Ante el pedido del fiscal Luis Piotti de desalojar compulsivamente el predio ocupado en La Movediza, el defensor oficial Diego Araujo realizó una presentación ante el Juzgado de Garantías 1, manifestando la postura del organismo sobre la vulnerabilidad de algunos grupos allí asentados y solicitando la postergación del desalojo.&nbsp;En el escrito que el letrado elevó el martes al juez Moragas, antes de que hiciera lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal y dispusiera la expulsión de las 283 personas instaladas en los lotes de Piccirilli al 1000 en un rango de 45 días,&nbsp;Araujo puso especial énfasis en el conflicto social derivado de la toma masiva de tierras y cuestionó el tratamiento proferido por la comuna.En el planteo, se apoyó en los datos recolectados en el relevamiento censal que diferentes entidades efectuaron el pasado 17 de abril para exponer la compleja situación de algunos agrupamientos. En tal sentido, valoró que se pudo visualizar la presencia de “un grupo con mayores niveles de vulnerabilidad, dadas sus características particulares, relacionadas a la minoridad, género, situaciones de salud y pobreza estructural”.&nbsp;El diagnóstico se realizó con base en la información reportada a partir de indicadores de vulnerabilidad que fueron consensuados por todas las partes; Municipio de Tandil, Defensoría del Pueblo de la Provincia, Defensoría del Pueblo de Tandil, Unicen, Instituto Provincial de la Vivienda, Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano bonaerense; y también la Defensoría General de Azul, y la Defensoría penal de Tandil.&nbsp;En su presentación, Araujo fundamentó que “fruto de ese consenso inicial, y más allá de las diferencias conceptuales con relación a la naturaleza del conflicto, su origen y alcance, se realizó sobre el territorio donde se encuentra emplazada la ocupación, un despliegue de trabajadores sociales y funcionarios que culminó con el trabajo que fuera presentado oportunamente ante el Sr. Juez”.&nbsp;Sin propuestasEn la instancia posterior de análisis de datos, que se llevó a cabo con el objeto de trabajar en alguna propuesta acorde para los grupos con mayores niveles de vulnerabilidad, el defensor destacó que el Municipio “decidió no incorporarse a dicha mesa de trabajo, y dijo que presentaría un informe propio (lo que así hizo), refiriendo que actuaría sobre las familias necesitadas con posterioridad al desalojo voluntario de las mismas”.Al respecto, el abogado consideró que el accionar del Ejecutivo configura una “no propuesta” en el marco del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia provincial que el magistrado ordenó aplicar hace dos meses.&nbsp;En esta línea, argumentó que efectivamente en dicho marco de actuación se establece como objetivo “la necesidad de prevenir el impacto ulterior que puede generar la instrumentación de un desalojo compulsivo, brindando protección mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas especialmente vulnerables en proceso en desalojo”.De este modo, el cuestionamiento radica en que las soluciones deben ofrecerse previo al desalojo compulsivo y no de forma posterior, tal el posicionamiento del área de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, que en el informe presentado ante la Justicia exhibió&nbsp;que recibirá a los participantes de la toma una vez que se hayan retirado –voluntariamente o por la fuerza- del macizo usurpado.Así, ponderó que “si se trata de prevenir un posible impacto social, como consecuencia de un desalojo compulsivo, la propuesta debe ser, necesaria y lógicamente, una actuación previa al desalojo y no posterior, sujetas a las estimaciones y vicisitudes del poder político”.Respuestas concretas&nbsp;Asimismo, el titular de la Defensoría penal ratificó que es posible seguir profundizando sobre los grupos más vulnerables visibilizados a partir del relevamiento y estimó “prudente” posponer cualquier medida de desalojo, hasta tanto se presente una propuesta concreta en relación a dichos grupos. Es decir, que si el estallido del conflicto sirve para evidenciar la demanda y la crisis, al menos los actores implicados puedan proponer soluciones en esta dirección. &nbsp;En tanto, con la orden de desalojo compulsivo ya firmada por el juez Moragas, el compás de espera de 45 días para que los ocupas se retiren del lugar -la fecha límite es el 8 de julio- que se abrió, puede resultar crucial para articular medidas o reubicar a las familias que se hallan en una situación más apremiante.&nbsp;Para rematar, el funcionario judicial consignó que “el derecho penal no resulta ser el ámbito adecuado para la resolución de este tipo de conflictos sociales, donde está claro advertir que allí donde quedan al desnudo necesidades económicas y sociales profundas, deben ser resueltas con mayores políticas públicas dirigidas especialmente a esos grupos vulnerables”.En consecuencia, ponderó que el frente legal abierto constituye de alguna manera, una oportunidad para abordar la problemática habitacional del distrito e intentar ofrecer soluciones al respecto, para cumplir “satisfactoriamente” con las garantías constitucionales, normas y estándares internacionales de derechos humanos .&nbsp;

La Defensoría Oficial cuestionó al Municipio y había pedido a Garantías posponer el desalojo

