La Facultad de Ingeniería audita las 23 obras de urbanización que se realizan en Provincia

"No es una obra de ingeniería tradicional”, aclaró Fabián Irassar, mientras hacía un mapeo mental de los 23 barrios populares que la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO) debe auditar. El agua potable encabeza el listado de prioridades pero las conexiones de luz y cloacas también son una constante dentro del plan de urbanización que el Gobierno nacional lleva adelante en todo el país. La Unicen, a través de la Facultad de Ingeniería, es la encargada de controlar los trabajos de infraestructura que se realizan en la provincia de Buenos Aires.

“Es un gran desafío”, asumió el exdecano de la FIO y referente del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, con voz activa dentro del programa que promueve la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU). La propuesta es financiada por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso público administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), al que se le suman aportes del Tesoro y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La SISU se creó para llevar adelante la ejecución del plan de integración socio urbana para combatir el déficit habitacional y las condiciones precarias en la que viven 5 millones de personas en todo el país. Su objetivo principal es el desarrollo humano integral de quienes habitan asentamientos populares en situaciones de vulnerabilidad.

El trabajo se hace junto con municipios, provincias y organizaciones sociales distribuidas en todo el territorio argentino. Articula con más de 101 organizaciones nacionales, 24 provincias y más de 204 municipios, que son los que presentan los proyectos.

Una vez aprobados los proyectos, las unidades ejecutoras llevan adelante las obras con el seguimiento de un equipo de arquitectura de la SISU y el monitoreo de un auditor externo designado por una universidad o colegio profesional. En este caso, la FIO-Unicen tiene injerencia en el ámbito bonaerense.

Más servicios, más derechos

El objetivo es financiar proyectos de integración socio urbana para los asentamientos precarios que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y la creación de lotes con servicios.

El costeo de estas obras garantiza el acceso a los servicios básicos, mejora y amplía el equipamiento social e infraestructura y propone otro abordaje de los espacios públicos, a la vez que promueve la accesibilidad, conectividad y mitigación de riesgos ambientales. Todas esas acciones deben ser integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.

“Hay de todo: obras de cordón cuneta, veredas, cloacas, agua potable, plazas, conexión segura de luz eléctrica, espacios verdes”, describió el ingeniero Fabián Irassar que supervisa barrios en toda la geografía bonaerense, desde el sur del conurbano hasta Carmen de Patagones.

“Estamos auditando obras en Mar del Plata, Bahía Blanca, Azul, Tandil, 25 de Mayo, Villarino y Necochea, y entre otros municipios. Son 23 proyectos en total”, precisó el profesional que hace las verificaciones junto con los profesores Fabio Arrignon, Mario Alonso y Néstor Ferreyra, y diez graduados.

Bajo control

El seguimiento y la evaluación es “muy particular” porque no sólo “incluye la intervención dentro de la vivienda”. Es decir, “se garantiza el acceso al agua potable, pero incluso se instala el tanque de agua con una torre de soporte si la vivienda no resiste el peso de ese tanque”, graficó Irassar.

“Son propuestas que hacen los municipios o las organizaciones barriales con el municipio a la SISU, que va financiando esas intervenciones en función de los proyectos y nosotros los auditamos”, agregó el profesional.

Cada obra tiene su curva de ejecución y sus etapas de desembolso. “Lo que auditamos es el uso de los fondos del fideicomiso estatal, si se usan y cómo se usan”, explicó Irassar.

“Además de la calidad institucional está la solvencia de atender con nuestros cuadros de docentes y graduados”, apuntalando no sólo cuestiones técnicas sino que “también auditamos el tipo de contratos que tiene cada cooperativa, cuántas mujeres trabajan, cuántas personas están con los elementos de protección personal”, señaló Irassar.

Son experiencias profesionales y académicas que también generan otros aprendizajes. Fabián Irassar destacó, por ejemplo, la capacidad de autogestión que tiene la cooperativa de mujeres en Azul. “Agarran la pala y van para adelante. Hacen todo y ya están terminando la obra”, valoró el ingeniero, tras confirmar que ese será uno de los primeros proyectos auditados de la provincia en certificar al ciento por ciento tras redefinir el paisaje barrial sin tener que colgarse de la luz ni acarrear baldes de 5 litros de agua, sumándole dignidad a su entorno cotidiano.