El EcoSe conocieron los argumentos del Ministerio Público para pedir el desalojo de lo que considera una usurpación del espacio público. La medida se extiende a la explanada del edificio comunal y la Plaza Independencia. En las próximas horas el Juzgado de Garantías deberá resolver.
Desde la Defensoría oficial se realizó el pedido formal para la activación del protocolo que evite arribar al desalojo compulsivo en la usurpación masiva en La Movediza. El escrito, ya en manos del Juzgado de Garantías, aguarda por una resolución. Tras relevar y entrevistar a los ocupas, los actores judiciales argumentaron sobre la necesidad de congeniar una salida pacífica. Críticas a la inacción estatal para responder a la demanda habitacional.
Tras presentarse el lunes en la sede del poder comunal, los protagonistas de la toma de tierras en La Movediza asistieron ayer a un encuentro con la secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Marcieri, que no aportó novedades en torno a la problemática. El Municipio reafirmó por escrito su posicionamiento y les reiteró a los vecinos que podrán solicitar asistencia una vez que desalojen el predio de Piccirilli al 1000.
Lo expresó el diputado provincial Guillermo Kane, quien acompañó la marcha al Municipio de los vecinos ocupantes.
El sujeto aceptó voluntariamente ir a una pensión de manera temporal, mientras busca un nuevo hogar con la ayuda del Municipio.
Tras la resolución del magistrado, las partes trabajan en el cumplimiento de la aplicación del Protocolo para intentar evitar un desalojo compulsivo, el cual resulta “procedente” al decir del fallo. Por 60 días se cumple una medida cautelar que impide que se sumen más ocupas y que se modifiquen o amplíen las construcciones. Se ordenó una custodia policial en el lugar para dar cumplimiento a la orden judicial.
La Cámara de Azul concedió el recurso de apelación con efecto suspensivo de la resolución dictada por el juez de Garantías José Alberto Moragas, que había dispuesto el 8 de julio como fecha límite para desocupar el predio en litigio. El pedido lo hizo la Defensoría Oficial para seguir trabajando en pos de arribar a soluciones para los grupos más vulnerables.
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El tribunal de Alzada hizo lugar al pedido de la familia Moauro. Declaró inconstitucional la resolución de Nación.
Anoche, hubo un acuerdo que quedó plasmado en un acta. El Estado comunal “recuperó la tenencia del inmueble”.
La mujer vive en una de las 20 casas ubicadas en Quintana y La Pampa. Declaró vivir allí en acuerdo de "comodato" y solicitó al centro que intervenga en el caso.
Fiscalía coordina la modalidad con la Policía. Los vecinos conformaron una comisión y realizan mejoras en las viviendas.
Comenzaron a innovar luego de que la Justicia modifique la cautelar que lo impedía.
