provincia por el traspaso de aportes al IPS

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) presentó una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para cuestionar la aplicación del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, que dispone el traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de establecimientos educativos de gestión privada al régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), en reemplazo del sistema nacional administrado por Anses.

La medida alcanza a los docentes extraprogramáticos —quienes desarrollan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria— y al personal no docente de los colegios privados de la Provincia. Hasta el momento, esos trabajadores realizan sus aportes al régimen nacional de seguridad social.

Desde la entidad señalaron que el cambio genera incertidumbre respecto de la aplicación del nuevo esquema previsional y sostuvieron que aún no existe un marco normativo y administrativo que otorgue claridad sobre el procedimiento que deben seguir las instituciones educativas.

“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por Anses”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa.

Según estimaciones difundidas por la asociación, la modificación podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores del sector, incluyendo personal auxiliar, no docente y docentes extraprogramáticos.

Entre los planteos realizados por la entidad, se menciona la posibilidad de un impacto económico para las instituciones educativas debido a eventuales modificaciones en el régimen de contribuciones patronales, así como un posible incremento en el porcentaje de aportes personales de los trabajadores bajo el sistema provincial.

Aiepa también advirtió que el cambio podría tener implicancias previsionales para parte del personal alcanzado, particularmente para quienes desarrollaron gran parte de su trayectoria laboral bajo el régimen nacional y podrían no reunir los requisitos necesarios para acceder a una jubilación provincial.

La vía judicial

En ese contexto, la asociación promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense, con el objetivo de que se determine la validez de la normativa provincial y se dicten medidas que, según sostiene la entidad, brinden seguridad jurídica a las instituciones alcanzadas.

Entre los fundamentos expuestos por Aiepa figuran la vigencia del régimen nacional de seguridad social, la necesidad de coordinación entre los distintos niveles del Estado y la posibilidad de que las instituciones educativas enfrenten reclamos de organismos nacionales y provinciales por la determinación del régimen previsional aplicable.

La entidad también informó que realizó presentaciones ante la Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep), solicitando que no se exija la incorporación del personal extraprogramático a la planta funcional mientras no exista una definición normativa o judicial sobre la cuestión.

El conflicto adquirió una nueva dimensión institucional luego de que el Estado Nacional, por intermedio del Ministerio de Capital Humano, promoviera una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires, bajo la carátula “Estado Nacional —Ministerio de Capital Humano— c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expediente CSJ 001481/2026-00.

En esa presentación, el Gobierno nacional solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la normativa provincial y requirió una medida cautelar para suspender su aplicación mientras se resuelve el fondo de la controversia.

“La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado”, señalaron desde la entidad.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil