Impulsaron un proyecto que busca transparentar los tiempos de la Justicia bonaerense

La diputada de Nuevos Aires, Viviana Romano, presentó un proyecto de ley con el objetivo de establecer un régimen de transparencia y trazabilidad en los tiempos procesales dentro de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que la ciudadanía pueda consultar información estadística sobre la duración de los procesos, la cantidad de causas pendientes y las etapas donde se registran mayores demoras, sin afectar la independencia del Poder Judicial.

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El proyecto, impulsado por la legisladora oriunda de Berazategui, propone que los datos sean elaborados a partir de los sistemas de gestión ya existentes, bajo los términos que establezca la Suprema Corte de Justicia. La información incluiría indicadores sobre procesos iniciados y concluidos, tiempos promedio de tramitación y expedientes que superan los plazos legales.

“La provincia de Buenos Aires cuenta con herramientas de gestión judicial que permiten registrar las distintas etapas de los expedientes y calcular plazos. El sistema que utiliza la Justicia bonaerense registra los pasos procesales y permite, entre otras cosas, agendar vencimientos y calcular plazos, por lo tanto, existe una capacidad institucional y tecnológica que permite avanzar en una política pública ambiciosa sin necesidad de crear un nuevo sistema”, dijo en la presentación la diputada.

Romano enfatizó que la medición de tiempos no implica una interferencia en la función jurisdiccional ni busca modificar el régimen de enjuiciamiento de magistrados. Por el contrario, la legisladora sostuvo que esta herramienta permitiría identificar cuellos de botella y orientar políticas de gestión. Al respecto, citó como antecedente el programa de oralidad implementado por la Suprema Corte, donde los informes oficiales registraron una disminución del plazo promedio de tramitación de 1.338 a 609 días corridos.

El acceso efectivo a la Justicia no se agota en la posibilidad formal de iniciar un proceso. Una justicia que llega cuando el conflicto, el daño o la necesidad ya se han agravado también puede significar una afectación concreta de derechos

La propuesta establece que los datos deberán presentarse de manera agregada y bajo estricto anonimato, garantizando la confidencialidad de las partes involucradas. La publicación de estos indicadores, según el proyecto, deberá realizarse como mínimo una vez al año para permitir el seguimiento de las tendencias en la prestación del servicio de justicia.

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El Eco de Tandil

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