El 80 por ciento de la motos secuestradas queda en el corralón municipal
El director de Control Urbano Vehicular, Walter Villarruel, habló sobre el proyecto de ley que en la provincia busca frenar los robos de motochorros. Informó que la dependencia se trasladará al inmueble donde funcionaba la Escuela de Idiomas y que reubicarán las motos que se acopian en calle Belgrano. “De cada diez motos secuestradas, sólo dos son reclamadas por sus dueños”, dijo el titular de tránsito.
En un nuevo intento por frenar los robos de motochorros, la Legislatura bonaerense dio media sanción a un proyecto que busca restringir la circulación de dos personas por moto y obliga a llevar impresos los números de patente en cascos y chalecos.
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Estas exigencias serán de cumplimiento en las nuevas “zonas de exclusión” que se determinarán en función de la reiteración de las estadísticas de delitos.
La iniciativa, que fue aprobada en Diputados, es una reforma al Código de Tránsito bonaerense (Ley 13.927) para hacer obligatorio el uso de un chaleco identificador reflectante en el conductor y en el acompañante, y también la identificación de la patente de la moto en el casco de ambos ocupantes.
Prevé además la prohibición de circular de a dos en sectores puntuales de los centros urbanos, en algunas franjas horarias. Para eso, cada municipio deberá entregar –en un plazo de 45 días- un mapa con los sitios donde se restringirá esta variante de transporte.
El proyecto de ley incluye una cláusula para los expendedores de combustible que determina que no podrán vender nafta a quienes no cumplan con los requisitos que establece la norma.
Si bien existieron antecedente para combatir esta modalidad de delito, las limitaciones nunca se aplicaron ya que la reglamentación estuvo enmarcada en la declaración de emergencia en seguridad luego de que, en 2014, el gobernador Daniel Scioli decretara la medida.
Tandil fue uno de los distritos que por aquel entonces no adhirió a la implementación y mantuvo entre sus más férreos opositores a los integrantes de agrupaciones de motociclistas que se manifestaron en las calles de la ciudad.
Ante la posibilidad de que la normativa sea apoyada por el senado bonaerense, El Eco Multimedios consultó a Walter Villarruel, director de Control Urbano Vehicular.
“Esto es similar a lo que se quiso hacer antes que no tuvo mucho resultado, pero si ahora queda estipulado por ley, entiendo que debería aplicarse”, estimó el funcionario.
En cuanto a la injerencia de los motochorros en Tandil, especificó que el control se da por parte de policía “aunque muchas veces, si en los operativos advertimos algo irregular, cruzamos datos para ver si hay antecedentes sobre esa moto y conocer si estuvo involucrada en algún episodio delictivo”.
Sobre el proyecto de ley, sostuvo que “estaremos atentos para saber cómo queda establecida la normativa pero cabe recordar que los chalecos y la vinculación de la patente al casco ya existe para aquellos que transiten por rutas”.
Traslado de la dependencia
Luego de conocerse que el nuevo proyecto para el edificio de Operaciones Inteligentes para la Secretaría de Protección Ciudadana será construido en Belgrano 920, predio donde actualmente radica la Dirección de Control Urbano Vehicular, Villarruel confirmó que la dependencia a su cargo será trasladada al inmueble de Sarmiento al 900, donde funcionaba la Escuela de Idiomas municipal.
“Nosotros ya estamos en pleno proceso de acondicionamiento del edificio de calle Sarmiento, y en el corto plazo debemos ubicarnos allí, teniendo en cuenta que el pliego licitatorio se abre el 21 de marzo”, señaló el funcionario.
Por otra parte, aclaró que en dicho espacio funcionarán las oficinas administrativas de su área y las motos secuestradas que están acopiadas en la dependencia serán trasladarlas a la cava de Cerro Leones, previa autorización del juzgado “porque son vehículos que están desde el año 2009 pero aún tienen dueño y causa abierta”.
Más de 2300 motos
El director de Control Urbano Vehicular informó además que muchas de las motos secuestradas no son retiradas debido al alto costo que implica recuperar el vehículo luego de tramitar la infracción.
En este sentido, explicó que “hoy por hoy, por más que la multa no sea tan abultada como en otras oportunidades, la situación económica hace que la gente priorice otras cosas y de diez motos secuestradas en promedio, se están retirando dos”.
“Una infracción puede costar tanto o más que el valor de la moto y a la gente se le hace imposible retirarlas, máxime si se le imputan otras cuestiones legales”, aseguró.
En cuanto a la cantidad de este tipo de rodados acopiados en el galpón de calle Santamarina como las que se encuentran en la dependencia de tránsito, Villarruel indicó que la sumatoria supera las 2300 unidades.
“Si uno saca un porcentaje, en estos últimos años, el 70 u 80 por ciento de las motos que se secuestran queda en el corralón”, estimó.