Según se confió a este Diario, la decisión del Ministerio público, acerca de la toma masiva en el barrio la calle Picchirili al 1000, devino del análisis del expediente donde se expusieron los informes del censo y demás acciones de los organismos que intervinieron en el Protocolo impulsado por disposición de la Suprema Corte, convalidado por el juez de Garantías interviniente, doctor José Alberto Moragas&nbsp;Precisamente el magistrado, frente a la petición del fiscal Luis Piotti, como también una presentación -con espíritu contrario- &nbsp;de la defensoría a cargo de Diego Araujo, deberá resolver en los próximos días ante sendas posturas frente al conflicto con las 113 familias -un total de 280 personas- que se encuentran asentadas allí.&nbsp;Vale destacar que distintos organismos del Estado intervinieron en el censo que se realizó el pasado 17 de abril, con el objeto de contar con un diagnóstico certero de los ocupantes y, a partir de allí, allanar salidas posibles pacíficas, antes de proceder a un desalojo por la fuerza policial. Por otro lado, el Municipio presentó elaboró su propio informe, con conclusiones opuestas a la radiografía que suministró el reporte censal, apuntando sobre todo a la presunta carencia de ocupas en situación de calle.&nbsp;<h2>El pedido del fiscal</h2>Según tuvo acceso este Diario, el fiscal Piotti, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio &nbsp;3 en la Investigación Penal Preparatoria por la denuncia de Daniel Alberto Moauro, ratificó su pedido para concretar un desalojo compulsivo del predio, dado que la aplicación del Protocolo “se encuentra ya abastecida en la presente causa”.El funcionario judicial añadió &nbsp;que de dicha regulación estaban obligados “además de acompañar una suficiente acreditación del hecho, de haber dado intervención a aquellos organismos de la administración pública competentes para brindar salidas pacíficas que eviten el desalojo compulsivo, lo que aclara, debe efectuarse en la medida de lo posible y con arreglo a las circunstancias de la causa”.Al respecto, Piotti agregó que “todos esos órganos y principalmente los más funcionales en la temática han tomado intervención, e incluso otros que han sido citados por el mismo concurso de actores, lo que permite concluir que los elementos a los que alude el Protocolo, cabe a estas alturas tenerlos por existentes en los términos, alcance y finalidad de dicha regulación”.A más lecturas, el fiscal sostuvo que de las “gestiones llevadas a cabo e incluso los censos practicados, han contado con algunas diferencias tanto metodológicas como interpretativas de los datos obtenidos (tal como se desprende de los informes), y la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat ratifica ahora en líneas generales la situación reflejada mediante su informe inicial del 8 de marzo, en lo que respecta a la falta de constatación de personas en situación de calle y a la imposibilidad de poder evaluar eventuales condiciones de vulnerabilidad”.El fiscal entiende “que el tiempo transcurrido resulta razonable para que los órganos intervinientes, aún con eventuales acercamientos de postura que diriman aquellas diferencias, hayan ya provisto de recursos a quienes entiendan sean merecedores de ellos, resultando en todo caso instancias ajenas a las posibilidades de resolución de los órganos judiciales, cuyo deber ha sido cumplido al garantizar dicho espacio, sin que se haya agregado constancia alguna sobre eventuales desplazamientos voluntarios de los ocupantes”.Por otro lado, Piotti subrayó que “el trámite y prolongación de las gestiones de aquellos deben ponderarse de manera razonable en juego con la expectativa del damnificado a la reparación de su derecho afectado”.“No debe soslayarse –agregó- que el paso del tiempo agrava los hechos, permitiendo la multiplicación de conductas delictivas, lo que viene a significar naturalmente nuevas violaciones a la norma, más sujetos susceptibles de ser perseguidos penalmente, mayor consolidación de la acción despojante sobre el inmueble, y mayor vulneración del derecho del damnificado, cuando no también, de mayores afectaciones en los menores de edad mantenidos en esa precaria situación”.&nbsp;“Debe notarse –siguió- que el 8 de marzo la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat informaba la existencia de 86 ciudadano adultos implicados en la toma del predio, mientras que a raíz de la resolución judicial que ordenara la medida cautelar de no innovar (recaída a tan sólo 9 días), fue recabada policialmente mediante las respectivas notificaciones la presencia de 126 adultos, cuando los censos actuales arrojan ahora la presencia de 283 personas, con un incremento de menores de 53 a 109, lo que además refleja la falta de una real eficacia de la medida dictada en resguardo, debido naturalmente a las circunstancias del hecho y la dificultad derivada de ejercerse un adecuado control”.En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene y haga efectivo el desalojo compulsivo de los ocupantes del inmueble, disponiendo “su real ejecución en el momento en que entienda que las condiciones estén dadas para ello o luego de ordenar a los diversos actores las medidas que crea pertinentes, y que incluso fije un tiempo prudencial que habilite el retiro voluntario de quienes eventualmente puedan ser beneficiados por las instancias administrativas que se desarrollan o de otros que lleguen a avenirse a la decisión jurisdiccional una vez conocida”.Cerrando, el fiscal también pidió que se prescinda de ordenar nuevas notificaciones a los ocupantes u otras constataciones, que, de acuerdo a la naturaleza dinámica y fluctuante de los hechos, tal como se mencionó, “no harían más que dilatar el proceso e incurrir en un desgaste de los recursos administrativos con afectación a la economía procesal, toda vez que la coordinación de instituciones y publicidad de los hechos facilitan el conocimiento de lo que se resuelva, y por otro lado, la inexistencia o reducción del grado de ocupación al tiempo de ejecutarse la medida, tornándola abstracta en el tramo que resulte, representaría no otra cosa que un aporte al objetivo de disminuir el carácter compulsivo de la medida”.

Los argumentos del fiscal para pedir el desalojo por la fuerza

Los argumentos del fiscal para pedir el desalojo por la fuerza en La Movediza

Pasados más de dos meses de que se inició la toma en La Movediza, se encauza el protocolo para buscar una salida amable al conflicto que se suscitó en el predio de Piccirilli al 1000 ocupado desde febrero por 120 familias.&nbsp;Así, el 17 de abril se llevó a cabo el censo ordenado por la Justicia en el marco de la causa por “Usurpación” que tramita la UFI 3, iniciada tras la denuncia que radicó el ciudadano que alegó ser el dueño de las tierras en disputa. Se trata de Nicolás Moauro, quien reside en las inmediaciones del lugar y expuso que el macizo le pertenece a su familia.&nbsp;En tanto, el trabajo en cuestión contó con la participación de todas las instituciones convocadas para el cumplimiento del protocolo elaborado por la Suprema Corte de Justicia. En concreto, prestaron colaboración la Defensoría del Pueblo de Tandil, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Unicen, la Secretaría de Hábitat provincial, la Defensoría Oficial, la Defensoría General de Azul y el Instituto Provincial de la Vivienda.Cabe destacar que hacia fines de marzo, el Municipio censó a las personas que <a href="http://eleco.com.ar/etiqueta/toma-de-lotes">acampan en el terreno</a>, pero la Defensoría Oficial a cargo de Diego Araujo notificó que diferentes organismos provinciales y locales debían efectuar un nuevo relevamiento en el lugar para conocer la cantidad de personas y abordar sus problemáticas habitacionales, entre otras variables de interés.&nbsp;Avances en la causaFuentes oficiales consultadas por El Eco de Tandil indicaron que los datos del relevamiento fueron recopilados por la Defensoría del Pueblo bonaerense y posteriormente entregados a la Secretaría de Hábitat de la Provincia para que confeccione un informe que categorice a los grupos instalados de acuerdo a sus niveles de vulnerabilidad.&nbsp;Según las estimaciones, el reporte deberá ser girado a Tandil esta semana y a partir de esa información, el juez que entiende la causa, José Alberto Moragas, titular del Juzgado de Garantías 1, deberá fijar -como suele hacerse en estos casos- una audiencia única con las partes y los organismos que han intervenido en el conflicto con el objeto de proponer una solución “amistosa".&nbsp;El mencionado protocolo se activó con el propósito de no proceder a un desalojo compulsivo sin agotar todas las instancia pacíficas posibles. De acuerdo a lo que conste en el informe, también podría identificarse la existencia de agrupamientos no calificados para acceder a las propuestas que surjan del abordaje de las diversas problemáticas.&nbsp;Además, ante la llegada del frío, desde la Defensoría Oficial solicitaron recientemente al magistrado que modifique la medida cautelar que impide innovaciones en el lugar. La orden judicial se dictó el 17 de marzo y tiene vigencia por 60 días, a fines de evitar que se levanten nuevas construcciones y que más personas se sumen a la toma.En tal sentido, la Defensoría destacó que no se pretende de este modo afianzar la toma, sino lograr que quienes aguardan una solución “puedan hacerlo en mínimas condiciones de aceptabilidad”. Es decir, la medida busca que se habiliten las modificaciones estructurales para que los ocupantes -sobre todo las familias con menores- puedan hacer frente a las bajas temperaturas del otoño tandilense.&nbsp;&nbsp;

Con el informe habitacional, pactarán una audiencia para dar una salida pacífica a la toma

