La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la restitución de la identidad del nieto recuperado 132, llamado Juan, hijo de Mercedes del Valle Morales Romero, detenida-desaparecida en 1976 en Tucumán.Según se explicó, el hombre aún busca su identidad genética paterna. El nuevo nieto recuperado participó de la conferencia de prensa desde Tucumán vía Zoom.Carlotto expresó la “enorme alegría” por la nueva restitución -a sólo una semana de haber anunciado la del nieto 131- en una conferencia de prensa brindada en la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en la exEsma, en el barrio porteño de Núñez.El hombre que recuperó su identidad pertenece a una familia diezmada por la dictadura cívico-militar.Su madre fue secuestrada cuando tenía 21 años (había nacido el 20 de agosto de 1954), el 20 de mayo de 1976 en la ciudad tucumana de Monteros y sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2010 y exhumados en el Cementerio del Norte, de San Miguel de Tucumán.También fueron secuestrados y permanecen desaparecidos los abuelos de Juan, José Ramón Morales y Toribia Del Tránsito Romero, y un tío llamado Julio César Morales.Las Abuelas manifestaron que “el 2022 finaliza así con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad” y señalaron que “esperamos que el 2023 nos reciba con muchos más encuentros”.Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado el jueves pasado la restitución de la identidad del nieto 131 y en esa oportunidad Carlotto sostuvo que el hecho “nos da esperanza de encontrar a los que faltan”.Entonces revelaron que ese nieto es hijo de los militantes mendocinos del PTR-ERP Lucía Nadin y Aldo Quevedo, quienes fueron secuestrados en 1977 y llevados al Centro Clandestino de Detención “Club Atlético” en la ciudad de Buenos Aires.Carlotto precisó en esa ocasión que la mujer estaba embarazada de dos o tres meses cuando fue secuestrada en 1977 y que hay sospechas de que el parto podría haberse producido en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).&nbsp;Reacciones&nbsp;El presidente Alberto Fernández destacó la recuperación del nieto 132 por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo, al tiempo que resaltó que "cerramos el año con más verdad" y que "la restitución de la identidad de cada uno de ellos nos genera una profunda emoción y alegría"."La restitución de la identidad de cada uno de ellos nos genera una profunda emoción y alegría", agregó el mandatario, y finalizó: "Gracias por esta lucha incansable, queridas Abuelas".Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró la restitución de la identidad del nieto 132, que anunció Abuelas de Plaza de Mayo."Las Abuelas lo hicieron de nuevo! Gran alegría por la restitución de la identidad de otro argentino, el nieto 132", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter. (Télam)

Anunciaron la restitución de la identidad del nieto número 132

Abuelas de Plaza de Mayo anunció que encontró al nieto número 131, de los apropiados ilegalmente durante la dictadura, y su titular, Estela de Carlotto, dio detalles del caso en una conferencia de prensa en la sede de la ONG.“Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131. Otra vez confirmamos que los casi 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada están entre nosotros, y nos volvemos a ilusionar con un 2023 con más restituciones”, señaló el comunicado de la entidad.Por la tarde se realizó una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad, donde se brindó información sobre la historia del nuevo nieto al que se le restituyó la identidad, un hombre que era hijo de Lucía Nadín y de Aldo Hugo Quevedo, matrimonio mendocino desaparecido en la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar.“Comunicamos la restitución de identidad de un nuevo nieto, hijo de los mendocinos Lucía Nadín y Aldo Hugo Quevedo. Así son 131 los casos resueltos a largo de estos 45 años de búsqueda”, celebró Carlotto, quien estuvo junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla,.“Lucía nació el 13 de diciembre de 1947 en la ciudad de Mendoza y Aldo, el 26 noviembre de 1941 en la localidad de San Carlos de la misma provincia”, sostuvo la titular de Abuelas.Y prosiguió comentando que “se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y a los seis meses se casaron”, siendo Lucía “profesora de francés, latín y griego”, mientras además trabajaba “junto a Aldo en un taller de encuadernación de Mendoza”.“El matrimonio militaba en el PRT-ERP y en mayo de 1976 se trasladaron a Buenos Aires, donde entre septiembre y octubre de 1977, Aldo y Lucía -embarazada de tres meses- fueron secuestrados”, detalló.Carlotto dijo que la pareja “permaneció detenida en los centros clandestinos Club Atlético y el Banco”, y que “con testimonios de sobrevivientes se supo que Lucía trasladada del Banco para dar a luz entre marzo y abril de 1978”.“Hay sospechas de que el parto se habría producido en la ESMA, desde entonces no se supo nada más de la pareja ni del bebé. La familia no sabía que Lucía estaba embarazada, les fue llegando información de personas que estuvieron con la pareja antes del secuestro. Fue la Conadi a partir de una investigación documental que en 2004 logró confirmar el embarazo de Lucía”, agregó. NA

