Régimen de alquiler social en Provincia: detalles del proyecto que busca facilitar el acceso a la vivienda

Ante la creciente dificultad que enfrentan miles de familias para acceder a una vivienda, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social bonaerense. La iniciativa, elevada al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, busca aliviar los gastos iniciales que deben afrontar los inquilinos de menores ingresos al momento de concretar un contrato.

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El proyecto establece como destinatarios a quienes accedan a viviendas cuyo alquiler mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas semanales de la Administración Pública Provincial, según la Ley 10.430. A agosto de 2026, dicho monto se fijó en 388.050 pesos.

Para este segmento, la propuesta contempla la eliminación de honorarios de martilleros y corredores públicos por intermediación, los cuales pasarían a ser afrontados por los propietarios, además de los gastos por informes del Registro de la Propiedad Inmueble. Asimismo, se propone revisar el tope de valuación fiscal para la exención del Impuesto de Sellos y establecer mecanismos gratuitos para la certificación de firmas.

El presidente de Martilleros BA, Luis Colao, señaló que la iniciativa busca segmentar la asistencia según las características de los hogares y las regiones. “El objetivo es facilitar el acceso al mercado de alquiler para sectores de menores ingresos mediante un esquema en el que participen el Estado, propietarios y profesionales del sector”, dijo.

La propuesta también incluye un régimen de incentivo y simplificación fiscal para propietarios que incorporen viviendas al mercado locativo, e invita a los municipios a adherir con beneficios en tasas y derechos. Esta medida responde a un contexto de alto endeudamiento, donde, según la Encuesta Nacional Inquilina, el 78,59 por ciento de los hogares inquilinos en la provincia mantiene deudas activas y el 21,5 por ciento debió mudarse por no poder sostener el alquiler.

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