Luego de casi 3 años de proceso, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladó a la ciudad para realizar la lectura de las sentencias del Juicio La Huerta. Tras reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la región durante la última dictadura, los jueces dictaron 8 condenas y 27 absoluciones. Las víctimas manifestaron desazón por las absoluciones, pero destacaron el acompañamiento de gran parte de la ciudadanía y aseguraron que continuarán trabajando por memoria, verdad y justicia. Los fundamentos se conocerán el próximo 19 de diciembre. Hubo menciones al “clima político” con respecto al tenor de lo resuelto por el Tribunal.

“Tuve la satisfacción de que me reconocieran que dije la verdad, que contra mí se cometió un delito de lesa humanidad, y que fuimos víctimas. Veo en general con desazón la cantidad de absoluciones, pero también hay que tener en cuenta que hubo perpetuas. Pero me quedo con la satisfacción que hemos tenido en todo este camino del juicio, el apoyo de gran parte del pueblo de Tandil, los abrazos, el cariño, el reconocimiento, la juventud movilizada por memoria, verdad y justicia”, expresó María del Carmen Silva, víctima que estuvo detenida en La Huerta y quien fue una de las primeras testigo que tuvo la causa.

Dentro del Aula Magna, donde se llevó a cabo la audiencia, algunas de las víctimas y familiares de víctimas concurrieron con fotografías de sus seres queridos detenidos desaparecidos. Tal fue el caso de Cecilia Traficante, quien ubicó la pancarta con la imagen de su hermana en una de las sillas, ocupando el lugar de una asistente más. Cecilia continúa buscando a su sobrina o sobrino, ya que su hermana estaba embarazada de cuatro meses cuando fue secuestrada en el Hotel Turista, a metros del Parque Independencia, en junio de 1977.

Su misma mirada, los mismos gestos de abrazos y acompañamiento de parte de sus allegados y compañeros también pudieron observarse en otros de los familiares y víctimas presentes, como Simón Medina, Alfredo Tangorra, María Rosa Toncovich, y tantos otros y otras.

En el juicio se juzgaron crímenes cometidos en lo que se conoció como Sub Zona 12 y abarcó tanto al predio de La Huerta como al exISER, la Quinta de los Méndez, la Base Aérea, la Comisaría 1ra y la Comisaría 2da de Tandil, así como también la Delegación de la PFA, la Unidad Regional IX, la Unidad Penal N° 7,  y la Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul, la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, la comisaría Las Flores y la comisaría de Olavarría.

La palabra de los jueces

Poco después de las 12 los jueces Nicolás Toselli, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Sabrina Namer ingresaron en el Aula Magna, que estaba colmada de público. Además de víctimas y familiares hubo autoridades universitarias, integrantes de organismos de Derechos Humanos, y representantes del peronismo local –Rogelio Iparraguirre, Darío Méndez, Severiano Mon, Nélida Sereno y Federico Martínez-, pero también del radicalismo –Julio Elichiribehety, Guillermina Cadona y Cristian Cisneros-. 

Estuvo además Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, e hijo del detenido desaparecido Carlos Moreno. Tal como fue en el caso por el crimen de su padre, en La Huerta se juzgó a Emilio y Julio Méndez. Aunque solo este último llegó con vida al cierre del proceso, y finalmente resultó absuelto.

Fue el juez Toselli quien tomó la palabra para agradecer a todas las partes implicadas en el juicio, y en particular a la Unicen y su área de Derechos Humanos por el trabajo realizado para la retransmisión de las audiencias. 

En nombre del Tribunal recordó que el Juicio La Huerta implicó delitos cometidos no solo en Tandil sino también en Olavarría, Ayacucho, Azul, Roque Pérez, Las Flores y Rauch, y destacó la labor que llevaron a cabo en pos de constituirse en los sitios de los hechos a partir de inspecciones a comisarías y centros clandestinos de detención. “Con el mismo espíritu, creemos esencial dar a conocer el veredicto en esta ciudad, reconociendo la importancia que ello tiene para la comunidad”, planteó.