Abuelas anunció la aparición del nieto 131

Como se había anunciado, ayer se desarrolló, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro, la segunda jornada local del juicio por delitos de Lesa Humanidad&nbsp;conocido como La Huerta, por los crímenes perpetrados en los circuitos represivos de Tandil y Azul durante la última dictadura cívico militar. Aunque el proceso se lleva a cabo en Mar del Plata, existe el compromiso de que algunas audiencias, que se hacen cada 15 días, tengan lugar en Tandil, como sucedió en esta ocasión y el pasado 6 de mayo, ante un recinto colmado de público.&nbsp;Para ello, arribó a Tandil el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, conformado por los jueces Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Fernando Machado Pelloni, y la magistrada suplente Sabrina Namer, quienes escucharon los testimonios de Jorge Guillermo Andreasen, Rubén Luis Alegro, Mario Isidoro Bastianelli y Walter Raúl Fernández, exdetenidos desaparecidos del circuito terrorista local.&nbsp;En tanto, por el Ministerio Público Fiscal Federal estuvieron presentes los doctores Santiago Eyherabide, Julio Darmandrail y María Eugenia Montero. También hizo lo propio la querella de las víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la figura de los abogados Guillermo Torremare, César Sivo, Manuel Marañón y Ariel Pellegrino. También estuvieron los defensores oficiales Manuel Baillieau y María Isabel Labattaglia.En simultáneo, de manera virtual estaban conectados los acusados y sus defensores. En la mega causa, hay 26 imputados, entre ellos exmilitares, expolicías y civiles, como los hermanos tandilenses Emilio y Julio Méndez, condenados previamente –y luego absueltos- por el secuestro, tortura y asesinato del abogado laborista Carlos Moreno.&nbsp;En el debate -que se prolongará por dos años- se exponen los hechos cometidos en perjuicio de 109 víctimas en el marco de dos procesos judiciales: la causa denominada La Huerta en la que se investigan crímenes cometidos en el campo General Mariano Necochea -conocido con ese nombre- ubicado sobre el acceso a la Base Aérea; en la “Quinta de los Méndez”; en el exInstituto Superior de Educación Rural (ISER); en las comisarías Primera y Segunda de Tandil; y casos acumulados en otra investigación instruida en Azul por delitos concretados en esa ciudad y en Cacharí, Saladillo y Las Flores.La larga noche de Andreasen&nbsp;El mismo día en el que se cumplía un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices y 37 años después de que el fiscal federal Julio César Strassera cerrara su monumental alegato en el Juicio a las Juntas con la histórica frase “Nunca más”, cuatro hombres se sentaron en el banco de los testigos para traer al presente, tantas décadas después, los tormentos sufridos en manos de los militares y policías&nbsp;acusados. Los nombres de algunos acusados y de otras personas ya fallecidas resonaron en el Aula: Vapore, Sánchez, Tolosa, Méndez, Piñeiro, Mangudo y Carlucho fueron mencionados por los declarantes.&nbsp;El primero fue Jorge Andreasen, citado por la Fiscalía, que contó que fue secuestrado el 13 de abril de 1976 en el bar del club Santamarina por Héctor Alberto Mangudo, miembro de la Policía bonaerense, quien se lo llevó a plena luz del día tras amenazarlo con un arma.&nbsp;De ahí se dirigieron al Correo Central, ubicado en ese entonces sobre Rodríguez, y le exhibieron una caja con una encomienda que nunca le había llegado porque estaba mal anotada su dirección. En la caja había municiones, granadas y una carta, en la que supuestamente él admitía liderar una agrupación extremista que planeaba matar al Intendente de turno.&nbsp;El fallecido comisario Piñeiro le mostró las granadas y las guardó en su bolsillo. Por este extraño episodio, el hombre fue exonerado de la fuerza. Ahí se supo que Piñeiro, disfrazado de gaucho, las había despachado en el mismo correo y había sustraído las granadas desactivadas del Ejército.&nbsp;Después del correo, a Andreasen lo llevaron a la Comisaría Primera donde estuvo cerca de 10 días detenido, antes de ser trasladado al Penal de Azul, donde fue blanqueado como preso político.La identificación de la quinta&nbsp;Si bien permaneció ilegalmente en cautiverio en la sede policial, lo llevaron de noche a un lugar que, a posteriori, pudo identificar como la Quinta de los Méndez, donde fue sometido a interrogatorio bajo tortura.“Viajé encapuchado boca abajo, tirado en el piso de los asientos de atrás, con policías que me pisaban, la verdad es que yo estaba en otro mundo, no tenía idea de nada”, describió.La casa en cuestión se encuentra ubicada en las actuales calles Juan Manuel de Rosas y Scavini, y es un sitio señalizado como excentro clandestino de detención. En sintonía, el testigo relató que un par de año después junto a Jean Pierre Louis Tailmitte, alias “el Francés”, quien fue su compañero en el cautiverio, se abocaron a reconstruir el camino que habían hecho en ese entonces para tratar de dilucidar a dónde los habían llevado, y notaron que habían atravesado dos vías.&nbsp;Al ir en auto, revivió la sensación de pasar por las vías del tren. En tal sentido, sostuvo que descartaron primero los cuarteles, el lugar más obvio, y recorrieron la zona del club Uncas. Su compañero se percató de que habían transitado por curvas sinuosas, que habían pasado las vías que estaban camino al Cementerio Municipal y a una cantera. Ese trazado ferroviario ya no existe, pero era fácilmente identificable en esa época y les dio la pista necesaria para poder identificar el lugar.&nbsp;Intimidaciones&nbsp;Asimismo, el hombre compartió ante la sala que antes y después de su secuestro había sido intimidado y perseguido, que el subcomisario Néstor Vapore lo violentaba y golpeaba sistemáticamente, y que después de su liberación, cuando se lo encontraba en la calle lo provocaba e intimidaba, diciéndole que era su “preso favorito”.De hecho, en una oportunidad, más cercana en el tiempo, Andreasen propinó una golpiza a Vapore y cayó una restricción de acercamiento sobre el policía retirado. Vale reseñar que Néstor&nbsp;“Coco”&nbsp;Vapore era un muy conocido policía de Tandil, comisario jubilado de la Seccional Primera en los años de plomo y condenado en la causa Monte Peloni juzgada en Olavarría.&nbsp;Además, la víctima recordó que muchos años después también se encontró con uno de los hermanos Méndez (no pudo especificar cuál de ellos) en una florería céntrica y cuando éste se acercó a saludarlo, Andreasen le espetó que no lo iba a saludar porque había prestado la quinta para torturar. Seguidamente, refirió que Méndez le dijo “yo no la tenía (la quinta), la tenía Pico Mónaco”.&nbsp;En paralelo, mencionó que en otra ocasión llevó a una de las hijas de Méndez a una casa cerca de la quinta y que la joven le dijo “no te pongas nervioso, mi papá dice que no tenés nada que ver” y que nunca más la vio. En tanto, consultado por la querella, Andreasen respondió que las torturas le dejaron secuelas físicas, emocionales y psicológicas.&nbsp;En contrapartida, en el medio de su declaración testimonial, eximió de culpa al expolicía Jorge Aníbal Tolosa, uno de los acusados, y aseveró que es una “excelente persona”. En esta línea, afirmó que Mangudo, el policía que lo fue a buscar al club Santamarina, tampoco estuvo implicado en las torturas.&nbsp;Sin embargo, expuso que “yo sabía que estaba Vapore, lo vi con mis ojos, me pegaba, y me obligó a hacer un ‘trencito’ con Jean Pierre y Alegro cuando estábamos detenidos”.&nbsp;El interrogatorio de la defensa&nbsp;A su turno, el defensor Baillieau preguntó por algunas ubicaciones y si había estado en la estancia La Blanqueada. También inquirió si fue “para el norte en ese viaje que describió, donde hay otras vías como las que mencionó antes”, algo que el testigo negó.El defensor cuestionó cuántas veces había sido detenido antes de 1976, pero el testimonio de Andreasen por momento tenía digresiones y hasta se disculpó por su fuerte temperamento. Esto obligó durante toda la declaración, tanto al fiscal como a los abogados, a tratar de ordenar su locución a través de preguntas.&nbsp;“Fui detenido varias veces por la policía local, me pedían el DNI y me levaban adentro. Es cosa de la policía, no mía, tenían problemas conmigo los milicos porque era mal llevado y contestaba, antes de abril del 76 me habrán llevado cinco o seis veces.&nbsp; Vapore siempre me pegaba en la Comisaría Primera y a Piñeiro lo conocía de la confitería La Ideal, era un tipo raro que me miraba y yo me reía”, se explayó.A continuación, el defensor José Galán, quien patrocinó a otros represores en el juicio de Monte Peloni, desde la plataforma ZOOM interrogó al testigo y protagonizó un cruce tanto con Andreasen como con el presidente del Tribunal, Nicolás Toselli.&nbsp;En este contexto, preguntó si se le formó una causa penal por el tema de las granadas y Andreasen remarcó que no lo sabía. “Sé que estuve preso, pero nunca supe de qué me acusaron, preso político fui y cuando me largaron me dijeron que me olvidara. No tengo antecedentes por eso de las granadas, que sepa”, relató.&nbsp;Utilizando la evidencia recogida en el legajo de prueba presentado por la Fiscalía Federal, Galán empezó a indagar en su vida personal y en su matrimonio con la hija de un militar, María Luján Márquez, además de citar una declaración del testigo realizada en otro marco y otra causa, con la intención de ver si decía lo mismo o no.&nbsp;En este punto, el juez objetó a la defensa y desestimó la pregunta. Asimismo, al escuchar el tenor de las siguientes preguntas sobre la vida privada de Andreasen, Toselli pidió que aclarara entonces la vinculación con el objeto procesal porque no le parecía pertinente.&nbsp;Así, la estrategia legal de Galán se centró en la vida íntima del testigo y su temperamento, para intentar descalificar sus palabras y desviar la atención hacia otras características de la historia.“Necesito definir ciertos aspectos para que&nbsp;el tribunal pueda tener una visión de las condiciones personales del testigo.&nbsp;La mera aserción de acusaciones gravísimas, se nombra gente y ahí se termina todo.&nbsp;Necesito ver si los elementos son ratificados o no por el testigo”, puntualizó el defensor.En tal sentido, interrogó sobre &nbsp;una amenaza de muerte a otras personas, acerca de la venta de objetos personales de su exesposa y preguntó por un automóvil coupé, que habría ocasionado la pelea del testigo con su familia política.Finalmente, estas y las preguntas siguientes –que generaron el encono del testigo- fueron denegadas por el Tribunal por improcedentes. “No voy a admitir más preguntas en esa línea”, dictaminó Toselli.&nbsp;El testimonio de Alegro&nbsp;Luego fue el turno de Rubén Luis Alegro, quien en el año 1976 manejaba la confitería Bonanza junto a su hermano, que luego tuvo que dejarla para asumir como gerente en el Banco Comercial. Además, Alegro había iniciado una carrera militar, pero solicitó la baja mucho antes del Golpe de Estado para dedicarse a otras actividades.La víctima narró ante el Tribunal que lo secuestraron a mediados del 76 de su casa de Vélez Sarsfield y Brandsen, donde vivía con su esposa y su suegra. “Golpearon la puerta, me pusieron una Itaca en la garganta y me llevaron contra la pared. Rompieron todo, hasta sacaron los sanitarios, cosa que me llamó la atención”, graficó. Y reflexionó que “sabía que los militares andaban en cosas raras, pero yo estaba en otra cosa hasta que me tocó a mí”.En su relato pormenorizado, que emitió de una forma pausada, concisa y clara, detalló que lo llevaron encapuchado&nbsp;en un patrullero hasta la Comisaría Primera. La modalidad era la misma que con Andreasen; detenido en la Seccional Primera y trasladado a la quinta para ser torturado.&nbsp;Precisó que lo estaquearon a una cama y que lo mojaron&nbsp;para picanearlo. Aportó que el piso era de madera y que al principio, creyó que estaba en los galpones de los cuarteles, lugar que conocía bien por su pasado en las Fuerzas Armadas.Su relato se volvió muy denso cuando contó que, además de aplicarle corriente eléctrica, lo vejaron con ferocidad. "No me violaron directamente pero lo hicieron de otras formas. Me hicieron cosas que me da vergüenza contar”, expresó conmovido.&nbsp;Como lo picanearon en los genitales y lo violentaron atrozmente, pensó que no iba a poder tener más hijos (su mujer estaba embarazada en ese entonces), pero contó que después tuvo un hijo más. También señaló que le pisaron los dedos y se los quebraron. Además, describió que no fue alimentado en todo ese tiempo –no le daban agua tampoco porque estaba contraindicado con la picana- y recibió asistencia médica un par de días antes de ser liberado. &nbsp;La vida después&nbsp;Alegro estuvo encapuchado casi todo el tiempo que duró su cautiverio y sólo alcanzó a ver un lugar grande y las insignias militares de dos hombres, a las que pudo identificar como coronel y mayor, pero nunca vio rostros. Al que pudo reconocer por la voz y colocar en el lugar de los hechos fue a Vapore. También mencionó a Fernando Antolín Sánchez -personal policial de la Comisaría Primera-, fallecido en 2018.&nbsp;Cuando Vapore le informó que lo iban a soltar, le pidió que pusiera la mente “en blanco” acerca de lo acontecido durante esos días. Lo soltaron una medianoche de llovizna y volvió a su casa por sus propios medios, donde al llegar no lo reconocieron. Estaban en ese momento en el domicilio su hermano, su esposa y su cuñada. Llegó derecho a higienizarse y dormir. Tardó 15 días en recuperarse y regresó a hacerse cargo de la confitería, que fue allanada luego de que lo “chuparan” y le robaron mercadería, aunque no pudo precisar exactamente qué pasó ahí ni cuándo. También describió que su vida declinó después de eso, que hasta su gente cercana lo miraba con desconfianza por lo sucedido y que en 1980 se separó de mujer, además de otras decepciones.&nbsp;Asimismo, reconoció que compartió sitio de tortura con Tailmitte y Andreasen, y definió un buen concepto de ellos, a quienes conocía del bar que regenteaba. En simultáneo, aseguró que nunca supo exactamente por qué se lo llevaron, pero sostuvo que, dentro de varias hipótesis, piensa que a raíz del problema que Andreasen tuvo con Piñeiro (el episodio de las granadas en el Correo) alguien lo mencionó y cayó en la pesquisa represiva, que tristemente torció el rumbo de su vida para siempre.&nbsp;&nbsp;

