La Usina alertó sobre los “enormes perjuicios” y apuntó contra Nación y Provincia

A poco de cumplirse un mes de conocerse la decisión de archivar la causa penal por la toma en La Movediza, la Usina Popular y Municipal de Tandil envió una nota al Juzgado de Garantías 1 en la que expuso las consecuencias que, a su entender, dejó el conflicto por la ocupación del terreno ubicado entre las calles Salta, Chapeaurouge, Misiones y Piccirilli.

El escrito al que accedió El Eco de Tandil, firmado por el presidente y el secretario de la empresa de capitales mixtos Oscar Teruggi y Javier Manuel Viera respectivamente, fue remitido luego del levantamiento de la medida que impedía nuevas conexiones eléctricas en el lugar.

En el documento, la distribuidora describió que, tras la resolución judicial, mantuvo reuniones con representantes de las familias ocupantes para explicar los requisitos que exige el reglamento para el suministro. Sin embargo, advirtió que las condiciones catastrales y de subdivisión del predio no se cumplen, lo que impidió habilitar el servicio de manera formal.

Asimismo, apuntó a las conexiones clandestinas que otorgaron energía a las familias que ocupan el predio desde febrero de 2023 y alertó sobre los tendidos precarios y el “alto riesgo” que generan para quienes habitan el lugar y para los vecinos que cuentan con el servicio regular.

Incluso, estimó que el consumo no registrado asciende a 13.200 kWh mensuales, equivalentes a alrededor de un millón de pesos, y que estas condiciones también generaron daños en la infraestructura eléctrica.

Sin mayores análisis sobre lo sucedido durante el proceso, la empresa ratificó su preocupación por la situación y advirtió que las consecuencias de este escenario, así como las que pudieran presentarse a futuro, están directamente vinculadas a las responsabilidades de los distintos niveles del Estado.

En ese sentido, responsabilizó al Gobierno nacional por haber respaldado la ocupación a partir de decisiones –o la falta de ellas– de organismos como la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y el Renabap, que reconocieron el lugar como “barrio popular”. También apuntó a la Provincia de Buenos Aires, por su inacción y cuestionó la “ineficacia” del servicio de justicia para revertir la situación.

Primeras consideraciones

La nota señala que el 3 de julio de 2024 la Usina recibió un oficio suscrito por el Dr. Jorge Luis Casanova, secretario del Juzgado de Garantías 1, por medio del cual “nos hacía saber sobre el dictado de la resolución” en la que resolvió “modificar la medida cautelar de no innovar prorrogada por el plazo de 120 días a contar desde el 29/06/24 y dictada el 14/06/2024, disponiendo: a) Dejar sin efecto la prohibición de autorizar nuevas conexiones de suministro de energía eléctrica dentro del inmueble emplazado entre calles Salta, Chapeaurouge, Misiones y Piccirilli de Tandil, las que deberán solicitarse por la vía que corresponda y cumplimentando los requisitos previstos por la Usina Popular y Municipal de Tandil”.

Y repasó que, en virtud de lo indicado, mantuvieron “diversas reuniones con algunas personas que ocupan el predio de la referencia -que lo hacían siempre en interés de todos los demás-“, a los cuales se les informó que, para solicitar la conexión individual del servicio eléctrico “debían cumplimentar con los requisitos establecidos por el Reglamento de Suministro y Conexión - Anexo E del Contrato de Concesión de Distribución de Energía Eléctrica que nos rige”.

Las razones apuntaron a que en ese inmueble “preexiste un suministro eléctrico activo por calle Chaperouge a nombre de Nicolás Moauro”, circunstancia que “impide a esta distribuidora otorgar nuevos suministros”, salvo que “se cumpla” con los siguientes requisitos.

Primero, “que las calles estén catastral y geodésicamente creadas y territorialmente abiertas” para el “adecuado emplazamiento de postes, redes y demás equipamiento propio del servicio eléctrico, que, como se comprenderá, siempre se asienta sobre espacio público o cedido para tal fin. Todo ello resulta imposible cuando nada de lo expresado está “demarcado” en el territorio.

Y segundo, que el lote “esté subdividido también catastralmente”, ya que, “por lo que se interpreta de la causa, el predio es de titularidad de un particular y, según los registros cartográficos a los que tenemos acceso a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), constituye un único inmueble, sin las calles legalmente abiertas y las subdivisiones mencionadas”. Este aspecto, de acuerdo a lo expuesto por la Usina, resulta “imprescindible” para otorgar “el alta del servicio”, dado que se requiere concordancia entre cada inmueble, el titular asignado y el titular del servicio.

