La Provincia aprobó un nuevo marco regulatorio para el uso de Inteligencia Artificial en el Estado

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un paso fundamental para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en las funciones de la administración pública. A través de la aprobación del Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la IA, se establecieron las reglas que regirán el desarrollo, la implementación y la utilización de estas tecnologías en todos los organismos bonaerenses.

La normativa designa al Ministerio de Gobierno, mediante la Subsecretaría de Gobierno Digital, como la autoridad de aplicación. Entre sus funciones principales, este organismo tendrá la responsabilidad de crear un registro obligatorio de los sistemas de IA utilizados por el Estado. El decreto tiene como objetivo consolidar una estrategia integral que permita mejorar la eficiencia, la calidad, la accesibilidad y la transparencia de los servicios estatales, promoviendo al mismo tiempo la soberanía tecnológica y la innovación pública.

Alcance y principios fundamentales

Este nuevo marco es de aplicación obligatoria para la administración central, los organismos descentralizados y las entidades autárquicas de la provincia. Asimismo, la norma invita a los municipios bonaerenses a adherir de manera voluntaria a los principios y lineamientos establecidos.

Entre los ejes centrales del régimen se destacan la protección de los derechos fundamentales, la supervisión humana en la toma de decisiones, la transparencia y trazabilidad de los sistemas, la seguridad de la información, la protección de datos personales, la no discriminación, la interoperabilidad tecnológica y la rendición de cuentas.

Supervisión y gobernanza

La normativa dispone que cualquier desarrollo, contratación, implementación, uso o renovación de sistemas de inteligencia artificial deberá contar con la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital, incluso en iniciativas financiadas con recursos externos. Este organismo tendrá facultades para homologar soluciones, elaborar protocolos, fijar estándares técnicos y evaluar los riesgos asociados.

Como parte del esquema de gobernanza, se conformará un Registro de Inteligencia Artificial donde los organismos deberán informar los sistemas que utilizan o desarrollan. Además, se prevé la creación de un Consejo Asesor interdisciplinario y multisectorial, integrado por especialistas y universidades, con funciones consultivas para analizar riesgos y proponer buenas prácticas.

Finalmente, la autoridad de aplicación deberá impulsar mecanismos de evaluación de impacto que consideren efectos sobre los derechos fundamentales, la calidad de los servicios públicos, la presencia de sesgos en los algoritmos, las condiciones laborales, la necesidad de mantener supervisión humana y el impacto ambiental derivado del funcionamiento de estos sistemas.

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