La UCA advirtió que el 46% de los hogares con adultos mayores tiene ingresos insuficientes
El porcentaje alcanzó el nivel más alto desde 2017 y creció cinco puntos respecto del período 2022-2023. Además, aumentaron la inseguridad alimentaria y las dificultades para acceder a medicamentos y consultas médicas.
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La situación económica de los adultos mayores muestra señales de un fuerte deterioro en Argentina. El 46% de los hogares integrados por personas de 60 años o más atravesó problemas de ingresos insuficientes durante 2024 y 2025, según un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El trabajo, denominado “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”, indicó que se trata del porcentaje más elevado de la serie iniciada en 2017 y representa un incremento de cinco puntos porcentuales frente al bienio 2022-2023.
Las dificultades son considerablemente mayores entre quienes se encuentran en los sectores socioeconómicos más vulnerables. En el estrato considerado “muy bajo”, el 71,1% de los hogares registró ingresos insuficientes, mientras que en el sector bajo la proporción llegó al 55,2%.
Otro de los indicadores que encendió las alarmas fue la inseguridad alimentaria entre las personas mayores. El problema alcanzaba al 12,3% entre 2017 y 2019, pero trepó hasta el 18,4% durante 2024 y 2025.
Nuevamente, la situación presenta fuertes diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico. Mientras que la inseguridad alimentaria alcanza apenas al 1,1% de los adultos mayores pertenecientes al estrato medio alto, entre los sectores de menores recursos llega al 39,1%. De esta manera, el riesgo resulta unas 35 veces mayor entre quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Las restricciones económicas también comenzaron a afectar el cumplimiento de obligaciones básicas. De acuerdo con el relevamiento, el 21,3% de los hogares con adultos mayores tuvo que dejar de pagar algún servicio público por falta de dinero. Entre los sectores de menor poder adquisitivo, esa proporción se eleva hasta el 39,4%.
En paralelo, el informe registró una reducción de la cobertura estatal mediante programas de transferencias económicas o asistencia alimentaria. Durante la pandemia había alcanzado al 30% de los hogares analizados, mientras que actualmente se ubica en el 26,8%. Incluso entre el estrato socioeconómico más afectado, la asistencia alcanza al 42,4%.
Las dificultades también aparecen en las condiciones habitacionales. El 11,8% de las personas mayores vive en viviendas con deficiencias estructurales, una proporción que alcanza el 27,5% entre los sectores más vulnerables.
A su vez, el 25,2% de los adultos mayores presenta carencias relacionadas con el acceso a servicios como agua corriente, gas o saneamiento, problemática que alcanza a cerca de la mitad de los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo.
Uno de los datos más preocupantes está relacionado con la salud. El 35,2% de los hogares postergó o directamente suspendió consultas médicas o la compra de medicamentos debido a problemas económicos, el porcentaje más alto registrado en la serie y casi diez puntos superior al período anterior.
La problemática vuelve a profundizarse en los hogares de menores ingresos, donde el 55% tuvo dificultades para afrontar gastos vinculados con la atención sanitaria o los medicamentos.
Finalmente, el estudio analizó la utilización del Pami durante 2025. El 74% de sus afiliados recurrió a la obra social para recibir atención médica y el 70% para acceder a medicamentos.
En cuanto a la evaluación del servicio, el 61,7% calificó positivamente la atención médica, mientras que la aprobación de la cobertura de medicamentos se ubicó por debajo del 50%. Las opiniones fueron todavía más críticas entre los adultos mayores pertenecientes a los sectores de menores recursos.
Los resultados trazan así un escenario de creciente vulnerabilidad económica y social entre las personas mayores, con dificultades que ya no se limitan a los ingresos y repercuten directamente sobre aspectos esenciales de la vida cotidiana, como la alimentación, la vivienda, los servicios básicos y el acceso a la salud.
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