Con ásperos testimonios de sobrevivientes, el juicio de La Huerta tuvo su segunda audiencia local

Estaban acusados en la megacausa “Campo de Mayo” por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, integrantes del TOF, consideraron que los hechos juzgados “son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y en consecuencia son imprescriptibles”, al leer el veredicto del proceso oral y público sobre los exintegrantes del Ejército, la Armada, la Gendarmería y la Policía Bonaerense.Entre los que recibieron la pena máxima se encuentra Santiago Omar Riveros, ya condenado en otras causas, quien fue comandante de Institutos Militares, jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV durante la dictadura, jurisdicción en la que ocurrieron los crímenes.Los otros condenados a perpetua son Luis Sadi Pepa, exdirector de la Escuela de Comunicaciones, Área 420, dependiente del Comando de Institutos Militares; Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos.Entre los delitos por los que fueron juzgados figuran la privación ilegal de la libertad, la imposición de tormentos a las víctimas por ser perseguidos políticos, homicidios cometidos con alevosía y en algunos casos también violaciones con la participación de dos o más personas.En tanto, Hugo Miguel Castagno Monge fue sentenciado a 22 años de prisión, Carlos Alberto Rojas a 13 años, Alfredo Oscar Arena a 12 años, Roberto Julio Fusco a 11 años y 6 meses, Arnaldo Jorge Román a nueve años y 6 meses y Carlos Daniel Caimi a cuatro años.Los magistrados dieron a conocer las sentencias en la Sala de Audiencias de la sede del TOF1 de San Martín desde las 14.20, mientras en las afueras se concentraron familiares de víctimas y dirigentes y militantes de organismos de derechos humanos.En la causa se juzgaron delitos sobre 347 víctimas y el juicio insumió 126 audiencias.&nbsp;Causa emblemática&nbsp;La megacausa “Campo de Mayo” es emblemática por la envergadura del centro clandestino de detención que funcionó allí y la cantidad de prisioneros que pasaron por el lugar.En el predio, de más de cuatro mil hectáreas, hubo presos políticos en diversos sitios, como “El Campito” o “Los Tordos”, “Las Casitas” o “La Casita”, el Hospital Militar con su maternidad clandestina y la prisión de Encausados.En el alegato, la fiscal Gabriela Sosti estimó que pasaron por Campo de Mayo más de seis mil personas y que hubo un nivel de sobrevivencia menor al uno por ciento.En su alegato Sosti dijo que la causa “permitió poner el foco en ese territorio (Campo de Mayo) y entender el funcionamiento de forma más ampliada del sistema represivo implementado allí, y no tan recortada, como pudo haber sucedido en causas anteriores”.Añadió que los delitos se cometieron por parte de los acusados “con cada uno de ellos en particular, a cargo de diferentes funciones, contribuyendo al crimen común”. (Télam)

