En el marco del conflicto por el programa Volver al Trabajo y la decisión del Gobierno nacional de apelar el fallo judicial que ordena garantizar los pagos, desde organizaciones sociales de Tandil expresaron preocupación por la situación del salario social complementario y denunciaron recortes en la economía popular.

En diálogo con El Eco, la vocera local de UTEP y MTE, Valeska Galaz, explicó que el beneficio tiene origen en la Ley 27.345 de Emergencia Social, sancionada en 2016, que establece un ingreso equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil para trabajadores de la economía popular.

“Esto viene por ley. Cuando inicia el gobierno de Javier Milei, no solamente el salario queda inmóvil, sino que se desapega de esa referencia con el salario mínimo y además empiezan los recortes en todo lo que es la economía popular”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la transformación del programa y la reciente decisión del Ministerio de Capital Humano. “Lo que presentó el Ministerio es la baja de lo que ellos denominan Volver al Trabajo, que nosotros seguimos insistiendo que es un salario social complementario, con la promesa de cursos de capacitación y vouchers de formación”, señaló.

Galaz consideró que la medida “es un arremetida contra derechos y garantías conquistadas”, especialmente en un contexto de crisis económica. “Esto impacta en el sector de cooperativas, en las compañeras que sostienen comedores en los barrios, que cumplen un rol clave en la contención social en los sectores más vulnerables”, afirmó.

En ese marco, recordó que las organizaciones sociales ya venían manifestándose en distintos puntos del país, y que en Tandil se realizó una asamblea y una conferencia de prensa abierta para visibilizar la problemática. “Venimos alertando sobre esta situación desde hace tiempo, porque vemos cómo se profundiza la crisis en los barrios”, indicó.

A nivel judicial, destacó que una medida cautelar dictada en Campana ordena al Ministerio cumplir con el pago durante mayo, lo que abre un compás de espera para miles de beneficiarios. Sin embargo, manifestó cautela: “El gobierno nacional es conocido por incumplimientos de lo que la Justicia le solicita, como ocurre con otras leyes vigentes”, advirtió.

Según detalló, el último pago se realizó en abril, y el correspondiente a mayo estaba en duda hasta la intervención judicial. Habitualmente, el ingreso se acredita entre los primeros días de cada mes, por lo que en los próximos días se definirá si efectivamente se cumple con la transferencia.

“Estamos en alerta y movilización, porque queremos que el Gobierno cumpla con lo que la Justicia le exige. Para muchas familias este ingreso es fundamental”, remarcó.

Por otra parte, Galaz cuestionó el discurso oficial respecto a posibles recortes para sostener el programa. “Nos quieren poner pobres contra pobres, diciendo que si se paga el salario social complementario se afecta la educación o la formación. Eso no es así”, afirmó.

En esa línea, planteó que “los ajustes no deberían recaer sobre los sectores más vulnerables” y pidió revisar otras áreas del gasto público. “No tenemos que sacar un carnet de pobre para demostrar que la situación es crítica. La crisis es evidente y atraviesa a toda la clase trabajadora”, expresó.

Finalmente, sostuvo que las organizaciones continuarán en estado de alerta y movilización, a la espera de definiciones del Gobierno nacional y del cumplimiento efectivo de la medida judicial. “Los cambios tienen que venir por otro lado, con una mejor administración de los recursos y sin enfrentar a los sectores más postergados”, concluyó.

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