Loteo ilegal en las sierras: “Hay que ver si hay más profesionales, no solo este desarrollador comprometido”

Luego de que la Justicia de Faltas haya impuesto una multa económica y ordenado la demolición de cuatro construcciones ilegales en un loteo de calle Israel, el Municipio remitió cartas documento a los titulares para recabar información de cada uno. En diálogo con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, el responsable de la Secretaría Legal y Técnica, el doctor Juan Maciá Cantarelli, brindó detalles del accionar comunal de cara al futuro de la causa.

Entre otros aspectos, hizo mención al posible rol de los profesionales intervinientes –agrimensores, arquitectos y otros-, y explicó que los titulares de los lotes comercializados como condominios se encuentran todavía en plazo para apelar la resolución judicial. Además, hizo mención a que mantendrán una reunión con autoridades de la Usina por la bajada de luz en el lugar.

Maciá confirmó que el loteo condenado cuenta con seis cotitulares, los cuales fueron notificados, lo mismo que el propio desarrollador que figura como titular de uno de los condominios. “Queremos ver en qué situación, cuál es su estado, por qué construyeron, por qué adquirieron ahí y paralelamente nutrirnos de información con respecto a todo lo que es la cuestión privada en ese condominio”, planteó el funcionario.

También indicó la necesidad de considerar el “entramado que hay detrás de los adquirientes”, y conocer cuánto de lo realizado fue de buena o mala fe, para recorrer “los distintos caminos con cada uno”. 

Sin los pasos correspondientes por la Secretaría de Planeamiento –planos y demás-, Maciá Cantarelli sostuvo que deberán revisar el accionar de quienes podrían haber intervenido en el proyecto –desde arquitectos a ingenieros, escribanos e inmobiliarias- y que debido a ese motivo “hay que ver si hay más profesionales, no solo este desarrollador comprometido”.

Más denuncias

El secretario de Legal y Técnica hizo referencia a que analizan las bajadas de luz, y que durante la semana mantendrán reuniones con personal de la Usina “para ver en qué condiciones fue solicitada la bajada del suministro”.

El funcionario dijo desconocer los detalles de la posible demolición o relocalización de las construcciones, aunque consideró la dificultad de regularizar de acuerdo al fallo emitido por la Justicia. Sin embargo explicó que “toda sentencia puede ser apelada”, y que los desarrolladores se encuentran en plazo para hacerlo. En tal caso, la causa pasará a una instancia judicial superior.

Por otra parte existe una denuncia penal en curso, presentada por la secretaria de Protección Ciudadana, por amenazas de parte de los desarrolladores del loteo en el marco de una inspección municipal. “Resolvimos asesorarla,  y ella hizo la correspondiente denuncia. Esto va a transitar por vías que esperemos que sean pacíficas y que se vaya resolviendo todo de manera sensata y racional”, pidió Maciá.

Denuncia y condena

Cabe recordar, el caso de calle Israel fue hecho público por la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024. Desde la organización ciudadana denunciaron las construcciones pero también la existencia de un portón ubicado sobre una calle pública. En junio pasado, el concejal Rogelio Iparraguirre presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo de cuenta de la situación en el lugar.

A partir de entonces, el gobierno local realizó una inspección en el loteo, confirmó que el mismo había sido comercializado bajo la figura de condominio –pese a estar prohibida en esa zona-, y que no tenía planos presentados. Además, desde la Comuna señalaron que el mismo desarrollo estaba denunciado en la Justicia de Faltas y en Provincia.

Días atrás se conoció la resolución del Juzgado de Faltas N°2 –a cargo del juez Oliveto-, que condenó a Corica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. por haber ejecutado obras sin autorización municipal y por incumplir una orden de paralización vigente. Impuso dos multas económicas que suman poco más de 20 millones de pesos, además de ordenar la demolición o relocalización de cuatro construcciones ubicadas cerca del arroyo que cruza el terreno. Los desarrolladores tienen un plazo de 60 días para cumplir lo dispuesto.

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