A poco de cumplirse dos meses de la toma, finalmente ayer se llevó a cabo el protocolo ordenado por la Justicia al censar a la totalidad de las familias que ocupa el predio ubicado en Piccirilli al 1000, en La Movediza.La medida se enmarca en una causa judicial que tramita la UFI 3, que se inició a partir de la <a href="http://eleco.com.ar/etiqueta/desalojo">denuncia por usurpación</a> que impulsó en ciudadano que asegura tener el título de propiedad del inmueble.La acción dio paso a una primera medida judicial. El 17 de marzo, el Juzgado de Garantías 1 ordenó la activación del protocolo para procurar una salida pacífica a la ocupación que llevan adelante un importante grupo de personas antes de ejecutar la orden de desalojo y, en simultaneo, un impedimento para que no se tomen nuevas acciones en el lugar durante 60 días.Hacia fines del mes pasado, la comuna censó a las personas que acampan en el terreno, pero la Defensoría Oficial notificó que diferentes organismos provinciales y locales realicen un nuevo relevamiento en el lugar para conocer la cantidad de personas y abordar sus problemáticas habitacionales, entre otras variables.El trabajo se concretó ayer. Y contó con la participación de todas las instituciones convocadas para el cumplimiento del protocolo elaborado por la Suprema Corte de Justicia.El despliegue se desarrolló con total normalidad y de manera ágil y rápida, pese a la extensión del cuestionario.&nbsp;Ahora, se iniciará una instancia de análisis de datos y los resultados quedarán plasmados en un informe correspondiente que se incorporará a la causa. Asimismo, será insumo para obtener los índices de vulnerabilidad de cada grupo familiar y, en función de esa circunstancia, elaborar las soluciones de acuerdo a la problemática.&nbsp;Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que esos resultados estarán disponibles en el transcurso de la semana, para luego avanzar en la convocatoria a una mesa de negociación para el abordaje de los casos.

A poco de cumplirse dos meses de la toma, finalmente ayer se llevó a cabo el protocolo ordenado por la Justicia al censar a la totalidad de las familias que ocupa el predio ubicado en Piccirilli al 1000, en La Movediza.La medida se enmarca en una causa judicial que tramita la UFI 3, que se inició a partir de la denuncia por usurpación que impulsó en ciudadano que asegura tener el título de propiedad del inmueble.La acción dio paso a una primera medida judicial. El 17 de marzo, el Juzgado de Garantías 1 ordenó la activación del protocolo para procurar una salida pacífica a la ocupación que llevan adelante un importante grupo de personas antes de ejecutar la orden de desalojo y, en simultaneo, un impedimento para que no se tomen nuevas acciones en el lugar durante 60 días.Hacia fines del mes pasado, la comuna censó a las personas que acampan en el terreno, pero la Defensoría Oficial notificó que diferentes organismos provinciales y locales realicen un nuevo relevamiento en el lugar para conocer la cantidad de personas y abordar sus problemáticas habitacionales, entre otras variables.El trabajo se concretó ayer. Y contó con la participación de todas las instituciones convocadas para el cumplimiento del protocolo elaborado por la Suprema Corte de Justicia.El despliegue se desarrolló con total normalidad y de manera ágil y rápida, pese a la extensión del cuestionario.&nbsp;Ahora, se iniciará una instancia de análisis de datos y los resultados quedarán plasmados en un informe correspondiente que se incorporará a la causa. Asimismo, será insumo para obtener los índices de vulnerabilidad de cada grupo familiar y, en función de esa circunstancia, elaborar las soluciones de acuerdo a la problemática.&nbsp;Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que esos resultados estarán disponibles en el transcurso de la semana, para luego avanzar en la convocatoria a una mesa de negociación para el abordaje de los casos.<h2>La medida y la postura del Municipio&nbsp;</h2>En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Andrés Curcio, repasó las acciones y el cumplimiento de uno de los pasos previstos para la identificación de las personas que se encuentran en el predio.En ese sentido, ratificó la conformación de una mesa de gestión en la que intervienen organismos de la provincia de Buenos Aires, como la Secretaría de Hábitat y Vivienda, la Defensoría del Pueblo de Tandil, la Defensoría oficial del Ministerio Público, junto a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio y la participación de la Unicen, con un programa de la Secretaría de Extensión sobre la problemática del suelo urbano en la ciudad.Los resultados del abordaje en el territorio serán incorporados a la causa respecto a las condiciones, cantidad e identidad de los ocupantes del predio.Asimismo, Curcio remarcó que desde el Municipio hicieron especial hincapié en la relevancia del trabajo realizado oportunamente por la policía cuando se desató el conflicto.“Tenemos una herramienta inicial de la cual partir”, alertó en referencia al informe que alude a la situación desde los comienzos, y agregó que “ahora se vuelve a relevar porque evidentemente desde el día uno hay más familias”.Debido a la expansión de la toma fue que insistieron en la “celeridad del proceso” para evitar que más familias se instalaran en el lugar, hasta que el Juzgado de Garantías dictó una medida de no innovar para que “no pueda ingresar más gente ni se puedan ampliar las construcciones”.“Todos queremos que la situación se resuelva conforme a derecho y que si ese predio tiene un propietario se desaloje”, sentenció el funcionario comunal, que consideró que “el Juzgado de Garantías entendió que correspondía aplicar el protocolo”, por lo que “no nos queda otra opción que contribuir, en el marco de lo que podemos como municipio, en que se cumpla con ello con la mayor celeridad”.En adelante, Curcio apuntó que “el Juzgado de Garantías ya anticipó que están dadas las condiciones para el desalojo compulsivo, lo cual me lleva a desear que las personas que están ocupando el lugar accedan a retirarse voluntariamente una vez que sean entrevistadas” e invitó a que, cuando lo hagan, “se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat porque muy probablemente les sirva alguno de los programas municipales”.&nbsp;Por el contrario, “si alguna de las familias decide no retirarse voluntariamente, lamentablemente el desalojo compulsivo se va a llevar adelante porque así ya lo anticipó la Justicia”.<h2>Visibilizar la necesidad&nbsp;</h2>En representación de un grupo de familias que estuvo desde que se inició la medida, Eduardo Meza confirmó a este Diario que el personal a cargo de desplegar el protocolo censó a las 58 familias –entre las que se encuentran las 13 mujeres que comenzaron con la ocupación-.Evaluó que fue un relevamiento “bien realizado” y que las preguntas incluidas en el cuestionario tuvieron un interés social “importantísimo para poder visibilizar la necesidad de los vecinos a nivel habitacional”.Por eso, el vocero de los ocupantes del predio que se ubican por Piccirilli hacia Misiones resaltó la importancia que tiene la recolección de los datos para conocer las necesidades de las personas y plantear sus demandas en la mesa de diálogo integrada por los distintos actores involucrados.&nbsp;Mientras la Justicia cumple con las acciones previstas, Meza insistió que los vecinos “esperan una respuesta positiva a las necesidades planteadas” y ratificó que, en caso que “se llegué a la decisión de un desalojo, se hará de la manera más pacífica posible”.Para finalizar, hizo referencia a las condiciones en que se encuentran las personas que tomaron ese sector del predio frente a las inclemencias climáticas que marcaron la tarde noche de ayer, junto a las bajas temperaturas.“El piso de tierra, paredes y techo de chapa, madera y nylon; es duro, pero es la realidad. No hay un negocio detrás de esto, ni un partido político o una organización”, remarcó e instó a “funcionarios y concejales” a que se comprometan con la problemática y formen parte de la solución.

