En una publicación realizada desde su cuenta de X y titulada “Apuntando a la escasez de los bonos soberanos”, el presidente Javier Milei confirmó a los inversores que se pagarán los intereses de la deuda y que se harán frente el pago con organismos multilaterales “con liquidación de activos del Estado”.

De acuerdo a estimaciones oficiales publicadas por medios nacionales, el Estado Nacional debe pagar USD 5.145 millones a los organismos multilaterales (sin contar al Fondo Monetario Internacional) en el consolidado del 2026, mientras que recibirá desembolsos por un total de USD 3.328 millones. El neto, es decir, los pagos (contando amortizaciones e intereses o cargos) menos la entrada de fondos, es de USD 1.817 millones.

El FMI debe recibir pagos por USD 4.249 millones a lo largo del 2026, mientras que desembolsará USD 2.478 millones. Si se le suma el cálculo con los otros organismos internacionales, el neto que debe poner el Estado Nacional es de USD 3.588 millones.

Hay dos métodos principales que el Gobierno tiene para liquidar activos del Estado a los fines de incrementar la capacidad de pago sin alterar previsiones presupuestarias. Una de ellas son las privatizaciones y concesiones de empresas públicas, mientras que también existe la posibilidad de vender bienes inmuebles y muebles a través de las subastas públicas que realiza la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La Agencia de Administración de Bienes del Estado que comanda Tania Yedro ya vendió 10 inmuebles que estaban en poder de organismos públicos y recaudó USD 214,7 millones. A estos 10 inmuebles se suman otros 12 próximos a ser rematados por otros USD 44,6 millones.

En total, el Estado planea vender otras 150 propiedades en subastas futuras, que aún no tienen precio base. En el organismo reconocen que no hay un número claro. “Todos los bienes los tasa el Tribunal de Tasaciones de la Nación a medida que se pone la fecha estimada de subasta”, afirmaron.

Tandil

El gobierno de Javier Milei, a través del AABE, mantiene con expectativa futura (sin plazo definido), la subasta del predio de 3.596.516,25 m² ubicado el Cuartel X del partido de Tandil, precisamente, en un amplio predio que está camino a la Base Aérea y donde funcionó, durante la última dictadura cívico militar el Centro Clandestino de Detención conocido como "La Huerta".

El predio pasó a estar como subasta futura de la AABE durante los primeros meses de gestión del presidente Milei y desató sorpresa en el ámbito local. Es que en junio de 2019 se llevó a cabo la rúbrica de la carta de intención entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Municipio y la Unicen, que oficializaba el compromiso de transferencia de tierras de propiedad nacional al Estado local, algo que nunca se efectivizó.

La cesión de las tierras implicaba un desembolso económico por parte de la Universidad y el Municipio, que deberían abonar una suma menor a la que contemplaría una tasación a valor de mercado real. Para solventarlo, el Ejecutivo iba a desprenderse de otros activos que posee.

La adquisición de ese campo, de acuerdo a lo diseñado por las autoridades municipales y de la universidad, permitirá la concreción del Polo Logístico que el Ejecutivo supo fogonear (80 hectáreas), y de una chacra experimental para la Facultad de Ciencias Veterinarias (110 hectáreas).

El mentado Polo, en tanto, incluye una playa de estacionamiento de camiones como cuestión urgente a resolver por un tema de seguridad vial; un polo agroquímico; y un centro de distribución de cargas, además de la chacra que corresponde a la Facultad de Ciencias Veterinarias.

A fines de ese año, una medida cautelar emitida por el juez federal Martín Bava para restringir las intervenciones  en el campo conocido como “La Huerta" -por tratarse de un sitio de interés judicial para investigar delitos de lesa humanidad-, frenó los proyectos del Polo Logístico municipal y la Chacra Experimental de la Unicen que se planeaban en el lugar.

Desde esa fecha a la actualidad, no se avanzó en el orden judicial y los cambios de gobierno, implicaron que el AABE haya recuperado el control de esas tierras y ahora las ofrezca como "subasta futura".

Privatizaciones

El Gobierno inició el 2026 con el anuncio de que había recibido u$s 700 millones por el proceso de privatización del control de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, que son los complejos hidroeléctricos del Comahue.

La privatización de las cuatro centrales fue clave para que el Ejecutivo complete el paquete de dólares con que por esos días terminó un pago de USD 4.214 millones del pago de vencimientos de capital e intereses y devolvió también los más de USD 2.500 millones que había llegado a usar el canje de monedas que el Banco Central había tenido, en octubre, con el Tesoro de los Estados Unidos.

El Gobierno tiene tres privatizaciones que pueden tener resultados concretos en los próximos meses. Dos de ellas responden a privatizaciones de las empresas públicas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y Belgrano Cargas y Logística.

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El Eco de Tandil

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