Avanza un proyecto de ley para aplicar millonarias multas a vehículos con escapes libres en la Provincia

El Senado bonaerense se prepara para avanzar en la próxima sesión con un proyecto de ley destinado a combatir los ruidos molestos provocados por autos y motos con modificaciones en sus sistemas de escape. La iniciativa, que podría ser aprobada el 6 de octubre, busca dotar al Estado de herramientas más rigurosas para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio provincial.

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La decisión de tratar este proyecto surgió tras una reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado. La comisión dio el visto bueno por unanimidad a la propuesta impulsada por la legisladora María Emilia Subiza, cuyo objetivo central es “prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en la provincia de Buenos Aires”, con especial énfasis en aquellos rodados que circulan con escapes no autorizados o adulterados.

Impacto en la comunidad

Según detalló la legisladora, el proyecto cuenta con una experiencia previa en San Nicolás y pretende que el Estado bonaerense actúe de manera integral ante una problemática que, según sus palabras, “afecta el sueño de miles de familias, principalmente de poblaciones vulnerables, tales como adultos mayores, y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.

La normativa plantea un abordaje que trasciende a los conductores. El texto incluye sanciones específicas para los comercios que comercialicen este tipo de productos. En caso de que la ley prospere, los comerciantes que infrinjan la norma se enfrentarán a multas de hasta 5.000 Unidades Fijas, lo que equivale actualmente a 11.405.000 pesos.

Además, se contempla el decomiso y la disposición final del caño de escape antirreglamentario, así como la clausura preventiva o temporaria del establecimiento.

Sanciones para conductores

Para los usuarios de motos o autos con escapes libres, la propuesta contempla penas que van desde las 300 hasta las 1.000 Unidades Fijas, lo que representa montos de entre 684.300 y 2.281.000 pesos. 

Asimismo, la ley prevé la inhabilitación para conducir por un periodo de tres meses a un año, sumado a la incautación y compactación final del vehículo, el caño antirreglamentario y los demás elementos que se encuentren en infracción.

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