Censaron a las familias que ocupan lotes en La Movediza

Casi 60 días después de que un grupo de personas tomara posesión de un descampado en la calle Piccirilli al 1000, los propietarios del terreno aguardan que se efectivice el desalojo.&nbsp;Previamente, la Justicia ordenó activar el Protocolo de la Suprema Corte de la Nación para intentar encontrar una salida pacífica al conflicto. Así, el 17 de marzo, el juez de Garantías 1 José Alberto Moragas, dispuso que se agoten todas las instancias antes de llegar al desalojo compulsivo del predio, estableció por 60 días la prohibición de efectuar innovaciones en el lugar en disputa y obturó el ingreso de otras personas a la toma.&nbsp;En ese marco, a fines del mes pasado la comuna censó a las personas que acampan en el terreno, pero ahora la Defensoría Oficial notificó que diferentes organismos provinciales y locales realizarán un nuevo relevamiento en el lugar a partir del próximo lunes.&nbsp;Asimismo, Nicolás Moauro, uno de los titulares del predio, habló con El Eco Multimedios y criticó las demoras para resolver el problema. El hombre y su familia residen en el sector adyacente y tienen allí su vivero, razón por la cual deben convivir con los protagonistas de la toma a diario.&nbsp;“Estamos muy cerca, al principio lo vivimos con mucha intranquilidad porque no sabíamos cómo actuar y optamos ir por lo legal, que es lo que corresponde, aunque podríamos haber tomado medidas más rápidas y correr otros riesgos. Fuimos por la vía legal, pero no pensamos que iba a haber tanta demora. Cuatro horas después de la toma acreditamos la titularidad de las tierras y ahora hay demora para todo”, explicó.&nbsp;Por su parte, apuntó a la vulneración del derecho a la propiedad privada y puso en tela de juicio el respeto a “la democracia y la Constitución Nacional”.Nuevo censo y demorasDías atrás la Defensoría mantuvo una reunión con diferentes organismos provinciales y locales, y tomaron la decisión de hacer un nuevo relevamiento en el territorio, más completo que el anterior, presentado por el Municipio.De este modo, se prevé que el instrumento informe en qué situación y en qué punto de desidia está cada vecino a nivel habitacional, económico y social dentro del barrio, para que la Justicia evalúe estos datos en pos de tomar las mejores decisiones para solucionar el conflicto.En tanto, Moauro sostuvo que “está faltando vocación y valentía por parte de la gente que tiene que embarrarse las manos y tomar el control de la situación”, y refirió que desconoce por qué se va a realizar un nuevo censo. En tal sentido, expuso que tras comunicarse con agentes municipales, no obtuvo más respuestas sobre el asunto.&nbsp;“Sé que van a hacer un nuevo censo y no sabemos cómo va a seguir todo. Son situaciones que te ponen agresivo, porque yo te voy a poner en el patio de tu casa o enfrente 50 carpas con chicos, en situaciones que no son las que nosotros estamos acostumbrados, tirando basura, haciendo humo y gritando, con un tránsito de vehículos todo el tiempo. Esta gente no conoce la propiedad privada ni la Constitución, no son nacionales”, lanzó.&nbsp;Y si bien aseguró que no sabe con exactitud si se agregó más gente o no a la usurpación, exhibió que se percibe un movimiento constante en el predio y que por ello se vio obligado a cercar con un alambre de dos metros de altura el perímetro de su casa y el espacio que usa su familia. El cerramiento tiene 300 metros y lo cubrieron con una tela verde para tener privacidad y escapar de la mirada ajena.Con visible molestia concluyó que “ahora estamos más aislados, porque nosotros vivimos acá y tenemos nuestro negocio, pero la verdad es que nos sentimos desprotegidos e invadidos”.&nbsp;&nbsp;

A dos meses de la toma, el dueño del predio ocupado en La Movediza cuestionó que dilaten el desalojo

Ester Yolanda Cutri vive en una de las 20 viviendas del Centro de Jubilados Brogno y se sintió amenazada por el administrador del lugar quien intentó desalojarla.En diálogo con Eco Noticias, Cutri se manifestó preocupada ante la posibilidad de quedarse sin casa y denunció, “Rene Cabrera me quiere desalojar por puro capricho de él, siendo que nadie lo votó ni eligió en el vecindario”.&nbsp;“Además, éste señor no ha puesto a disposición su criterio de poder tener un dialogo con la gente y fue quien rápidamente puso un abogado para desalojarme y yo hace 17 años que vivo ahí”, sostuvo la jubilada.La frentista del espacio ubicado en Quintana y La Pampa, agregó detalles sobre la modalidad de su vivienda, “está en comodato de por vida y gracias a Dios nunca dejé de pagar.”&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="56035" data-title="Puede interesarte"></section>

