El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), incrementó en un 25% los principales programas sociales y duplicó la asistencia alimentaria a municipios, en el marco de una serie de medidas orientadas a reforzar la contención social.

La decisión se adoptó en un escenario marcado por el deterioro de los indicadores sociales, la caída del poder adquisitivo y el impacto de las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. Desde la administración provincial señalaron, además, una retracción del acompañamiento financiero por parte del Estado nacional.

En ese contexto, la gestión del gobernador Axel Kicillof avanzó con una recomposición de partidas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria y sostener la cobertura en todo el territorio bonaerense.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, fue el encargado de anunciar las medidas y aseguró que “la Provincia hizo un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria” en un escenario que calificó como crítico.

Refuerzo del Servicio Alimentario Escolar

Como eje central de la política, el Ejecutivo bonaerense incrementó en un 30% la inversión mensual destinada al SAE, que pasó de 41.000 millones de pesos a 54.000 millones. De este modo, el presupuesto anual alcanzó los 553.910 millones de pesos.

El programa garantizó la provisión de desayuno, almuerzo y merienda en escuelas públicas y alcanzó a más de 2.500.000 estudiantes en toda la provincia.

Más asistencia a municipios

En paralelo, se dispuso la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios mediante el refuerzo del Módulo Alimentario Territorial (MATE). La medida buscó fortalecer la respuesta directa en articulación con gobiernos locales y organizaciones comunitarias, ampliando la cobertura frente al aumento de la demanda.

Incremento en programas sociales

Por otra parte, el Gobierno provincial aplicó un aumento del 25% en la inversión de distintos programas sociales. Desde abril se actualizó el financiamiento de las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), los Centros Juveniles y los Centros de Integración Social (CIS).

En tanto, desde mayo se incorporó el mismo incremento para programas como Envión, REUNIR y Barrios Bonaerenses, mientras que desde julio se extendió a políticas destinadas a personas mayores, personas con discapacidad y programas alimentarios específicos como Más Vida, PAAC y PAAI.

Con estos aumentos, la inversión anual en programas y políticas sociales destinadas a los sectores más vulnerables superó los 182.000 millones de pesos.

Las UDI estuvieron orientadas al cuidado y desarrollo de niñas y niños desde los 45 días hasta los 14 años, mientras que los Centros Juveniles brindaron acompañamiento a jóvenes de entre 14 y 29 años. Por su parte, los CIS ofrecieron contención a personas en situación de calle.

Asimismo, se incluyeron iniciativas como Envión, destinada a jóvenes en situación de vulnerabilidad; REUNIR, que financió residencias estudiantiles; y programas dirigidos a personas con discapacidad, que abarcaron hogares, centros de día y dispositivos de inclusión comunitaria.

Reclamo por fondos nacionales

En el anuncio, Larroque también apuntó contra el esquema de financiamiento nacional. Según detalló, la participación de la Nación en la asistencia alimentaria se redujo significativamente en los últimos años.

“Hoy la Nación aporta apenas el 5,7% del total de la inversión en asistencia alimentaria y, en el caso del SAE, su participación cayó al 14,5%, muy lejos del 33% histórico”, afirmó el ministro.

Además, sostuvo que el Estado nacional mantiene una deuda con la Provincia desde 2024 que asciende a 220 mil millones de pesos. En ese sentido, precisó que en 2025 se solicitaron 130 mil millones y se giraron 77 mil millones, mientras que para 2026 se requirieron 177 mil millones y se previeron apenas 80 mil millones, sin cronograma de pago.

Ante ese escenario, desde el Gobierno bonaerense remarcaron que el sostenimiento del sistema alimentario y de asistencia social se realizó con recursos propios, en medio de lo que definieron como una situación de “asfixia financiera”. 

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