En un nuevo capítulo judicial clave para el Estado argentino, la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió este lunes suspender todas las apelaciones en el juicio por la nacionalización de YPF, en una resolución que introduce un compás de espera en una de las causas más relevantes para las finanzas públicas del país.

La medida se alinea con la resolución dictada a fines de marzo, que dejó sin efecto la condena original que obligaba a la República Argentina a pagar unos 16.000 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park. De esta manera, el tribunal ratificó el freno a los procesos judiciales hasta que la sentencia principal quede firme.

Como consecuencia directa de esta decisión, fue cancelada la audiencia prevista para el jueves 16 de abril, en la que las partes debían avanzar con el tratamiento de los recursos de apelación presentados en el expediente.

El escenario actual representa un alivio tanto financiero como estratégico para el Gobierno nacional. Cabe recordar que el fallo de segunda instancia emitido el mes pasado revirtió la sentencia de la jueza de primera instancia, Loretta Preska, quien en 2023 había determinado que la Argentina debía indemnizar a los fondos privados por la forma en que se concretó la expropiación de la petrolera en 2012.

Aquella resolución había fijado una cifra de enorme impacto para las arcas públicas, generando preocupación en el plano económico y político. Sin embargo, el reciente giro judicial modificó sustancialmente el panorama.

Con esta nueva disposición, la Justicia estadounidense consolida la posición de la defensa argentina y posterga cualquier avance de los demandantes mientras se afianza la decisión de fondo que anuló el pago multimillonario.

Por el momento, la causa ingresa en una etapa de relativa quietud procesal, otorgando previsibilidad al Estado frente a un litigio que el oficialismo calificó recientemente como un “hecho de trascendencia histórica”.

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