Toma de tierras
El Municipio se posicionó en contra de la reubicación de los ocupas de La Movediza en otro predio
Mientras la mesa de gestión trabaja para garantizar soluciones habitacionales a los grupos más vulnerables, la secretaria de Desarrollo Humano de Tandil, Alejandra Marcieri, ratificó que no van a acompañar esa política. Si hay tierras estatales disponibles, la funcionaria consideró que “tienen que estar en un plano de igualdad para todo aquel tandilense que tiene necesidad". Sostuvo que los ocupas realizaron modificaciones en el acampe de Piccirilli al 1000 pese a la prohibición judicial de efectuar cambios.
Luego de que vecinos de la zona evidenciaran que días atrás ingresaron vehículos con materiales para continuar construyendo en el predio de La Movediza ubicado en Piccirilli al 1000 que fue usurpado, la titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil, Alejandra Marcieri, dio detalles acerca de la actual situación que se vive en el barrio.
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“Estamos en conocimiento de lo que ha ocurrido. Los vecinos se han acercado al Municipio a comentar la situación, lo que están viviendo a partir de la usurpación de los lotes”, comenzó relatando Marcieri en La Mañana de El Eco.
De acuerdo a lo expuesto por la secretaria de Desarrollo Humano, los integrantes de la toma habrían mejorado algunas construcciones y habrían creado espacios comunitarios. Vale reseñar que la resolución del juez de Garantías José Alberto Moragas, en respuesta al pedido de desalojo del fiscal Luis Piotti, se vence el 8 de julio y, entre otras cosas, impide las innovaciones en el predio. Es decir, los ocupantes tienen dos semanas más para retirarse voluntariamente del macizo en disputa, antes de proceder a la expulsión compulsiva con uso de la fuerza policial.
“Esto nos excede, hay una orden judicial”, sostuvo y agregó: “Debería haber presencia policial continua para ver si se está dando o no la situación. Desconozco cómo es el caso, pero las veces que los vecinos detectaron una irregularidad, se los invitó a que se acercaran a la Fiscalía a llevar el material”.
En lo que refiere a la toma en sí, Marcieri contó que ya no son dos grupos los que la integran sino que ahora son tres los que lograron identificar. Según manifestó, uno de ellos está integrado por 26 individuos que no están nucleados en ningún grupo familiar; otro es el que está más organizado y está armando el espacio comunitario; y el restante se dedica a cuidar el predio.
“Uno de esos grupos está fuertemente acompañado por organizaciones sociales, organizaciones políticas”, contó y aclaró: “No sé si es el que lidera Griselda (Altamirano), pero se presentan como un movimiento social organizado”.
Contra la reubicación
Además, la funcionaria se refirió a los resultados de la última reunión que llevó adelante este jueves la mesa de trabajo que busca darle una salida pacífica al conflicto y ofrecer soluciones a las familias más vulneradas.
En este marco, el Municipio volvió a diferenciarse de los demás organismos judiciales y provinciales que abogan por una relocalización, y clarificó la postura del Ejecutivo. “En el último encuentro se puso sobre la mesa el trabajo de la relocalización para buscar predios o convenios urbanísticos, o espacios provinciales para la reubicación de las personas. No vamos a acompañar porque consideramos que no corresponde”, dictaminó Marcieri.
En tal sentido, consideró que si hay tierras disponibles del Estado nacional, provincial o municipal “tienen que estar en un plano de igualdad para todo aquel tandilense que tiene necesidad y que se encuentra en el registro de demanda habitacional”.
En tanto, redobló la apuesta y responsabilizó al Gobierno bonaerense por sostener la decisión de ofrecer respuestas habitacionales a algunos grupos participantes de la toma. En esa línea, enfatizó que “si es la decisión política de Provincia es esa, que no sigan buscando porque tenemos más de 700 lotes en Sans Souci con indicadores, que se los den y que les den explicaciones a la comunidad de por qué se toma esa determinación”.
“Somos un espacio municipal trabajando con muchas instituciones que tienen una mirada que no compartimos”, refirió.
Un tiempo de gracia que se agota
Por otra parte, el posicionamiento de la comuna se mantiene firme: los ocupantes del predio serán evaluados por Desarrollo Humano luego de desalojar el lugar. En contrapartida, este posicionamiento fue cuestionado por la Defensoría Oficial y por otros integrantes de la mesa de relevamiento, por no ser propositivo y vincular una eventual ayuda al desalojo, en lugar de ofrecer soluciones encuadradas en el marco de actuación -Protocolo de la Suprema Corte provincial- que se activó antes de proceder al desalojo compulsivo.
En febrero, tras la denuncia del ciudadano que se presentó ante la Justicia como el dueño de las tierras, se tramitó una causa penal por “Usurpación” en la UFI 3 y el Poder Judicial inició una serie de acciones legales tendientes a desactivar el conflicto, que incluyó la convocatoria de instituciones como la Unicen, las Defensorías del Pueblo, la Defensoría Penal, organismos provinciales y demás actores, para efectuar un informe acerca de las condiciones obrantes en la toma.
El compás de negociación se abrió a mediados de marzo y a mediados de mayo, el fiscal Piotti dio por agotadas las instancias del Protocolo y solicitó al Juzgado de Garantías la desocupación del espacio. Seguidamente, el juez José Alberto Moragas hizo lugar al pedido y ordenó la expulsión por la vía policial de los acampantes si en 45 días no abandonan el predio por sus propios medios. Las fecha límite es el 8 de julio, pero las familias exigen una solución previa para que “no los vuelvan a dejar en la calle”.
En torno a la implementación del Protocolo, cabe recordar que el Municipio decidió exponer sus propias conclusiones sobre el censo realizado por diversas instituciones el 17 de abril pasado y efectuó una valoración diferente de la situación de vulnerabilidad de los distintos grupos presentes en el acampe masivo.