Diez condenados a perpetua por crímenes durante la dictadura

Como se había anunciado, este viernes se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro la sexta jornada del juicio por delitos de lesa humanidad&nbsp; conocido como “La Huerta”, por los crímenes perpetrados en los circuitos represivos de Tandil y Azul durante la última dictadura cívico-militar. Este jueves, además, se efectuó la inspección ocular en el campo Mariano Necochea -La Huerta- que funcionó como un centro clandestino &nbsp;de detención.&nbsp;El proceso se lleva a cabo en Mar del Plata pese al reclamo de las víctimas y testigos de realizarlo en el distrito. Por lo pronto, está el compromiso de que algunas audiencias, que se hacen cada 15 días, tengan lugar en la localidad, como en esta ocasión.&nbsp;Para ello, arribó a Tandil el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, conformado por los jueces Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Fernando Machado Pelloni, y la magistrada suplente Sabrina Namer, quienes escucharon los testimonios de María Esther Hidalgo y de Petra, Lucía, Conrado Mauro y Pedro Marzocca, en torno al secuestro y tortura de Conrado Héctor Marzocca, fallecido en el año 2013. El paso del tiempo juega en contra del esclaremiento de los hechos y la obtención de justicia, porque muchas víctimas y represores han fallecido. Además, la familia tiene dos integrantes, Ángel y José Mario Marzocca, que desaparecieron el 1 de julio de 1978 en Buenos Aires y nunca más se supo de ellos.&nbsp;En tanto, por el Ministerio Público Fiscal Federal estuvieron presentes los doctores&nbsp; Santiago Eyherabide, Julio Darmandrail y María Eugenia Montero. También hizo lo propio la querella, representada por las víctimas y la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, en la figura de los abogados &nbsp;César Sivo y Manuel Marañón, y de su titular, Matías Moreno. En simultáneo, de manera virtual estaban conectados los acusados y sus defensores. En la mega causa hay 26 imputados, entre ellos exmilitares, expolicías y civiles, como los hermanos tandilenses Emilio y Julio Méndez, condenados previamente por el secuestro, tortura y asesinato del abogado laborista Carlos Moreno.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2022/05/juicio_la_huerta_06_05_22_9.JPG" alt="Juicio La Huerta 06-05-22 - 10"></figure>El secuestro de Conrado&nbsp;La primera en declarar fue la viuda de Conrado Héctor Marzocca, María Esther Hidalgo, quien&nbsp;detalló que su esposo, de profesión farmacéutico, “vivió para su familia y su trabajo”. &nbsp;Hidalgo relató que su marido fue secuestrado el 11 de febrero de 1976 en su propia farmacia, ubicada en Marconi y Alsina, junto al empleado del lugar, Jorge Baliño.&nbsp;El día anterior, Conrado había recibido un llamado de su hermano Ángel, que vivía en Capital Federal. Como tenían el teléfono intervenido –eso lo supieron después- la conversación se filtró. El joven llamó a su hermano para preguntar cómo estaban sus padres, que residían en Tandil. “Mis dos cuñados eran buena personas, se involucraron en los movimientos&nbsp;de, bueno…, no sé cómo llamarlo”, señaló.&nbsp;Por su parte, recordó que un grupo de militares y policía irrumpió ese día en la farmacia familiar y que seguidamente trasladaron a las víctimas a la casa de Conrado Marzocca, en Roca al 1081, a dos cuadras de allí. En la vivienda se encontraba María Esther con sus cinco hijos y Mafalda, que la ayudaba con algunas tareas domésticas y era, a la vez, la madre de Baliño.“Llevaron a mi casa a mi marido y a Jorge Baliño, que falleció el año pasado, recuerdo que&nbsp;estaba amasando ravioles. Nos encerraron en el comedor e invadieron toda la casa. Se subieron a los techos y amenazaron a&nbsp; un vecino que los vio. Empezaron a revolver todo y tirarlo. Yo tenía &nbsp;un embarazo de poco más de dos meses de nuestra hija Cristina, la sexta”, pormenorizó. Los uniformados que allanaron su casa –serían unos 10- tenían fajina militar, "armas largas” y actuaron a cara descubierta.&nbsp;&nbsp;En base al testimonio de Hidalgo, a Marzocca y Baliño los llevaron a la Primera Brigada de Caballería Blindada. Al día siguiente liberaron al empleado y trasladaron a Marzocca. En su declaración, la mujer expuso que el día posterior al secuestro acudió a la Brigada para recuperar las llaves de la farmacia, con el objeto de abrir el local y poder trabajar, cosa que sucedió.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2022/05/juicio_la_huerta_06_05_22_8.JPG" alt="Juicio La Huerta 06-05-22 - 9"></figure>A disposición del PEN&nbsp;A los cinco días, le avisaron que Conrado, “Dino” como lo apodaban, estaba detenido en Azul a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). A partir de ese momento empezó a visitarlo todas las semanas junto a sus hijos. En los primeros días de mayo de 1976, Conrado Héctor Marzocca fue liberado.&nbsp;Sobre lo padecido en el cautiverio, María Ester no pudo dar precisiones. No obstante, declaró: “Nunca entré en detalles, él nunca lo contó y yo no tengo la capacidad de morbo, no quería volver a lastimarlo y reeditar la forma en la que fue torturado. De eso prácticamente no hablábamos, pero sí &nbsp;había marcas en el cuerpo que eran &nbsp;evidentes. Él tenía&nbsp; una ortodoncia y se la rompieron con la picana. También tenía una marca en el pie, porque la forma de tortura &nbsp;era atar una alambre&nbsp; en el pie y aplicar la picana, eso le dejó una herida permanente”.&nbsp;La testigo también refirió que la familia materna de su marido, de apellido Tangorra, intentó mover contactos para ayudarlo y junto a un abogado, el doctor Mercader, trataron de presentar un hábeas corpus pero la Justicia nunca &nbsp;lo aceptó.&nbsp;Además, reparó en el tratamiento que la prensa le daba a estos temas y aseveró que salió una nota en el diario lcoal Nueva Era en la que se hablaba de un “operativo antiterrorista” en la farmacia Marzocca. Por este titular, Hidalgo increpó a la directora del vespertino, de apellido Cabral, para que no difundiera información falsa.&nbsp;Después, indicó que a Conrado lo liberaron y siguieron &nbsp;con sus vidas&nbsp;de la mejor manera posible “pero luego vino el dolor por &nbsp;la pérdida&nbsp;de sus hermanos, que&nbsp; nunca supimos en qué circunstancias desparecieron. Desaparecidos es un eufemismo”.&nbsp;La nota completa este sábado en El Eco de Tandil&nbsp;<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2022/05/juicio_la_huerta_06_05_22_11.JPG" alt="Juicio La Huerta 06-05-22 - 12"></figure>&nbsp;

