La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, luego de que la propia firma solicitara la medida tras años de crisis financiera y el fracaso del concurso preventivo de acreedores iniciado el año pasado. Con una deuda acumulada de 120 millones de dólares, el juez Marcelo Gelcich determinó la quiebra indirecta por la imposibilidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones.

En su sentencia, el magistrado señaló que la compañía no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurando un cuadro de insolvencia estructural que no puede ser revertido mediante las herramientas del proceso preventivo. Según el documento judicial, la firma arrastra una deuda impositiva y previsional superior a los 6.000 millones de pesos, a lo que se suman más de 12.000 millones de pesos en salarios adeudados y aportes a obras sociales y sindicatos.

La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron que la cooperativa adeuda ocho meses de sueldos más aguinaldos a sus operarios. El sindicato afirmó que la firma se ha sostenido con el patrimonio de los trabajadores, quienes han debido recurrir al fondo solidario de la entidad gremial para subsistir ante la falta de pagos.

El fallo también reveló que la tasa de generación de nuevo pasivo se estima en aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales, una cifra que la actividad ordinaria no logra absorber. Actualmente, las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad. Mientras que la planta de Sunchales se encuentra mayormente ociosa, la de San Guillermo está paralizada desde diciembre de 2025. Solo los establecimientos de Devoto y La Carlota operan cerca de su capacidad, aunque bajo una estructura de costos que las mantiene en déficit.

A pesar de la declaración de quiebra, el juez dispuso que la empresa continúe operando de forma provisoria para evitar un perjuicio mayor a los 914 trabajadores en relación de dependencia y a los acreedores en general. No obstante, se ordenó la presentación de un plan de liquidación de activos que maximice el recupero y se prohibió la asunción de nuevos pasivos durante esta etapa.

La caída de este emblema del agro argentino se refleja en sus cifras históricas: en 2017, la firma contaba con 4.000 empleados y procesaba cuatro millones de litros de leche diarios. Hoy, ese volumen se redujo a apenas 500.000 litros, marcando el final de un proceso de reestructuración que no logró salvar a la histórica cooperativa.