“Me quieren desalojar por puro capricho”, reclamó una vecina

Tal como se anticipó en la edición sabatina, tal lo establece la Suprema Corte y en consonancia con lo que había peticionado la Defensoría oficial, previo al desalojo compulsivo, el Juzgado de Garantías 1 ordenó que se active el Protocolo para procurar una salida pacífica a la toma masiva en La Movediza.La resolución se conoció el pasado viernes, cuando el juez de Garantías 1 José Alberto Moragas, &nbsp;notificó a las partes que debían agotarse las instancias que establece el Protocolo para este tipo de casos, sin dejar de exponer que resulta procedente ejecutar el desalojo compulsivo, pero previamente deben cumplirse las medidas que ordena la Suprema Corte. Asimismo, el magistrado dispuso por 60 días la prohibición de innovar y del ingreso de otras personas a la toma. &nbsp;Cabe consignar que buena parte de lo que establece el Protocolo ya se vino realizando por disposición del propio Juzgado y desde el Ministerio Público, quien ahora recibió nuevas directivas para completar lo que la propia Corte dictaminó para este tipo de casos. Una vez agotada la instancia de mediación y de no mediar una salida, se avanzará en el desalojo por la fuerza.El ProtocoloEste Diario accedió al documento oficial del Juzgado en el que resolvió aplicar “el protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”A la vez, se ordenó requerir a la UFI interviniente que acredite y acompañe la constatación en el Registro de Juicios Universales sobre la existencia de litispendencia respecto de la propiedad; como también notificación del contenido del artículo 60 de las restantes personas mayores que ocupen el predio que no fueran notificadasPor otro lado, se pide el resultado de las medidas ordenadas con relación a las gestiones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, a los efectos de evaluar otras alternativas para la solución del conflicto, “poniendo en su conocimiento lo expresado por el programa de Extensión Unicen denominado `Acceso Justo al hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires´” que presentó la Defensa, como así también lo informado por la doctora María Eugenia Caporale, en su carácter de apoderada de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.En otro orden, el juez ordenó librar oficio a la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat a los efectos que informe si el inmueble emplazado entre calles Salta, Chapeaurouge, Misiones y Piccirilli, se encuentra inscripto en el Registro Público Provincial de Villas y Asentamiento Precarios, como una "villa o asentamiento precario".Medida cautelarMoragas en otro párrafo de su resolución, hizo lugar por el término de 60 días a la medida cautelar de no innovar requerida por el denunciante y por el Fiscal, disponiendo: “La prohibición a todos los ocupantes del inmueble de realizar cualquier tipo de construcción, mejoras, ingresar materiales para la construcción, mobiliario y electrodomésticos, a partir de la notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia”.A la vez, se prohibió “autorizar nuevas conexiones de suministro de energía eléctrica dentro del predio, para lo cual deberá librarse oficio a la Usina Popular de &nbsp;Tandil”.También se ordenó, y por el término de 60 días, la prohibición absoluta de ingreso de nuevos ocupantes al predio en litigio, delegando en el Ministerio Público Fiscal, con asistencia del Ministerio de Seguridad Provincial, la observancia del cumplimiento de esta medidaLos patrones orientadoresTal lo había peticionado la Defensa oficial y ahora resolvió el juez de Garantías, se aplicará el "Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad", elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.&nbsp;Allí se fijó un criterio de actuación que deben tener en miras jueces de instancia en forma previa a disponer el desalojo forzoso del bien inmueble.Así, en las señaló que “los jueces de instancia deberán tener en cuenta para la resolución de estos conflictos las siguientes patrones orientadores:-Dar intervención a los organismos de mediación a fin que pueda llegar a evitarse la medida cautelar de desalojo y resolver el conflicto mediante una solución conciliadora.-Al intimar a que se desocupe el inmueble voluntariamente, otorgar un plazo razonable antes de efectivizar la medida, de acuerdo a las características de los grupos familiares que ocupen el bien (arts. 23 y 83 del C.P.P.).-Previo a disponer la orden de desalojo y en caso de que se encuentre acreditada la existencia de menores en los inmuebles ocupados, el Juez de Garantías deberá correr vista a la Asesoría de Incapaces Departamental.-Dar intervención a los Servicios Locales y Zonales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente quienes, a través de sus operadores, podrán estar presentes en el momento del desalojo a los fines de garantizar los derechos de los mismos si estuviesen involucrados.-Contemplar la posibilidad de que, en el procedimiento, se hagan presente, además de los efectivos policiales actuantes, ambulancias y personal profesional ante un eventual problema de salud que se suscite en la diligencia.”

Se conocieron los alcances de la resolución judicial que pidió activar el Protocolo por la toma masiva en La Movediza

Se conocieron los alcances de la resolución judicial que pidió activar el Protocolo por la toma masiva

Este Diario accedió al pedido formal que realizó la Defensoría oficial al juez de Garantías para que active el protocolo dispuesto por la Corte a la hora de abordar las usurpaciones masivas, como en este caso en La Movediza.&nbsp;En el informe oficial, los funcionarios detallan el estado de situación y cómo fue la toma, no sin dejar de subrayar el estado de vulnerabilidad en que se encuentran los ocupas a la hora de emprender la toma. &nbsp;“Pudimos constatar que el lugar resulta ser una zona totalmente descampada, sin calles demarcadas que ocupa por lo menos dos manzanas. Una zona se encuentra demarcada por calle Piccirilli -de tierra en regular estado, y sin cordón cuneta- entre calles Formosa y Misiones; y la otra por calle Picirilli entre Formosa y Salta.En cada zona residen distintas familias formando dos grupos diversos que no tienen conexión uno con el otro”, describe el informe tras realizar un relevamiento en el lugar.Respecto al lugar, se detalló sobre “la zona se puede apreciar que se encontraba casi en estado de abandono, donde abundaban altos pastizales y restos de basura que se fue acumulando con el tiempo”.Asimismo, se añadió que “la zona que se encuentra ocupada, se puede apreciar que los pastos han sido cortados y la basura fue sacada por los ocupantes, más en los costados donde no hay familias viviendo se verifica lo antes relatado sobre el estado de las malezas”.Se dijo que los funcionarios conversaron amistosamente con representantes de ambos grupos, con el fin de asesorarlos con respecto a la situación procesal ante la denuncia por usurpación que pesa sobre ellos.“En ambos grupos, nos refirieron que no ingresaron ni en forma clandestina, ni rompiendo alambres o delimitación del terreno alguna, ya que la zona se encontraba sin demarcación de ningún tipo que impida su ingreso por parte de algún particular”, acotaron en el informe.“De hecho –siguieron- algunos vecinos frentistas confirmaron que la zona se encontraba abandonada sin cerco alguno y que ellos mismos estaban de acuerdo con dicho ingreso ya que conocían a varios ocupantes por ser vecinos del barrio y ahora el lugar estaba limpio y más cuidado. Hay videos que acreditarían dicha circunstancia”.PeticiónLos funcionarios advirtieron que se trata de numerosos grupos “en estado de vulnerabilidad social y económica, que han tomado una decisión extrema en función de la ausencia de oportunidades para acceder a un suelo urbano (art. 16 punto b de la ley 14449) y donde se deja ver una de las caras más amargas de la desidia estatal, al no procurar programas y/o planes de acción políticos en materia de construcción y/o promoción de construcción de viviendas dignas, tendiente a revertir una situación que viene de años (Smata, Plan Federal, Villa Cordobita, etc.), a pesar de las constantes alertas que emergen de las tomas masivas de terrenos en nuestro Partido”, por lo que se solicitó la estricta aplicación del "Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad" elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.&nbsp;PrecedentesRespecto a los antecedentes, se citó que la Cámara señaló que ante el desalojo compulsivo de un inmueble - puede el juez de instancia “…peticionar en sede judicial las medidas que estime pertinentes en pos de lograr la re ubicación del grupo familiar y/o, en su caso, la suspensión de la medida.”En tanto causa 36.825-2018, fija un criterio de actuación en tanto encomendó el criterio que deberán tener en miras jueces y juezas de instancia en forma previa a disponer el desalojo forzoso del bien inmueble.Así, en las señaló que “los jueces de instancia deberán tener en cuenta para la resolución de estos conflictos las siguientes patrones orientadores:-Dar intervención a los organismos de mediación a fin que pueda llegar a evitarse la medida cautelar de desalojo y resolver el conflicto mediante una solución conciliadora.-Al intimar a que se desocupe el inmueble voluntariamente, otorgar un plazo razonable antes de efectivizar la medida, de acuerdo a las características de los grupos familiares que ocupen el bien (arts. 23 y 83 del C.P.P.).-Previo a disponer la orden de desalojo y en caso de que se encuentre acreditada la existencia de menores en los inmuebles ocupados, el Juez de Garantías deberá correr vista a la Asesoría de Incapaces Departamental.-Dar intervención a los Servicios Locales y Zonales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente quienes, a través de sus operadores, podrán estar presentes en el momento del desalojo a los fines de garantizar los derechos de los mismos si estuviesen involucrados.-Contemplar la posibilidad de que, en el procedimiento, se hagan presente, además de los efectivos policiales actuantes, ambulancias y personal profesional ante un eventual problema de salud que se suscite en la diligencia.”Una historia que contarA propósito de argumentar la petición, el defensor transcribió la entrevista con una de las ocupas, cuyo testimonio robusteció las razones por las que se solicita la mediación.&nbsp;"(...) Hace 11 años que vive en el barrio La Movediza. Que ese lapso vivió en casas alquiladas o de prestado. Que actualmente reside en la casa de Alvarado al 900 junto a su marido&nbsp;y dos hijos menores de edad. Están pagando la suma de 36.000 pesos por mes y en octubre de este año el aumento será de más del 100 por ciento del valor. Que el único ingreso familiar es de su marido, que trabaja en el parque industrial, cobrando aproximadamente 120.000 pesos”.&nbsp;La mujer contó que “oportunamente pidió ayuda al asistente social de la salita del Barrio perteneciente a la Municipalidad para poder afrontar el pago del alquiler, donde le dieron una suma fija de 10 mil pesos durante tres meses, pero ya no la cobra más”. Agregó que con el sueldo de su marido, apenas alcanza para solventar los gastos de la familia, ya que ella si bien trabaja en eventos, es meramente ocasional. Que en tal sentido, y siendo vecina del barrio desde su infancia, “sabía que había un predio baldío en calle Piccirilli al 1000, entre Misiones y Formosa que no estaba alambrado por lo cualquier persona podía ingresar sin inconvenientes. Dicho lugar era un pajonal abandonado con plantas muy altas, había residuos tirados, botellas rotas, animales muertos. Era prácticamente un basural a cielo abierto, lleno de ratas también. "Continuó expresando que " se sabía que varios malhechores dejaban tiradas cosas robadas para luego buscarlas sin que nadie se diera cuenta. No había calle, solo huellas de la gente que podría pasar o de los animales que andaban por ahí. Era tierra de nadie. Que ante la situación desesperada de no poder afrontar el pago del alquiler y quedarse en la calle junto a sus hijos, es que comenzó a hablar con algunos vecinos frentistas para ver si les molestaba que se instale en una pequeña parcela del predio en cuestión, comprometiéndose a cuidarlo y limpiarlo, con el fin de poder tener un terrenito para su familia”.&nbsp;Añadió que “todos los vecinos estuvieron de acuerdo y la apoyaron, ya que saben de su situación y además les servía para mejorar el estado del predio".Afirmó que "ingresó al predio sin romper alambre alguno ya que no había, y como dijo con la venia de los vecinos. Comenzó a limpiar el terreno junto a otros vecinos del lugar y el lunes ya puso la carpa. En esa oportunidad, otras dos mujeres vecinas del barrio se instalaron junto a ella para acompañarla y no estar sola y además porque tenían los mismo problemas económicos que ella. De a poco se fueron acercando más mujeres en la misma situación de problemas habitacionales del barrio, y cuando se pudo dar cuenta, ya eran 14 familias iniciales al martes".Dijo que " su intención y el de las 14 familias primeras fue siempre poder llegar a un acuerdo con el posible dueño y/o la Municipalidad en caso de ser terrenos fiscales, de poder comprar una parcela pagando como corresponde, ya que no es su intención ocupar el mismo, sino comprar. Si no es posible comprar, solicitan se gestione una relocalización...".&nbsp;

