El debate por la reforma laboral volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional y también tuvo su análisis local. En diálogo con La Mañana, por El Eco Multimedios, el contador Gustavo Símaro aseguró que el cambio de legislación “es necesario, aunque no suficiente”, y remarcó que las normas vigentes no lograron reducir la desocupación ni la informalidad.

Según explicó, la Argentina tiene un 7,6%  de desocupación y cerca de un 40% de trabajadores no registrados, cifras que se mantienen desde hace años. “Esto demuestra que las leyes actuales no ayudaron. Si funcionaran, no tendríamos estos números”, afirmó.

“La realidad es que esta ley no funciona más”, sostuvo Símaro, y agregó que los cambios tecnológicos y culturales en el mundo del trabajo tampoco fueron incorporados de manera adecuada en los convenios colectivos.

El impacto en los trabajadores

Frente a las críticas de los gremios, Símaro negó que la reforma implique una pérdida de derechos para los empleados. “Desde mi mirada no hay una afectación directa a los trabajadores”, señaló, y puso el foco en la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Explicó que la mayoría de las empresas del país son pymes, muchas de ellas con estructuras muy reducidas y con altos niveles de incertidumbre. En ese contexto, destacó que la reforma permitiría formalizar prácticas que ya existen, como el fraccionamiento de las vacaciones o la redistribución de la jornada laboral, siempre que haya acuerdo entre las partes.

“No es compulsivo, todo es por acuerdo. Si se trabaja más allá de la jornada, la hora extra se sigue pagando”, aclaró.

También defendió la posibilidad de avanzar hacia convenios por empresa, al considerar que no puede aplicarse el mismo esquema a una firma con tres empleados que a otra con cientos o miles de trabajadores.

Indemnizaciones y previsibilidad

Uno de los puntos más discutidos es el régimen de indemnizaciones. Símaro explicó que la reforma busca dar claridad jurídica, ya que actualmente existen fallos judiciales contradictorios.

Detalló que la base de cálculo seguirá siendo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, pero se excluirán el sueldo anual complementario proporcional y los premios o bonos no mensuales.

“Hoy muchas empresas dejan de pagar bonos por el riesgo de que después se incluyan en una indemnización. Eso termina perjudicando al trabajador”, afirmó.

Además, señaló que se fija un criterio único de actualización de los juicios laborales: IPC más un 3% anual, lo que evitaría situaciones extremas que, en algunos casos, llevaron a pymes al cierre.

El fondo de asistencia laboral

Símaro también se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que prevé una contribución mensual del 3 por ciento del salario a cargo del empleador. Indicó que funcionaría como respaldo ante eventuales despidos y permitiría canalizar recursos hacia el mercado de capitales.

Aclaró que parte de ese aporte surgiría de una baja en las cargas sociales, aunque reconoció que el margen es limitado debido a la situación del sistema jubilatorio y de las obras sociales.

“La solución de fondo es ampliar la masa de aportantes y que haya más gente trabajando”, afirmó.

Servicios esenciales y accionar sindical

Otro eje de la reforma tiene que ver con el accionar sindical. Simaro explicó que se establecen coberturas mínimas obligatorias en caso de medidas de fuerza: 75% en servicios esenciales y 50% en actividades de importancia trascendental, como transporte, industria alimenticia, banca, hotelería, siderurgia y medios de comunicación.

También destacó que los bloqueos sindicales quedarían expresamente prohibidos, al considerarse infracciones muy graves, y que las asambleas no podrán afectar el normal desarrollo de las actividades.

Impuestos e incentivos a la inversión

En el plano tributario, Símaro señaló que la reforma incluye bajas impositivas, como la eliminación de impuestos internos a la telefonía, los seguros y algunos bienes, y reducciones en el impuesto a las ganancias para pymes.

“Puede parecer poco, pero para una pyme un 3 o 4% es importante”, indicó.

Además, mencionó la creación del Régimen de Incentivo a la Inversión para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Rimi), que contempla beneficios en ganancias e IVA para inversiones productivas.

Una reforma necesaria, pero no suficiente

Sobre el cierre, Símaro sostuvo que la reforma debería contar con un amplio respaldo, aunque reconoció que el proceso legislativo implicará negociaciones y posibles cambios.

“Está demostrado que con la ley actual esto no funcionó. Esta reforma es necesaria, aunque no suficiente”, afirmó, y remarcó que también se necesitan menos burocracia y menores costos administrativos para fomentar el empleo y la inversión.

Finalmente, consideró legítimas las manifestaciones sindicales, siempre que no se afecte el derecho a trabajar, y pidió que el debate se dé con responsabilidad institucional. “La gente ya eligió un modelo. Ahora hay que dejar funcionar a las instituciones”, concluyó.

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