Como se había anunciado, ayer se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro la sexta jornada del juicio por delitos de lesa humanidad&nbsp; conocido como “La Huerta”, por los crímenes perpetrados en los circuitos represivos de Tandil y Azul durante la última dictadura cívico-militar. El proceso se lleva a cabo en Mar del Plata pese al reclamo de las víctimas y testigos de realizarlo en el distrito. Por lo pronto, está el compromiso de que algunas audiencias, que se hacen cada 15 días, tengan lugar en la localidad, como en esta ocasión. En la jornada previa, se efectuó la inspección ocular en el campo “General Mariano Necochea” -La Huerta- que funcionó como un centro clandestino &nbsp;de detención.&nbsp;Para ello, arribó a Tandil el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, conformado por los jueces Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Fernando Machado Pelloni, y la magistrada suplente Sabrina Namer. &nbsp;En tanto, por el Ministerio Público Fiscal Federal estuvieron presentes los doctores&nbsp; Santiago Eyherabide, Julio Darmandrail y María Eugenia Montero. También hizo lo propio la querella de las víctimas, representada por el abogado Ariel Pellegrino, y la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, en la figura de los letrados César Sivo y Manuel Marañón, y de su titular, Matías Moreno.&nbsp;En simultáneo, de manera virtual estaban conectados los acusados y sus defensores. En la mega causa hay 26 imputados, entre ellos exmilitares, expolicías y civiles, como los hermanos tandilenses Emilio y Julio Méndez, condenados previamente por el secuestro, tortura y asesinato del abogado laborista Carlos Moreno, aunque luego resultaron absueltos y aun aguarda por otra instancia de apelación.&nbsp;En la jornada, el Tribunal se prestó a escuchar los testimonios de María Esther Hidalgo y de Petra, Lucía, Conrado Mauro y Pedro Marzocca, en torno al secuestro y tortura de Conrado Héctor Marzocca, fallecido en 2013.&nbsp;Además, la familia tiene dos integrantes, Ángel y José Mario Marzocca, que desaparecieron el 1 de julio de 1978 en Buenos Aires y nunca más se supo de ellos. El paso del tiempo juega en contra del esclarecimiento de los hechos y la obtención de justicia, porque muchas víctimas y represores han fallecido. En este caso puntual, ambas víctimas murieron y sólo quedan sus allegados para dar fe de lo sucedido; ya se perdió el testimonio de primera mano.&nbsp;El secuestro de Conrado&nbsp;La audiencia comenzó a las 10.30, una hora y media después de lo previsto, ante un Aula Magna repleta de público, y se extendió durante varias horas.&nbsp;La primera en declarar fue la viuda de Conrado Héctor Marzocca, María Esther Hidalgo, quien&nbsp;detalló que su esposo, de profesión farmacéutico, “vivió para su familia y su trabajo”. &nbsp;Hidalgo relató que su marido fue secuestrado el 11 de febrero de 1976 en su propia farmacia, ubicada en Marconi y Alsina, junto al empleado del lugar, Jorge Baliño.&nbsp;El día anterior, Conrado había recibido un llamado de su hermano Ángel, que vivía en Capital Federal. Como tenían el teléfono intervenido –eso lo supieron después- la conversación se filtró. El joven llamó a su hermano para preguntar cómo estaban sus padres, que residían en Tandil. “Mis dos cuñados eran buena personas, se involucraron en los movimientos&nbsp;de, bueno…, no sé cómo llamarlo”, señaló.&nbsp;Por su parte, recordó que un grupo de militares y policía irrumpió ese día en la farmacia familiar y que seguidamente trasladaron a las víctimas a la casa de Conrado Marzocca, en Roca al 1081, a dos cuadras de allí. En la vivienda se encontraba María Esther con sus cinco hijos y Mafalda, que la ayudaba con algunas tareas domésticas y era, a la vez, la madre de Baliño.“Llevaron a mi casa a mi marido y a Jorge Baliño, que falleció el año pasado, recuerdo que&nbsp;estaba amasando ravioles. Nos encerraron en el comedor e invadieron toda la casa. Se subieron a los techos y amenazaron a&nbsp;un vecino que los vio. Empezaron a revolver todo y tirarlo. Yo tenía &nbsp;un embarazo de poco más de dos meses de nuestra hija Cristina, la sexta”, pormenorizó. Los uniformados que allanaron su casa –serían unos 10- tenían fajina militar, "armas largas” y actuaron a cara descubierta.&nbsp;&nbsp;En base al testimonio de Hidalgo, a Marzocca y Baliño los llevaron a la Primera Brigada de Caballería Blindada. Al día siguiente liberaron al empleado y trasladaron a Marzocca. En su declaración, la mujer expuso que el día posterior al secuestro acudió a la Brigada para recuperar las llaves de la farmacia, con el objeto de abrir el local y poder trabajar, cosa que sucedió.&nbsp;A disposición del PEN&nbsp;A los cinco días, le avisaron que Conrado, “Dino” como lo apodaban, estaba detenido en Azul a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). A partir de ese momento empezó a visitarlo todas las semanas junto a sus hijos. En los primeros días de mayo de 1976, Conrado Héctor Marzocca fue liberado.&nbsp;Sobre lo padecido en el cautiverio, María Ester no pudo dar precisiones. No obstante, declaró: “Nunca entré en detalles, él nunca lo contó y yo no tengo la capacidad de morbo, no quería volver a lastimarlo y reeditar la forma en la que fue torturado. De eso prácticamente no hablábamos, pero sí &nbsp;había marcas en el cuerpo que eran &nbsp;evidentes. Él tenía&nbsp; una ortodoncia y se la rompieron con la picana. También tenía una marca en el pie, porque la forma de tortura &nbsp;era atar una alambre&nbsp; en el pie y aplicar la picana, eso le dejó una herida permanente”.&nbsp;La testigo también refirió que la familia materna de su marido, de apellido Tangorra, intentó mover contactos para ayudarlo y junto a un abogado, el doctor Mercader, trataron de presentar un hábeas corpus pero la Justicia nunca &nbsp;lo aceptó.&nbsp;Además, reparó en el tratamiento que la prensa le daba a estos temas y aseveró que salió una nota en el diario local Nueva Era en la que se hablaba de un “operativo antiterrorista” en la farmacia Marzocca. Por este titular, Hidalgo increpó a la directora del vespertino, de apellido Cabral, para que no difundiera información falsa.&nbsp;Después, María Esther indicó que a Conrado lo liberaron y siguieron con sus vidas&nbsp;de la mejor manera posible “pero luego vino el dolor por la pérdida&nbsp;de sus hermanos, que&nbsp; nunca supimos en qué circunstancias desparecieron. Desaparecidos es un eufemismo”.&nbsp;Cuando la mujer terminó de declarar, la sala entera estalló en un fervoroso aplauso que obligó al presidente del tribunal, el juez Toselli, a pedir moderación.&nbsp;Los tormentos&nbsp;En segundo lugar, testificó Petra Marzocca, hermana de Conrado Héctor e histórica referente de la ONG&nbsp;Memoria por la Vida en Democracia. Interrogada por el fiscal Eyherabide, Petra expuso que en el momento del secuestro de su hermano ella vivía en La Plata&nbsp; y trabajaba como kinesióloga, y que se enteró del hecho por un llamado de sus padres. De este modo, describió que fueron camiones del ejército y Policía Federal los que realizaron el “impactante” operativo en la esquina de Marconi&nbsp; y Alsina.&nbsp;Así, precisó que unos días después sus padres le informaron que había quedado a disposición del PEN en una unidad penitenciaria&nbsp;de Azul y que no tenía más información que esa. “Cuando lo liberaron me confirman que el operativo fue de policía y ejército”, reseñó.&nbsp;A diferencia de su cuñada, Petra sí habló con su hermano de la tortura y afirmó que él le comentó que ese día se lo llevaron a la Primera Brigada de Caballería Blindada. Luego de pasar toda la noche de pie contra la pared, Conrado Marzocca fue encapuchado y trasladado a Azul. Además, Petra refirió que en el camino “levantaron” a Jorge Sprovieri y esposa, quienes también fueron secuestrados, permanecieron detenidos y, tras su liberación, se exiliaron en Brasil. Sprovieri eligió no dar su testimonio en el marco de la causa “La Huerta”.&nbsp;De acuerdo al relato testimonial, en Azul tuvieron lugar los tormentos con picana y descargas a 220 V, que le dejaron secuelas a la víctima, para obtener información de sus hermanos detenidos desaparecido, Ángel y Mario, que en ese entonces vivían en Buenos Aires y tenían militancia gremial.&nbsp;Según le contó Alfredo Lecouna, exdetenido desaparecido y testigo en la misma causa, Conrado Héctor llegó a la unidad &nbsp;penal de Azul, donde compartieron cautiverio, “totalmente desfigurado y con los ojos hinchados”. De ello se deduce que los interrogatorios bajo tortura fueron muy severos, al decir de la testigo.&nbsp;A su vez, declaró que su hermano no pudo identificar a sus secuestradores y que le comentó que quienes efectuaron &nbsp;el traslado no estaban radicados &nbsp;en Tandil. En esta línea, afirmó que el único dato que le dio es que el “control” que le hacían en la farmacia una vez que lo liberaron, era realizado por una persona que se presentaba como “Ferretti” y que Conrado asoció la voz con la de uno de los torturadores.“Ese control era muy perverso, estaba permanentemente vigilado y no sabía que en qué momento lo podían volver a llevar. En el 79 lo citaron a la Brigada del Ejército, donde se entrevistó con un tal Martínez de alto rango y dos personas más. Tuvieron una charla de dos horas de temas generales, pero fue muy tenso y eso le revivió miedos”, según declaró.&nbsp;Marx, Trelew y una listaEn su narración, Petra describió que su hermano Conrado tenía militancia en el PST (Partido Socialista de los Trabajadores) y que solía acudir a un local partidario, ubicado en la calle Garibaldi (ella no conoció este espacio), donde tenía con otros compañeros debates teóricos &nbsp;e ideológicos.&nbsp;“Entendamos que nuestra generación estaba influenciada por el Mayo Francés y episodios anteriores de luchas obreras, como el Cordobazo. Había un interés social en esto y cada uno buscaba donde participar”, reflexionó y, al respecto, recordó algo que le llamo la atención del allanamiento a la casa de Conrado.&nbsp;En este sentido, sostuvo que “en el allanamiento encontraron algo que todavía me hace sonreír: literatura de índole marxista, un póster de (la masacre) Trelew, que sacudió a nuestra generación, y una lista de adherentes al PST".&nbsp;Y prosiguió: “Al tener otras voces del episodio, pensé que si alguien estuviera en una situación de clandestinidad, de orden subversiva como decían ellos, no iba a tener todo eso en su casa. Me puse a pensar qué objetivo se buscaba en todas estas intervenciones”.Complicidad civil&nbsp;En su testimonio, Petra se inclinó por trazar un panorama social del Tandil de esa época e hizo foco en el entramado político y empresarial que operó por aquellos años.“Hay que entender por dónde pasaba la cosa, había &nbsp;una connivencia entre el sector empresarial y la burocracia sindical. También desde un sector de la Iglesia que adoctrinaba en la Base Aérea, el &nbsp;Ejército, en el Colegio Sagrada Familia, el Colegio San José. En eso andaba el padre Baretto, yo lo conocí y lo recuerdo. Él desarrollaba cursos&nbsp; de adoctrinamiento con líneas muy cercanas al Opus Dei. Por ejemplo, Monseñor Actis, en confesión -lo sé por mí madre que acudía a confesarse por su fe católica-, cuando ella le contaba su dolor por la desaparición de mis hermanos, Actis le decía: ‘algo habrán hecho’. Todo eso pasaba en nuestra ciudad”, graficó.&nbsp;Además, Petra cargó las tintas contra la connivencia de los sectores del poder en todas sus formas, que se reunían en esa época y movían los hilos de la ciudad. Un tejido social propicio para que el terrorismo estatal y la represión se desplegaran a sus anchas contra la población. &nbsp;“Había empresarios locales en esos encuentros, estaban los hermanos Méndez, que tenían un depósito en la Base Aérea. En esos años Emilio Méndez era gerente del Banco Comercial y después pasó a ocupar un puesto jerárquico en la Usina. Sé que en una reunión en lo del ‘Chancho”’ Molina, en ese entonces director de la Escuela de Comercio, estaban los Méndez, había empresarios y aparecían personas importantes de la fuerza aérea&nbsp;y el Regimiento de Caballería”, aseguró.&nbsp;En tanto, también aportó a los jueces y la fiscalía recortes de la prensa de esa época en los que se hablaba de atentados terroristas “cuando la gente no estaba dentro de la estructura de una organización armada” y puntualizó que “había una prensa&nbsp; que realmente respaldaba el golpe de Estado y su accionar”.&nbsp;

