Impulsan un proyecto para suspender por 10 años los desalojos en barrios populares

La diputada bonaerense del bloque Fuerza Patria, Cintia Romero, presentó en las últimas horas un proyecto de ley con el objetivo de suspender por el plazo de 10 años los desalojos en villas y asentamientos populares. La iniciativa busca implementar una nueva prórroga del artículo 70 de la Ley N°. 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, sancionada en 2012, la cual consagra el derecho a una vivienda y un hábitat digno y sustentable.

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La normativa vigente prevé en su artículo 70 un mecanismo de suspensión de los desalojos en los barrios populares inscriptos, garantizando que sus habitantes no sean desplazados mientras el Estado provee las soluciones habitacionales correspondientes. Cabe recordar que en 2017 se incorporó el artículo 70 bis, que exceptúa los casos de peligro real e inminente para la integridad física de las personas por factores socio-sanitarios o riesgo de derrumbe, imponiendo la obligación de relocalización y solución habitacional definitiva por parte del Estado.

“Vencida la última prórroga a fines de 2019, la suspensión del artículo 70 perdió su operatividad, desde entonces, la provincia de Buenos Aires carece de un instrumento propio de protección contra los desalojos, a pesar de que los procesos de integración continúan, en su mayoría, pendientes o inconclusos”, advirtió Romero.

Durante este período, la legisladora señaló que la protección de las familias bonaerenses que habitan los barrios populares se sostuvo casi exclusivamente por el régimen nacional: el artículo 15 de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, prorrogado por 10 años mediante la Ley N° 27.694. 

Sin embargo, Romero sostuvo que la norma nacional resulta insuficiente y, sobre todo, incierta. “Es insuficiente porque sólo alcanza a los barrios incorporados al RENABAP, cuyo relevamiento no coincide exactamente con el universo del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios”, aclaró la diputada.

En los considerandos de la iniciativa, la legisladora por la Segunda sección electoral alegó que “esta vulnerabilidad exige que la Legislatura provincial asegure, en el ámbito de su competencia, un instrumento autónomo y estable”. Respecto al plazo estipulado, Romero argumentó que se establecen 10 años en consonancia con la Ley N° 27.694. “La experiencia previa demostró que los plazos breves generan vacíos de protección y una dependencia innecesaria de los ciclos legislativos, lo cual resulta incompatible con los procesos de Integración socio-urbana”, remarcó.

Finalmente, la diputada destacó que este plazo otorga seguridad jurídica a las familias, previsibilidad a los magistrados y un horizonte temporal adecuado para la ejecución de políticas públicas en la provincia.

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