Señaló además que el juicio implicó 15 elevaciones parciales por casos que damnificaron a 162 víctimas, y por los que hubo 35 imputados entre miembros de las Fuerzas Armadas, efectivos policiales, del Servicio Penitenciario Bonaerense y civiles. También que se realizaron 104 audiencias por las que pasaron más de 200 testimonios, y mencionó que no fue tarea fácil llevar adelante un proceso de tal dimensión, por su amplitud geográfica y la complejidad de su objeto procesal.

Pero el punto central de lo expresado por el Tribunal estuvo marcado por el reconocimiento de los crímenes cometidos en Tandil y la región. “Declarar que los hechos motivo del proceso, con la salvedad de los abarcados en el apartado XII constituyen delitos de lesa humanidad, y por tal resultan imprescriptibles, rechazándose en consecuencia los planteos de extinción de la acción penal por prescripción interpuestos por las defensas”, manifestaron, para luego remarcar que gran parte de los hechos “ocurrieron en el marco del plan sistemático de represión ilegal”.

Las sentencias

Si bien a fines de noviembre de 2024 la Fiscalía había solicitado 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 4 años y 4 absoluciones, el Tribunal Oral Federal dictaminó finalmente 8 condenas y 27 absoluciones.

En concreto, Héctor Emilio Martínez Salgado –de la Fuerza Aérea- fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua por haber sido hallado hallado coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en perjuicio de perseguidos políticos, en el caso de la víctima Eduardo Santellán. Además fue condenado como coautor de la privación ilegítima de la libertad agravada y partícipe necesario del homicidio en el caso de la víctima Pedro Mazzochi. Por los mismos crímenes recibió prisión perpetua Román Valdecantos, quien también integró la Fuerza Aérea. Cabe mencionar, algunos de los condenados a perpetua resultaron absueltos en otras casos por los que habían sido acusados.

Osvaldo Héctor Repetto –del Ejército-, fue condenado a prisión perpetua por haber sido encontrado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos agravada y partícipe necesario del homicidio calificado -cometido con alevosía y concurso premeditado-, en el caso de la víctima Daniel Medina.

Alejandro Guillermo Duret –quien fuera coronel del Ejército y ex oficial de Inteligencia- recibió prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser hallado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad simple y agravada, tormentos agravados y homicidio doblemente calificado en perjuicio de las víctimas Alfredo Thomas y José Luis Musmeci, ambos soldados conscriptos de la ciudad de Azul.

Por su parte Carlos Martín Luzuriaga -exjefe de Inteligencia del Área 123-, recibió diez años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por haber sido hallado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, e imposición de tormentos agravada.

Roberto Jorge Casares –también del Ejército-, recibió seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por ser coautor penalmente responsable del delito de violación agravada por el uso de la fuerza e intimidación, en perjuicio de la víctima Lidia Gutiérrez.

Luis Ernesto Benítez –quien se desempeñaba en el área de Sanidad del Ejército-, recibió seis años y nueve meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por ser coautor penalmente responsable del delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político.

José Luis Álvarez –capitán del Ejército-, fue condenado a cinco años de prisión e  inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, por el delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político, en perjuicio de la víctima Mario Gubitosi. Se dispuso su libertad en atención al tiempo que llevaba detenido, siempre que no mediara otra orden restrictiva.

Del resto de los acusados, parte resultaron absueltos por considerarse la extinción del hecho penal. Tal fue el caso de Julio César Tula, Edgardo Mariano Viviani y Héctor Rubén Rinaldi. Pero también resultaron absueltos Raúl Omar Carlucho, Francisco Oscar Sarmiento, Norberto Luis Ferreras, Pedro Juan Aguirre -estos por “no haberse formulado acusación al respecto”-, y Héctor Alberto Mangudo, Alberto Joaquín Monge, Jorge Aníbal Tolosa, Juan Manuel Miller, Julio Manuel Méndez, Eduardo Augusto Samyn, Horacio Ricardo Barriola, Américo Fernando Ferrer, Néstor Omar Vapore, Juan Manuel Durante, Luis Ignacio Gómez Centurión, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Cáceres, Daniel Ceresoli, Guillermo Prieto, José María Bruzzone, Miguel Ángel Buezas, Jorge Pedro Cinalli y Enrique Carlos Vitale, por “los hechos traidos a juicio”.