El histórico juicio de "La Huerta"  tuvo su audiencia local y declaró la familia Marzocca

Este vienes, la audiencia &nbsp;del juicio por la mega causa “La Huerta” se trasladará de Mar del Plata a Tandil, más precisamente al Aula Magna de la Unicen, ubicada en Pinto y Chacabuco. En esta oportunidad, se escucharán los testimonios de María Esther, Petra, María Lucía, Conrado Mauro y Pedro Marzzoca.De este modo, los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad balnearia -Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Fernando Machado Pelloni- se constituirán en la ciudad para desarrollar las actividades previstas en el marco de la sexta jornada judicial que investiga los crímenes perpetrados en los circuitos represivos de Tandil y Azul, que se llevará a cabo este 6 de mayo a las 9. Cabe reseñar que hasta ahora, en las instalaciones de la Universidad Nacional del Centro, las audiencias se han transmitido en vivo a través de una pantalla gigante, pero esta es la primera vez que el proceso se realizará aquí. Es importante recalcar que el día de la audiencia se controlará en el ingreso el DNI de los asistentes.Asimismo, en una conferencia de prensa, los integrantes de la Mesa Multisectorial por Delitos de Lesa Humanidad de Tandil, reivindicaron su reclamo de localía en pos de favorecer la reconstrucción histórica de los hechos, la difusión del evento y un mejor tratamiento a las víctimas y testigos.&nbsp;Además, desde la Mesa enfatizaron también la necesidad de acelerar los tiempos procesales porque el tiempo juega en contra y, conforme pasan los años, tanto los represores como los testigos van muriendo. A este ritmo, con audiencias quincenales con tres testigos por jornada y considerando que son 500 testimonios, el juicio duraría 5 años.&nbsp;El reclamo local&nbsp;En primer lugar, Ernesto Invernizzi reiteró que se conformó el espacio de la Mesa Multisectorial para plantear la “necesidad” de que el juicio&nbsp;se realice en Tandil, circunstancia que motivó numerosas acciones entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 para pedirle al Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata que se trasladara al distrito, una petición que no encontró eco en la esfera judicial.&nbsp;“Para las víctimas el hecho de viajar fuera de su ciudad es una situación de hostilidad y de revictimización, también se dificulta la publicidad del juicio y su aprovechamiento pedagógico, en tanto se trata de un ejercicio de memoria para toda la comunidad”, destacó.&nbsp;En este sentido, la invitación a presenciar la audiencia no sólo tiene asidero para acompañar a las víctimas, sino que busca dejar un mensaje contundente a los magistrados en torno al interés de la ciudadanía para que el proceso se desarrolle en Tandil con el objeto de recuperar la memoria colectiva.&nbsp;Las otras consecuencias del terrorismo&nbsp;Por su parte, Petra Marzocca, de Memoria por la Vida en Democracia, expuso que “es preciso agilizar estos procesos por la edad de los represores y de las víctimas”. Asimismo, señaló que “conseguir ‘justicia’ a tantos años de lo que pasó es algo para analizar, pero sí interesa conocer el deterioro que generó el terrorismo de Estado en la trama social y en la estructura socioeconómica”. Es decir, más allá de la violencia &nbsp;y la brutal represión clandestina, qué otros engranajes se activaron en medio de la maquinaria dictatorial.&nbsp;Al respecto, enfocó el punto de análisis en la capacidad de la dictadura cívico-militar &nbsp;de desarticular todo tipo de organización social y de reconvertir el sistema económico, anclajes tales que incidieron profundamente en la conciencia colectiva del país.&nbsp;“Es importante recuperar esto, generar herramientas para analizarlo y poder &nbsp;transmitírselo a los jóvenes, ése es un desafío fundamental, porque en la medida en que conozcamos qué nos pasó y cómo se repite la historia, eso nos permite estar alertas y tener recursos para no perder de vista lo colectivo”, describió.Reconocimiento de terreno&nbsp;A su turno, María del Carmen Silva, sobreviviente de “La Huerta” y testigo en la causa, informó que este jueves 5 de mayo a las 16 los jueces federales harán junto a las víctimas el reconocimiento ocular del excentro clandestino de detención emplazado en el campo General Mariano Necochea, que se halla en el camino hacia la VI Brigada Área.En esta instancia, los testigos describirán y señalarán in situ lo volcado en la causa penal, en base a los recuerdos de su cautiverio en el lugar.&nbsp;“Vamos a dar un testimonio de reconocimiento sobre lo relatado del espacio físico, para ver cómo todo coincide y sigue en pie aún tantos años después, es muy impactante”, graficó.Iluminar los traumas&nbsp;Por otro lado, Anahí Marocchi, hermana de Omar Marocchi, un joven tandilense secuestrado en Mar del Plata que aún permanece desaparecido, intervino para recordar que la desaparición de personas es un delito que persiste aún en la actualidad.&nbsp;Al respecto, subrayó que “es un trauma que seguimos viviendo en el presente” y recordó que la &nbsp;recolocación de la baldosa en homenaje a Daniel Medina, otro tandilense desaparecido cuyo caso se juzga actualmente, sirvió para que su hijo pudiera reconstruir parte de su historia familiar.&nbsp;En esta línea, reflexionó que “poder exponer a la luz este trauma que nos atraviesa como sociedad es fundamental para construir el presente y el futuro”.Por último, Eduardo Martínez, del área de Derechos Humanos de la Unicen, reparó en que se trata de un momento de quiebre para la ciudadanía y valoró el hecho de que el tribunal que juzga esta causa se constituya físicamente en la dependencia de una universidad pública.“Hay mucha convocatoria&nbsp;para demostrar que hay una ciudadanía comprometida&nbsp;que quiere acompañar a las víctimas y hay una universidad que sostiene este recorrido, lo que representa un paso importante desde&nbsp;la casa de estudios”, cerró.&nbsp;El juicio&nbsp;El histórico juicio comenzó el pasado viernes 25 de febrero &nbsp;en Mar del Plata, a cargo de los magistrados federales Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Fernando Machado Pelloni, del Tribunal Oral Federal 1 de esa ciudad. Por su parte, los fiscales federales Santiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, junto a los auxiliares Julio Darmandrail y María Eugenia Montero, son quienes realizaron las acusaciones que pesan sobre cada uno de los 26 imputados, entre ellos exmilitares, expolicías y civiles.En el debate saldrán a la luz y se juzgarán los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el circuito represivo de la Sub Zona 12, y se expondrán los hechos cometidos en perjuicio de 109 víctimas en el marco de dos procesos judiciales: la causa denominada “La Huerta” en la que se investigan crímenes ocurridos en el campo General Mariano Necochea -conocido justamente como “La Huerta”-, ubicado sobre el acceso a la Base Aérea; en la “Quinta de los Méndez”; en el exInstituto Superior de Educación Rural (ISER); en las comisarías primera y segunda de Tandil; y casos acumulados en otra investigación instruida en Azul por delitos concretados en esa ciudad y en Cacharí, Saladillo y Las Flores.

El juicio de "La Huerta" tendrá su primera audiencia local, en el Aula Magna de la Unicen

La segunda audiencia se desarrollará este viernes 11 de marzo desde las 9 horas en Mar del Plata. Se trata del juzgamiento de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro del territorio bonaerense y que se conoce como “Subzona 12.” Así, el Tribunal Federal N° 1 reanuda el juicio “La Huerta”, que comenzó el pasado 25 de febrero con la lectura de los hechos en debate y las acusaciones de los 26 imputados. En esta oportunidad se escucharán las primeras declaraciones testimoniales. Durante las audiencias está previsto que declaren más de 250 testigos, entre los cuales se encuentran más de 100 víctimas de las ciudades de Tandil, Azul y Olavarría, entre otras. Desde la Universidad Nacional del Centro, a través del Equipo de Acompañamiento a Víctimas señalaron que “las víctimas de estos juicios deben ser reparadas en su más amplia dimensión, no sólo a través de una sentencia, sino siendo escuchadas, contenidas, y tenidas en cuenta, por este Estado y esta Justicia que hoy y desde hace 15 años viene juzgando y condenando los delitos aberrantes que el propio Estado les causó”. Está previsto que las audiencias se realicen dos veces al mes de manera mixta, presencial y telemática. En vista de la extensa prueba y testimonios, se estima tendrá una duración de dos años. Los delitos de lesa humanidad que juzgan son los cometidos en los siguientes centros clandestinos: La Huerta, La Quinta de los Mendez, Instituto Superior de Enseñanza Rural, Comisaría Primera de Tandil, Comisaría Segunda de Tandil, Unidad Penal N°7 de Azul y Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” de Azul.

