El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, estuvo presente durante la lectura de la sentencia del juicio de La Huerta.

Al funcionario, que participó en calidad de representante del Estado provincial –la Subsecretaría forma parte como querellante en estos juicios y brinda acompañamiento a los testigos que prestan declaración- este caso lo toca de cerca por motivos más personales: su padre, el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, fue secuestrado en Olavarría y asesinado en mayo 1977 en el centro clandestino de detención conocido como la Quinta de los Méndez, que funcionó también en esta ciudad.

Entrevistado por El Eco de Tandil tras conocerse la sentencia, Moreno aseguró que con el juicio cuya sentencia se conoció ayer quedó demostrado el accionar de las fuerzas represivas de la dictadura en la zona centro de la provincia de Buenos Aires y destacó, sobre todo, “el consenso social que hay en nuestro país acerca del Nunca Más”.

“Más allá del veredicto del tribunal -que fueron ocho condenas entre las cuales hay cadenas perpetuas y penas de diferentes años- y de que en términos jurídicos las querellas apelarán las absoluciones, me parece que lo que quedó demostrado es el accionar de la última dictadura cívico-militar en la zona centro de la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

“Luego habrá que ver en términos más jurídicos la cantidad de pruebas que hay para las condenas y las absoluciones de aquellos implicados, pero que el tribunal dictaminó que eran crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Asimismo resaltó “los testimonios y el compromiso de los sobrevivientes que no hacen más que reforzar lo que pasó en nuestro país y sobre todo también reforzar el consenso social acerca del Nunca Más”.

En este punto, el subsecretario provincial se refirió al contexto político y social nacional en el que se dictó la sentencia. “Tenemos una Corte Suprema que está dictaminando fallos muy controvertidos que no se ajustan a derecho”, consideró.

Y apuntó directamente contra el Ejecutivo que conduce Javier Milei. “En cuanto al clima político, estamos ante la presencia de un Gobierno nacional totalmente negacionista. Tenemos una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que directamente reivindica la última dictadura militar”, afirmó Moreno.

De todas maneras apeló al peso de la historia y al fortalecimiento de la memoria colectiva, gracias en gran medida al trabajo de las organizaciones de derechos humanos, y reiteró que “hay consensos sociales que ya están arraigados en la conciencia colectiva y yo creo que, por más negacionismo que haya por parte del Gobierno nacional, es imposible ir contra la historia”.

“Y eso se ve no solamente en cada proceso por delitos de lesa humanidad, como éste que acaba de concluir, sino también cada vez que se recuerda y se repudia lo que sucedió el 24 de marzo de 1976”,   remarcó.

Secuestro y muerte de Carlos Moreno

Matías Moreno era muy pequeño cuando su padre fue secuestrado y asesinado por las fuerzas represivas del Estado en 1977. 

El caso ya fue juzgado y marcó un antes y un después en el país porque significó la primera condena a civiles por delitos de lesa humanidad: los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de la quinta en la que se mantuvo cautivo a Carlos Moreno, fueron condenados a prisión en 2012, pero luego absueltos en 2020.

Ayer, Moreno aclaró que en La Huerta “no se juzgó lo que sucedió con mi padre sino que se juzgó a cuatro personas que testimoniaron haber estado en el centro clandestino de detención Quinta de los Méndez un año antes de que estuviera mi padre”.

El funcionario recordó además la última decisión de la Justicia en cuanto a la participación de los Méndez y dijo que “ahí se priorizó lo que había fallado Casación, esta cuestión tan inexplicable que tiene que ver con que los hermanos Méndez desconocían que en su casa-quinta funcionaba un centro clandestino de detención”.

Contra esa versión esgrimida en su momento por los acusados, Moreno sostuvo sin dudarlo que “ellos no podían no saber que ahí funcionaba un centro clandestino de detención porque sabemos muy bien cuál era la dinámica de esa quinta durante el año ’77: ellos pagaban el teléfono y cortaban el pasto”.

“De hecho –añadió-, dos días después de lo de mi padre, el juez (Carlos) Pagliere allanó ese lugar y se encontraron vendas con sangre, camastros y elementos de picana. Emilio Méndez se apersonó justamente esa noche en esa quinta, con lo cual este beneficio que le otorgó la Corte Suprema bajo el principio procesal de ‘in dubio pro reo’ –en caso de duda se beneficia al sospechado-, que sostiene que durante esos cuatro días los hermanos Méndez podían no saber que su inmueble era utilizado como un centro clandestino de detención, es muy poco creíble”.

“Sabemos muy bien la incidencia que estos personajes tenían durante la última dictadura cívico-militar en la sociedad de Tandil. Así que seguiremos apelando contra esta visión que dice que ellos no sabían”, aseguró. Y concluyó: “Y, sobre todo, atendiendo a que hubo cuatro testimonios de sobrevivientes que, estando vendados y torturados, reconocieron como un posible lugar también a la Quinta de los Méndez”.