Tras la lectura, que terminó pasadas las 12:30, el juez Toselli finalizó expresando “señoras y señores, el juicio ha concluido. Buenas tardes”.

Con los fundamentos, las apelaciones

Concluida la lectura de las sentencias, los presentes levantaron los pañuelos con la leyenda “Nunca Más”, y cantaron “como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Luego sumaron “30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre”.

Hubo lágrimas, abrazos, saludos, y sensaciones encontradas entre la emoción y la satisfacción por todo el proceso realizado –movilizaciones, pedidos porque la lectura del veredicto se haga en la ciudad, actividades de visibilización del juicio, propuestas con escuelas secundarias, jornadas de limpieza en el centro clandestino de detención La Huerta y tantas otras iniciativas-, pero amargura por la gran cantidad de absoluciones determinadas por el Tribunal.

En diálogo con El Eco de Tandil, de parte de organismos de Derechos Humanos de la ciudad y familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad transmitieron que las querellas apelarán parte de lo resuelto por los jueces, en particular las absoluciones. Sin embargo, un paso fundamental en ese sentido será conocer los fundamentos de los jueces, que se harán públicos el próximo 19 de diciembre.

“No vamos a bajar los brazos. En Tandil la dictadura sucedió, y tuvo responsables. Pero traer a la memoria lo que pasó a los estudiantes, trabajadores, sindicalistas o militantes que sufrieron el terrorismo de Estado nos permite poner en valor sus luchas, sobre todo para entender el presente”, expresó María Nazábal, coordinadora del área de Derechos Humanos de la Unicen, espacio clave en el desarrollo del juicio.

Nazabal hizo mención a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que “fue en sintonía con una política que tiene la Corte de no condenar a los civiles partícipes de la dictadura, que va en sintonía con un Poder Ejecutivo cuya vicepresidenta manifiesta la reivindicación de la dictadura o el negacionismo respecto de lo sucedido”, según agregó.

Las voces de las víctimas

Referente de Memoria por la Vida en Democracia, hermana de Mario y Ángel y cuñada de Silvia Miguens –detenidos desaparecidos-, Petra Marzocca dialogó con El Eco de Tandil apenas minutos después de la lectura de las sentencias.

“Es una justicia incompleta y vamos apelar algunos fallos”, expresó, para luego agregar que “esperábamos que la sentencia fuera suave, han dado a los máximos responsables perpetua, pero queda toda una camada intermedia que intervino, secuestró y torturó”.

La mencionada Cecilia Traficante sostuvo también que concurrió con “otra expectativa” y que de su parte esperaba la condena a los acusados. “Al responsable de lo de mi hermana y mi cuñado no pudieron condenarlo porque murió el año pasado, pero toda la gente que está acá es como mi familia”, manifestó para luego agregar que “seguimos buscando al bebé de mi hermana, y seguimos luchando porque esto no tiene que volver pasar”.

Alfredo Tangorra fue víctima de secuestro en La Huerta, primo de los mencionados Mario y Ángel Marzocca, y uno de los querellantes particulares del juicio. Tras escuchar la sentencia recordó el camino recorrido en materia de memoria y derechos humanos desde la recuperación de la democracia a la fecha, pero señaló que los acusados por su detención “quedaron libres y por lo tanto, es muy probable que me los pueda cruzar en una esquina de Tandil en cualquier momento”.

Tangorra manifestó que “es una sensación agridulce que me queda, porque en realidad estos tipos tienen que tener no solo prisión domiciliaria, sino que tienen que tener prisión efectiva, y, lamentablemente quedaron absueltos”.

Anahí Marocchi –hermana del detenido desaparecido Omar Marocchi y referente de Memoria por la Vida en Democracia-, consideró que “esta condena tiene aspectos importantes, condenas esperables como por ejemplo la de Duret. Pero hay una cantidad de absoluciones y duelen muchísimo porque tocan casos de la región”.

Planteó que “es un momento difícil, pero tendremos el recurso de apelación. Nunca se han bajado los brazos en décadas, y no es el momento de hacerlo ahora”.

Sobre el autor

Juan Manuel Artero

Redactor El Eco de Tandil