Tras ver “una de las caras más amargas de la desidia estatal”,  la Defensa pidió oficialmente la activación del Protocolo

Tras ver “una de las caras más amargas de la desidia estatal”,  pidieron la activación del Protocolo

Consultadas fuentes judiciales respecto a la toma y sus eventuales consecuencias penales, se confirmó que la fiscalía interviniente ya tomó cartas en el asunto, reuniendo antecedentes, fallos y jurisprudencia en pos de tramitar el pedido de desalojo compulsivo, bajo la venia del juzgado de Garantías en turno.&nbsp;Para asumir dicha resolución, se analizaba el protocolo establecido en el marco de una medida de esta naturaleza, dando intervención a distintos organismos estatales, dado la presencia de menores de edad en la ocupación clandestina.&nbsp;Se dejó entrever el análisis de un fallo de Cámara reciente que, a todas luces, generaría un precedente importante a la hora de su aplicación de aquí en más, independientemente del caso que ahora toca abordar.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="93456" data-title="Puede interesarte"></section>A más precisiones, la resolución alude a que no resulta necesario que alguien acredite ser propietario del terreno ocupado. Se desprende que ya configura un delito el ocupar y hacerse de algo (en este caso un inmueble, un lote) que le es ajeno.&nbsp;La controversia redunda en que en anteriores casas se buscaba acreditar no sólo la titularidad del que se decía propietario, también si el lote en cuestión estaba cercado, por citar alguno de los ítems a la hora de abordar una problemática muy sensible de la que Tandil hace años no resulta exenta.&nbsp;El caso más reciente que se recuerda en la historia serrana date del 2020, en los lotes de Muñiz y Segundo Sombra. Donde también, un particular que había iniciado el proceso de usucapión denunció la toma masiva. El conflicto finalmente y después de un dilatado tiempo se logró destrabar con una mesa interdisciplinaria que logró darle respuesta no solo al propietario sino también a las familias que habían ocupado el espacio.<section class="noteSuggested" data-id="2990,64804" data-title="Puede interesarte"></section>Algo más atrás y mucho más conflictivo (en 2015) resultó la usurpación masiva en Villa Cordobita, donde un nutrido grupo de personas bajo las órdenes de Griselda Altamirano Jorge Lezica y compañía, desde la agrupación Primero de Octubre, tomaron lotes que a la postre la justicia determinó de quiénes eran, con el recordado juicio y condena para la pareja activista.<h2>Protocolo</h2>Cabe consignar que de acuerdo a lo resuelto oportunamente por el máximo tribunal bonaerense aprobó el Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad, que será de aplicación en el ámbito de los órganos jurisdiccionales del fuero penal, que intervengan en requerimientos de restitución preventiva de inmuebles públicos o privados ocupados por los mencionados grupos.El Protocolo prevé como objetivos establecer directrices que permitan garantizar la debida actuación de las medidas judiciales a las garantías constitucionales y estándares internacionales en materia de derechos humanos; prevenir y/o reduciré el impacto social que puede generar la instrumentación de las citadas medidas; y, garantizar la evaluación previa de los efectos multidimensionales de los desalojos.Asimismo, establece medidas preliminares obligatorias a adoptar por el Agente Fiscal, previa a la orden de restitución preventiva del inmueble, dentro de las que se incluye el pedido de informes respecto del inmueble y de las personas que se encuentran en el mismo.