El viernes se desarrollará la segunda audiencia en el marco del Juicio “La Huerta”

Ayer, pasadas las 10,30, &nbsp;comenzó en Mar del Plata el juicio de la causa conocida como La Huerta, a cargo de los magistrados federales Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Machado Pelloni, del Tribunal Oral Federal 1 de esa ciudad.En el proceso saldrán a la luz y se juzgarán los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo de la Sub Zona 12 que comprendió el centro de la provincia de Buenos Aires, y entre ellos los crímenes que se perpetraron en la “Quinta de los Méndez”. El debate se inició con los imputados conectados de manera virtual y con el resto de las partes presentes en la sala de audiencias.En el inicio del juicio, los fiscales federales Santiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, junto a los auxiliares Julio Darmandrail y María Eugenia Montero, comenzaron a reproducir la síntesis de la elevación a juicio de las causas y las correspondientes acusaciones que pesan sobre cada uno de los 26 imputados, entre ellos exmilitares, expolicías y civiles.En la lectura de las acusaciones, se detallaron los aberrantes &nbsp;vejámenes y torturas a los que fueron sometidas las víctimas mientras permanecieron en cautiverio en alguno de los centros clandestinos de detención montados en la zona.&nbsp;El juicio, de lejos&nbsp;Aunque los sobrevivientes, sus allegados, y diferentes instituciones y organizaciones de derechos humanos pidieron en reiteradas oportunidades que las audiencias se realizaran en Tandil, porque la mayoría de las víctimas y testigos residen en la ciudad, los actos procesales se iniciaron en la ciudad balnearia y se desarrollarán en la sede del tribunal marplatense viernes por medio.&nbsp;Así, la audiencia fue transmitida &nbsp;en vivo en el aula Magna de la Unicen ante un buen marco de público -que se acercó a escuchar atentamente la lectura de cargos que dio inicio al esperado proceso-, con el fin de &nbsp;que la comunidad sea también parte de este proceso de reparación histórica y búsqueda de justicia.&nbsp;De esta manera, se mantendrá la misma dinámica de transmisión en simultáneo en todas las instancias, aunque todavía persiste la esperanza de que alguna de las múltiples jornadas judiciales se traslade en determinado momento a la ciudad.&nbsp;La causa&nbsp;En el debate -que se prolongaría por dos años- se expondrán los hechos cometidos en perjuicio de 109 víctimas en el marco de dos procesos judiciales: la causa denominada “La Huerta” en la que se investigan crímenes cometidos en el campo General Mariano Necochea -conocido justamente como “La Huerta”-, ubicado sobre el acceso a la Base Aérea; en la “Quinta de los Méndez”; en el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER); en las comisarías primera y segunda de Tandil; y casos acumulados en otra investigación instruida en Azul por delitos concretados en esa ciudad y en Cacharí, Saladillo y Las Flores.Entre los imputados del proceso están los hermanos Emilio y Julio Méndez, que fueron condenados en 2012 a 15 y 11 años de prisión por prestar su quinta de Tandil donde estuvo secuestrado y fue ejecutado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977 y que el año pasado fueron absueltos por la Cámara Federal de Casación, luego de que a fines de 2020 la Corte Suprema ordenara que se volviera a examinar la condena que en su momento había dictado el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. También en el juicio comparece &nbsp;como imputado el expolicía Argentino Alberto Balquinta, quien en 2019 fue condenado a prisión perpetua en el juicio conocido como “Monte Peloni 2″.&nbsp;Los otros acusados son: Raúl Alfredo Argüello de la Vega (Ejército), Horacio Ricardo Barriola (Ejército), Luis Ernesto Benítez (área de Sanidad del Ejército), Héctor Eduardo Bernadou (Ejército), Raúl Omar Carlucho (Policía), Jorge Roberto Casares (Ejército), Raúl Alberto Conti (Ejército), Juan Manuel Durante (Ejército), Ricardo Mario Gómez (Policía), Héctor Alberto González Cremer (Ejército), Osvaldo Miguel Guarnaccia (Ejército), Martín Carlos Luzuriaga (Ejército), Héctor Alberto Mangudo (Policía), Héctor Martínez Salgado (Fuerza Aérea), Juan Manuel Miller (Servicio Penitenciario Bonaerense), Joaquín Alberto Monge (Policía), Osvaldo Héctor Repetto (Ejército), Eduardo Augusto Samuy (Ejército), Francisco Oscar Sarmiento (Ejército), Jorge Aníbal Tolosa (Policía), Román Valdecantos (Fuerza Aérea), Néstor Omar Vapore (Policía) y Mariano Edgardo Viviani (Ejército).&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Con la lectura de las acusaciones, se inició el histórico juicio de La Huerta contra 26 represores

Desde la Coordinación de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) recordaron que este viernes 25 de febrero inicia en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en las ciudades de Tandil y Azul.&nbsp;En este sentido, especificaron que son tres las querellas que forman parte de este juicio: Ariel Pelegrino, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a través del Dr. Manuel Marañon, y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Argentina (ADH-Argentina) coordinada por el propio presidente del organismo, el abogado Mter. Francisco Torremare y con el Dr. César Sivo.Asimismo, informaron que el Tribunal está integrado por los jueces subrogantes Nicolás Toselli, Luis Imaz y Fernando Machado Pelloni.Desde esa dependencia universitaria dejaron en manifiesto que “los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la dictadura cívico militar que se van a juzgar son los cometidos en los siguientes Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio: La Huerta, La Quinta de los Mendez, Instituto Superior de Enseñanza Rural, Comisaría Primera de Tandil, Comisaría Segunda de Tandil, Unidad Penal N°7 de Azul y Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” de Azul”.Las audienciasDurante las audiencias, puntualizaron, está previsto que declaren más de 250 testigos, entre los cuales se encuentran más de 100 víctimas de las ciudades de Tandil, Azul y Olavarría, entre otras, y 26 acusados entre militares, policías, penitenciarios y civiles.En el debate el Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Santiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, y los auxiliares María Eugenia Montero y Julio Darmandrail. Tres son las querellas que forman parte de este juicio: Ariel Pelegrino, la Subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense y APDH.El Tribunal informó que en principio las audiencias se realizarán dos veces al mes por lo cual se estima que el juicio tendrá una duración de dos años.“Desde la Unicen, a través del Equipo de Acompañamiento a Víctimas y de la participación en la Mesa de la Huerta hemos solicitado que el juicio se pueda realizar en nuestra casa de estudio como ha sucedido con otros juicios, pero hasta el momento no tenemos precisiones", revelaron.&nbsp;Además, indicaron que han planteado la posibilidad de poder retransmitir en las distintas sedes el juicio a través de la articulación con la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.“Los Juicios de Lesa Humanidad, son juicios que llegan con más de 45 años de atraso. Muchas víctimas y victimarios han fallecido.&nbsp; La reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado es una obligación del Estado Argentino, y del cumplimiento de la normativa del derecho internacional de los derechos humanos", dejaron en claro desde la Coordinación.Ante eso, y para concluir, aseveraron la consideración de que las víctimas de estos juicios deben ser reparadas en su más amplia dimensión, no sólo a través de una sentencia, sino siendo escuchadas, contenidas, y tenidas en cuenta por este Estado y esta Justicia que hoy y "desde hace 15 años viene juzgando y condenando los delitos aberrantes que el propio Estado les causó”.&nbsp;

Derechos Humanos de Unicen dio precisiones sobre el juicio por delitos de lesa humanidad que inicia el viernes

