Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Sergio Torres, presentaron un proyecto de ley que apunta a obtener la autarquía para administrar sus propios fondos. Al mismo tiempo, reclamaron al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura que se avance en la cobertura de las vacantes pendientes.

Sergio Torres, junto a los otros integrantes del máximo tribunal Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general Julio Conte Grand, brindó un discurso en el que solicitó al gobernador, pero también a diputados y senadores, arbitrar las herramientas necesarias para solucionar los problemas de presupuesto y de nombramiento de cargos que atraviesa la Justicia.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, señaló Sergio Torres al explicar que desde hace seis años funcionan con tres de los siete integrantes que deberían tener.

El titular del tribunal hizo un repaso histórico y remarcó que transcurrieron 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 desde la desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud. Según explicó, la falta de integrantes acarrea inconvenientes en votaciones clave. En este contexto, se busca que antes de la feria judicial de julio se completen los cuatro casilleros restantes mediante un acuerdo político que involucra al oficialismo y a la oposición.

Respecto a la independencia económica, Sergio Torres fue tajante al defender el proyecto denominado Fortalecimiento del Poder Judicial:

“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, afirmó.

El magistrado recordó que el 90 por ciento del presupuesto actual se destina a salarios y advirtió que “no hay independencia real sin autonomía financiera ni servicio de justicia eficaz sin capacidad de gestión”. Si bien destacó el esfuerzo del gobierno de Axel Kicillof para realizar 412 designaciones en 2025, pidió que en 2026 se continúe con esta política para cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes en diversos niveles.

El acto funcionó como una fuerte señal política hacia los otros poderes del Estado y concluyó con la firma del proyecto por parte de los ministros de la Corte junto al Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense.

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