“Lamentablemente, estas condiciones no fueron satisfechas por las personas que ocupan el inmueble”, afirmó y sumó como “agravante” que “comenzaron a conectarse clandestinamente de nuestras redes, con tendidos eléctricos precarios que implican alto riesgo para ellas mismas y también para los vecinos circundantes, afincados con anterioridad y con servicios en regla”, a la vez que apuntó que “todo ello sucedió sin que ninguna autoridad se hiciera cargo de la situación ni de las consecuencias de las decisiones adoptadas”.

Las consecuencias

En otro parrado del escrito dirigido al juez Moragas, las autoridades firmantes hicieron alusión a los procedimientos realizados en el predio ocupado desde 2023 y que tuvieron difusión por los medios de comunicación dela ciudad.

En tal sentido, apuntaron que la empresa de capitales mixtos procedió “en diversas oportunidades –en sucesivos operativos que requirieron apoyo de personal policial, lo que debió ser incluso solicitado a la UFI interviniente- a desmontar, hasta donde se podía, los cableados conectados clandestinamente, que cruzaban por las calles abiertas”, en referencia a las que “actualmente existentes que contornean el macizo”.

Y señalaron que una vez que el personal de la Usina y policía se retiraba del lugar, “los ocupantes volvían a realizar estos tendidos, con evidente peligro para sí mismos, dañando la infraestructura eléctrica de Usina e, incluso, conectándose a medidores de vecinos (con servicio regularmente contratado) que veían incrementados sus consumos por esas maniobras francamente ilícitas”.

Entonces, agregaron que este tipo de accionar implicó, además de los daños en las instalaciones, que “exista un consumo eléctrico no registrado, que fue calculado en unos 13.200 kilovatios hora (kw/h), que de costo representan alrededor de un millón de pesos mensuales, que obviamente nadie pagó”.

“Nadie se hizo cargo”

Sin embargo, en su nota la Usina advirtió que “no terminan ahí los daños que irroga este estado de cosas, que se ha extendido más allá de todo lo previsible”. Entonces, enumeró los “daños que ha sufrido el tendido eléctrico de la zona –como consecuencia de las interferencias generadas por manos inexpertas para lograr la provisión ilícita y clandestina del servicio-, que en algún momento tendremos que reemplazar para abastecer a los usuarios que tienen conexionado en regla, el costo del traslado de los móviles y personal policial y de Usina para la desconexión, etc.”.

“Mientras todo esto sucedía, nadie se hizo cargo de las consecuencias de las decisiones -o indecisiones- que se sucedieron desde febrero de 2023”, reiteró la empresa.

De este modo, el presidente del directorio y el secretario en su nota pusieron en conocimiento del juez de Garantías los “enormes perjuicios que la falta de resolución de este conflicto trajo a la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM”, pero también en alerta que, “de continuar esta situación, hay latente un riesgo eléctrico muy importante para las personas que habitan en el inmueble en cuestión y también para los vecinos preexistentes y regularmente conectados, todo lo cual no puede ser desconocido desde que es el magistrado que intervino en la causa desde el origen del conflicto”.

Responsabilidades

Por lo expuesto y las consecuencias que este escenario generó y “que pudieran presentarse en lo sucesivo, en especial con relación a los perjuicios actuales y futuros de esta distribuidora”, responsabilizaron “al Estado nacional, en tanto ha respaldado explícitamente la ocupación del predio a partir de las decisiones adoptadas -u omitidas- por la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que le reconocieron la condición de ‘barrio popular’, contribuyendo por acción u omisión a la constitución del estado de cosas descripto”.

También a la Provincia de Buenos Aires “por cuanto, a través de distintos organismos relacionados al acceso a la tierra, también ha brindado un respaldo explícito -o, al menos, indulgente- a la ocupación al no haber adoptado las acciones conducentes para su reversión”.

Asimismo, “responsabilidad por la ineficacia del servicio de administración de justicia para la resolución de la situación, extremo que indudablemente ha contribuido al statu quo imperante”.

Finalmente, la nota también fue remitida a los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso. En concreto, al defensor oficial Diego Araujo, en calidad de defensor de quienes reclaman derecho al predio; al asesor de Incapaces Ezequiel A. Belaunzarán, por la “ostensible presencia de menores expuestos a los riesgos mencionados”; y al agente fiscal Luis Piotti, por los “ilícitos que en sí mismo configuran los sucesivos actos de apropiación de la energía eléctrica y el daño que se causa a la infraestructura del servicio eléctrico”.

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