La Justicia activaría el protocolo de cara a un inminente desalojo compulsivo

Tal lo anticipado en estas páginas, una de las causas que pesan contra la dirigente Griselda Altamirano y su agrupación Primero de Octubre está a horas de una resolución judicial que determinará la suerte de la protesta en las puertas del Municipio.Como se detalló, una de las instrucciones versa sobre la denuncia que realizaron las autoridades comunales sobre la ocupación de la explanada del edificio comunal en el marco de la protesta que llevan adelante con el acampe también en la Plaza Independencia.Más precisamente el Gobierno denunció la usurpación del espacio público, que, al decir de la presentación, el emplazamiento de protesta interrumpe la libre circulación e ingreso al Municipio, como así también perturbó el avance de la obra que el Gobierno pergeñó para dicho lugar, acerca de una nueva vereda que rodea al edificio declarado patrimonio.Tras fracasar la instancia de mediación judicial en la ORAC que se había montado entre los protagonistas, léase representantes de la agrupación y funcionarios municipales, el fiscal que interviene en el expediente, Ignacio Calonje (también instruye la causa por el homicidio culposo del que resulta imputado el exfuncionario Luciano Jaueguiber por la muerte de Sebastián Simón) formalizó el pedido de desalojo del acampe.&nbsp;Dicha petición recayó en la jueza de Garantías Stella Maris Aracil, conocida por la propia Altamirano y compañía no sólo por las actuaciones respecto a la “causa madre” que persigue esclarecer la responsabilidad penal del exfuncionario lunghista, también fue quien intervino en la toma de lotes en Villa Cordobita, donde se procedió un desalojo compulsivo. Suceso por el cual Altamirano y su pareja Jorge Lezica fueron juzgados y condenados en el fuero penal de Azul.La misma magistrada ahora, deberá resolver el pedido del Ministerio Público para con un desalojo compulsivo, el cual anticipa una tensión de dimensiones habida cuenta del humor social que impera por este caso y sus protagonistas. Se especula, por caso, que desde el Juzgado se agotarán las instancias de mediación en pos de evitar hechos que generan más violencia de las ya padecidas por propios y extraños.El pedido formalEn tanto este Diario accedió a la solicitud del fiscal para con la medida requerida, que plantea la orden de desalojo contra los integrantes de la Agrupación Social Primero de Octubre, representada por la referente Griselda Altamirano, y de toda otra persona que se encuentre en el lugar, a fin de que -previa intimación- dejen no solo la vereda del Palacio Municipal, sito en Belgrano al 485, sino también la medida se extiende al acampe en la Plaza Independencia.A la hora de fundamentar el requerimiento, el fiscal dio por acreditado que el 13 de diciembre de 2021, mediante el despliegue de una segunda movilización numerosa, integrantes de la agrupación Primero de Octubre, entre otros, “nuevamente arremetieron a través del ejercicio de la violencia contra las instalaciones, edificio municipal, las que para este entonces se encontraban valladas y con personal policial custodiando (medidas que se dispusieron luego de la primera movilización violenta el 6 de diciembre de 2021, en resguardo y prevención de nuevos acontecimientos por parte de este grupo) logrando de esta manera invadir el espacio público de la vereda municipal y de la Plaza Independencia, inmuebles estos de dominio público”.Se alega desde el Ministerio Público que el citado violento accionar despojó &nbsp;del uso y goce normal que se venía ejerciendo sobre los mismos (tanto por parte de la Municipalidad que se encontraba realizando una obra pública en la vereda como por el resto del pueblo que goza del derecho al uso de los bienes públicos del Estado, derecho que es de todo el pueblo y no de un grupo del pueblo)”.A la vez, se subrayó que dicho impedimento a la libre disposición de la propiedad continúa hasta el día de hoy en que los sujetos permanecen en la ocupación.Los hechos descriptos revisten la calificación legal de “Usurpación de Inmueble”, al decir del acusador.A más argumentaciones, se señaló que de lo relatado por el denunciante, particularmente, se advierte la ocupación de vereda municipal y plaza, con descripción de los elementos empleados, las instalaciones colocadas, el estado de tensión y de alerta provocado por la violencia del grupo, que ha llevado a la necesidad de buscar protección mediante el apostamiento de vallados y de personal policial, lo que a “todas luces da cuenta del elevado nivel de violencia e intimidación que infunden los sujetos usurpadores”.&nbsp;A la vez, se puso especial énfasis en cuanto a la ocupación de la vereda municipal, donde además los denunciados obstaculizan el normal desenvolvimiento de la labor pública, dado que la obra, en razón de este despojo de la posesión, ha debido paralizarse, con el consecuente perjuicio económico para el patrimonio del Estado, sumado al riesgo que implica para la seguridad el estado del piso en esas condiciones, de una obra sin terminar, así como también las condiciones del tipo sanitarias.

El fiscal alegó sobre los métodos violentos de la agrupación Primero de Octubre  y exigió el desalojo del acampe

El fiscal alegó sobre los métodos violentos de la agrupación Primero de Octubre  y exigió

Hoy en horas del mediodía se llevará a cabo la audiencia de conciliación donde se busca llegar a un arreglo que evite el desalojo del matrimonio mayor que vive hace 45 años en Patagonia 175. Ante esa inminente instancia de negociación, los vecinos de la cuadra volvieron a apostarse en la puerta de la vivienda manifestando su apoyo hacia la familia, al igual que lo hicieron a fines de junio cuando el desalojo parecía ser un hecho ya que los habían intimado a retirarse el 1 de julio.Cabe recordar que Abel Uranga, quien reside en la vivienda situada en Patagonia 175 con su esposa Cristina Cejas denunció que su hermana lo estafó y busca desalojarlo de la casa que es de su propiedad. A fines de junio vecinos de Patagonia al 100 salieron a expresar públicamente su repudio ante el inminente desalojo por considerar que se trata de algo “injusto”. Sucede que, según denunciaron, la hermana del dueño lo estafó para quitarle la casa que le pertenece y busca dejar a la familia en la calle.&nbsp;Con diversas pancartas en el frente de su propiedad ubicada en Patagonia 175, los vecinos volvieron a expresar su repudio e indignación por la situación que atraviesan Abel Uranga y su esposa Cristina Cejas, y brindaron su apoyo ante la inminente audiencia de conciliación que podría resolver el problema.&nbsp;Cristina Cejas contó que la hermana de su marido en 2008 al morir su suegro comenzó a reclamar la casa donde ellos viven hace 45 años como de su propiedad.“Ella reclama la casa porque la escritura está a nombre de ella, porque cuando el padre sacó el crédito en el banco lo puso a su nombre porque mi marido era menor con la condición de que le hiciera la transferencia a su mayoría de edad. Como en las mejores familias, los años pasaron, y eso no sucedió porque se ve que ella ya tenía en mente hacer esta trastada a su hermano”, lamentó.<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2021/08/desalojo_patagonia17524-08-21(2)._j_p_g.JPG" alt="Desalojo Patagonia 175 24-08-21 (2)"></figure>Cristina Cejas explicó a El Eco de Tandil que &nbsp;“negociaciones no hubo todavía, porque las posibilidades que ofrecimos nunca nos las aceptaron, ni comprar ni tuvimos llamados de ningún tipo. Expectativas son las mismas y pocas, que recapaciten y salga la verdad a la luz, y que reconozcan su error, aunque no lo hagan público, que todo esto los ayude a ver que las cosas que hicieron estuvieron mal”.“Necesitamos saber si nos quedamos acá o nos tenemos que ir, y queremos agradecer al doctor Blanc que nos dio la posibilidad de esta audiencia de conciliación para que entre hermanos puedan llegar a un arreglo”, resaltó.Por su lado, &nbsp;Abel Uranga explicó que la audiencia será vía zoom y cuestionó que “ellos nunca quieren estar cara a cara, mandan al abogado. No se entiende porque dicen que el que no hizo nada malo nada teme”.&nbsp;En tanto, Cristina cejas sostuvo que “se hablará lo que se tenga que hablar y no sé si será la resolución inmediata o habrá que esperar unos días, nosotros ya expusimos la verdad y yo pase lo que pase voy a seguir luchando hasta las últimas consecuencias”.&nbsp;A su vez, la hija del matrimonio Andrea Uranga resaltó que “los vecinos nos conocen de toda la vida que residimos en el barrio por eso están acá. Entonces todos saben de quién es la casa. Me llama la atención como nadie salió a defenderse de todo esto, y tampoco escuchamos a nadie salir en su defensa. Mi abuelo a todos les decía ‘esta casa la hice para el negro’, por eso todos los vecinos saben, por eso nos apoyan”.&nbsp;Por su parte, María Esther Rodríguez, una vecina, explicó que “él tenía 12 años cuando yo vine al barrio, esta situación es una injusticia, es una barbaridad lo que está haciendo, no tiene perdón de Dios esa mujer”. &nbsp;&nbsp;

Hoy se realizará la audiencia por el posible desalojo de una familia y vecinos salieron a dar su apoyo

Tras la nota publicada en El Eco de Tandil sobre el inminente desalojo de un matrimonio mayor de su vivienda situada en Patagonia 175, se calmaron un poco las aguas y la medida quedó en suspenso a la espera de que se lleve adelante una audiencia de conciliación entre las partes a fines de agosto.&nbsp;Cabe recordar que vecinos de Patagonia al 100 salieron a expresar su repudio públicamente por el desalojo de Cristina Cejas y Abel Uranga, un matrimonio mayor que vive en la cuadra hace 45 por considerarlo “injusto”. Con diversas pancartas colocadas en el frente de la propiedad situada en Patagonia 175, los frentistas expresaron su indignación por la situación que atraviesa el matrimonio ya que, según denunciaron, la hermana de Abel Uranga lo estafó e inició acciones legales para desalojarlos de la casa.&nbsp;Cristina Cejas explicó a El Eco de Tandil&nbsp;que si bien se suponía que el 1 de julio se iba a presentar en su vivienda el escribano para llevarse las llaves de la propiedad, tras la nota que publicó este medio donde se veía el contundente apoyo vecinal hacia esta familia, eso finalmente no se llevó a cabo.&nbsp;“Desistieron de venir a buscar la llave porque vieron todo tan alborotado, y se pidió directamente el desalojo, pasaron los días y mi abogado, el doctor Tiscornia, pidió una audiencia de conciliación entre las partes para fines de agosto, que será virtual por la pandemia”, afirmó. Por tal razón, el desalojo por el momento no tiene fecha, a la espera del resultado de ese encuentro.&nbsp;“Nos dio un poco de tranquilidad”“La expectativa es ver si se puede llegar a un arreglo de alquiler de la casa o de compra más allá de que es de mi marido, pero lamentablemente ella tiene el título. Nosotros tenemos todos los testigos y gente que nos conoce y sabe que la casa mi suegro la hizo para mi marido, pero el desalojo ya lo pidió”, afirmó.Y agregó que “intervino el doctor Tiscornia y consiguió que se haga esta audiencia de conciliación para ver qué se puede arreglar. Nos dio un poco de tranquilidad, relativamente, porque hasta que no llegue el momento y ver lo que se habla y lo que se puede llegar a arreglar no vamos a tener una tranquilidad realmente”.“Por lo menos hay una posibilidad de llegar a un arreglo, esto se hace para ver si podemos seguir acá (en la casa) y de qué manera. De la audiencia van a participar solamente las partes y cada cual con su abogado y será a fines de agosto”, indicó.&nbsp;La historia del desalojoA fines de junio vecinos de Patagonia al 100 salieron a expresar públicamente su repudio ante el inminente desalojo de un matrimonio mayor que vive en la cuadra hace 45 años por considerar que se trata de algo “injusto”. Según denunciaron, la hermana del dueño lo estafó para quitarle la casa que le pertenece y busca dejar a la familia en la calle.&nbsp;Con diversas pancartas en el frente de su propiedad ubicada en Patagonia 175, los vecinos expresaron su repudio e indignación por la situación que atraviesan Abel Uranga y su esposa Cristina Cejas, quienes fueron intimados a desalojar la vivienda el 1 de julio. Cerca de 20 frentistas se congregaron en la vivienda con el matrimonio afectado por esta situación para contarle a El Eco de Tandil&nbsp;la compleja situación que atravesaban, ya que si no se encontraba una solución, en pocos días quedarían en la calle.Cristina Cejas contó que la hermana de su marido en 2008 al morir su suegro comenzó a reclamar la casa donde ellos viven hace 45 años como de su propiedad.“Comenzó a reclamar la casa de manera abrupta, mandándome a retirar el medidor, después tuve una agresión por parte del marido de ella en la calle. Ella reclama la casa porque la escritura está a nombre de ella, porque cuando el padre sacó el crédito en el banco lo puso a su nombre porque mi marido era menor con la condición de que le hiciera la transferencia a su mayoría de edad. Como en las mejores familias, los años pasaron, y eso no sucedió porque se ve que ella ya tenía en mente hacer esta trastada a su hermano”, lamentó.A su vez, explicó que “yo tenía un abogado que, en verdad trabajó para ellos, me llevó una carta que no tiene ninguna validez legal y me la hizo contestar con una carta documento. Y de esa forma me hizo perder mi casa porque de esa manera interrumpió el proceso de ley de usucapión, porque con la carta documento le dimos validez a la otra carta”.&nbsp;En la carta (completamente informal) se intimaba a la familia a restituir el inmueble en el plazo de 48 horas.“Nosotros llegamos a este punto porque este abogado no hizo lo que correspondía, actuó de mala fe, yo le pagué, confié en él y lo hizo con total intención, no me quedan dudas”, señaló.A pesar de que apelaron la sentencia, volvió desfavorable para ellos.&nbsp;“Yo estoy pidiendo justicia y que esto se revea de acuerdo a los 45 años que llevamos acá, y el trato de su hermana para con su hermano y su padre, porque se quedó con una escritura que no es de ella, tenemos todos los vecinos de testigos más los testigos que presentamos en la causa que se los desestimó”, indicó.Por su lado, &nbsp;Abel Uranga puntualizó que “la casa era mía, lo que pasa es que ella empezó mintiendo diciendo que compró este terreno cuando no es verdad. Y en segundo lugar, ella como es una delincuente esperó que se muriera mi padre para empezar el juicio porque sabía que si él hubiera estado vivo hubiera dicho que la casa era mía y se terminaba todo”.&nbsp;