En el marco del inicio del juicio por crímenes de lesa humanidad en el circuito conocido como “La Huerta”, que comenzará este 25 de febrero en Mar del Plata, el próximo jueves se llevará adelante el Festival por la Memoria en la Plaza del Centro desde las 18.&nbsp;La grilla está conformada por:&nbsp;Muestra Reminiscencias (de Juan Cesar y Rodrigo Achával)Flor de MurgaMujeres poetas por la Memoria (lecturas a cargo de Manuela Rabitti y Micaela Di Rocco)Identidad y Memoria (lecturas a cargo de Sofía Cheves y Pilar Jaureguiberry)ReketupáGuachafitaCierre con la banda ArbolitoEl espectáculo es de acceso libre y gratuito, para celebrar el comienzo de un nuevo proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia, según expresaron los organizadores. El evento cuenta con el auspicio del Instituto Cultural de la Provincia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y de la Unicen.&nbsp;

Festival gratuito por la Memoria en la víspera de que empiece el juicio de "La Huerta"

A una semana del inicio del debate oral en el que se ventilarán crímenes de lesa humanidad, ocurridos en Tandil el Bloque de Concejales del Frente de Todos presentó tres proyectos de resolución para la declaración de interés general, social, cultural y educativo el inicio del Juicio por delitos de Lesa Humanidad “La Huerta”, el “Festival por la Memoria” que se desarrollará el próximo 24 de febrero en la Plaza Independencia y la señalización de los exCentros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio: “La Huerta” y “La Quinta de los Méndez”.&nbsp;En el marco del proceso, consideraron que el juzgamiento de los hechos cometidos en el campo General Mariano Necochea -conocido como “La Huerta”-, en la “Quinta de Méndez”, en el exInstituto Superior de Educación Rural (ISER) y en las comisarías Primera y Segunda de Tandil, Unidad Penal 7 de Azul y Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” de Azul tiene un carácter reparatorio muy grande para la sociedad de esta ciudad y la zona.“De la mano del juicio y el inicio del mismo, poniendo en perspectiva la cantidad de años de espera, es un momento de mucha movilización para víctimas y familiares. Estas tres iniciativas que presentamos en el Concejo Deliberante tienen que ver con estar permanentemente acompañando a las víctimas, ya que en estos juicios la gente no llega sola, la tarea es colectiva y en un sentido amplio de todo lo que implica un juicio por crímenes de lesa humanidad”, indicó la edil Guadalupe Gárriz.Vale recordar que la concejal también es miembro, en su rol de psicóloga, del Equipo de Acompañamiento a Victimas desde 2014. Así, respaldó la intención de que se declare de interés general el inicio del Juicio “La Huerta”, con el fin de que la sociedad en su conjunto esté informada y sensibilizada en pos de la contribución a los procesos de memoria, verdad y justicia para una vida plena y democrática.De interés generalEn el comunicado que compartieron, detallaron que el juicio contendrá hechos cometidos en perjuicio de 118 víctimas en el marco de dos causas.&nbsp;Entre los 26 acusados del proceso se encuentran los hermanos Emilio y Julio Méndez, que fueron condenados en 2012 a 15 y 11 años de prisión por prestar su quinta de Tandil, donde estuvo secuestrado y fue ejecutado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, en 1977, y que el año pasado fueron absueltos por la Cámara Federal de Casación luego de que a fines de 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenara que se volviera a examinar la condena que en su momento había dictado el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.Asimismo, Gárriz explicó que los otros dos proyectos que presentaron para que el Legislativo los trate y dé dictamen anticipado, tienen que ver en primer lugar, con la declaración de interés social, cultural y educativo del Festival por la Memoria que se va a desarrollar el día previo al inicio del juicio y que se convoca de manera conjunta con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y con el compromiso de la Unicen.&nbsp;En segundo lugar y después de que la Subsecretaría de DDHH realice un convenio con Vialidad Nacional, el mismo día del festival, se harán dos señalizaciones. Una del exCentro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Huerta”, y la otra en “La Quinta de los Méndez” que posibilita una referencia clara y precisa en los caminos de la red pública provincial de aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que forman parte del corazón del juicio.&nbsp;

El Frente de Todos pidió declarar el juicio “La Huerta” de interés general, social, cultural y educativo

El próximo viernes, representantes de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante, del Área de Derechos Humanos de la Unicen, de Asociación Civil Aprehender Derechos Tandil e integrantes del grupo Memoria por una Vida en Democracia Tandil, que conforman la mesa multisectorial Memoria, Verdad y Justicia, viajarán a Mar del Plata para elevar un petitorio al Tribunal Oral Federal 1.El pedido en cuestión está firmado por víctimas, familiares y numerosas organizaciones sociales para que el juicio a los 26 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívica militar, en el circuito represivo conocido como “La Huerta”, se desarrolle en Tandil.&nbsp;La petición se inscribe en el mismo sentido que la presentada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, en la audiencia preliminar del pasado septiembre, donde se solicitó que los jueces garanticen que se realice la mayor cantidad posible de actos procesales en Tandil ya que “es el lugar en que ocurrieron los hechos que se juzgarán y que es el lugar de residencia de la mayoría de las víctimas y sus familiares”.Un clamor reparador&nbsp;En este sentido, desde la multisectorial conformada para la ocasión consignaron que “han pasado cuarenta años de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia y esa espera tiene que ser puesta en valor para pensar de qué manera llega ese juicio que dará comienzo el 25 de este mes. Es necesario para quienes tendrán que testimoniar en el juicio poder estar acompañados de las familias y grupos de contención”.Al respecto, se esgrimió que los grupos de apoyo y los propios testimoniantes señalan, por ejemplo, las diferencias entre la realización del Juicio de Monte Peloni, en su primer tramo en Olavarría y luego en Mar del Plata, porque resultó reparadora la realización del juicio en el lugar de los hechos, pero &nbsp;el traslado a otra localidad conllevó adversidades y desamparo para muchas víctimas.&nbsp;“No podemos pedir a las víctimas más esfuerzos de los que han realizado en todos estos años para el momento que atravesarán, corriendo el riesgo de exponerlos ante una nueva situación de desamparo, lo que habitualmente se conoce como revictimización: es justamente lo que hay que evitar”, reprotaron en el comunicado.A favor del pedido, quienes firman el petitorio-entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Tati Almeyda, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes sociales y sindicales, entre muchos otros- subrayan la experiencia del juicio por delitos de Lesa Humanidad realizado en nuestra ciudad, donde se investigó la desaparición, tortura y asesinato de Carlos Alberto Moreno, en el cual el Poder Judicial contribuyó a la construcción de la memoria colectiva, generando efectos sociales trascendentes.Ese proceso permitió, a su vez, sucesos de gran impacto social: las señalizaciones de las Comisaría Primera y Segunda, la señalización de la Quinta de los Méndez como Centro Clandestino, La Huerta, la colocación de baldosas por la memoria en veredas de la ciudad donde fueron secuestrados y también en las escuelas donde estudiaron víctimas de la última dictadura cívico militar.Relevancia social&nbsp;Este juicio tiene, además de la reparación a las víctimas y el castigo a los culpables, relevancia pública para la historia de Tandil por lo que su más amplia cobertura y difusión por los medios periodísticos locales es fundamental y esa tarea esencial para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información se vería seriamente limitada de no realizarse el proceso judicial en nuestra ciudad.En tanto, otro aspecto sustancial que se expone en el petitorio, la sociedad argentina ha construido como rasgo distintivo en el mundo es la enseñanza y el estudio sobre Derechos Humanos. De este modo, los antecedentes de asistencia de alumnos y docentes a juicios de estas características e importancia señalan su alto valor formativo; “la condición necesaria para que este aprendizaje de las nuevas generaciones en el sentido de recrear el histórico Nunca Más tenga éxito, requiere que sea nuestra ciudad la sede de su realización”.&nbsp;Es por lo expuesto que la mesa multisectorial Memoria, Verdad y Justicia solicita&nbsp; la realización del Juicio en Tandil: “se trata de un imperativo ético hacer de la instancia del juicio una experiencia de doble significación. Una desde el punto de vista de la reparación subjetiva y otra desde el punto de vista del proceso de reconstrucción histórica para toda la comunidad”.&nbsp;Adhesiones&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;El petitorio cuenta con numerosas adhesiones de personalidades &nbsp;ilustres y de diversas instituciones, de la talla de Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz, Servicio Paz y Justicia); Taty Almeida (Madres Plaza de Mayo&nbsp; Línea Fundadora); y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; hasta diferentes referentes políticos, sociales y sociales, de Tandil y de todo el país.Así, rubricaron su adhesión al pedido Alejandro&nbsp;“Topo” Rodríguez (diputado nacional, Consenso Federal); Horacio Pietragalla Corti (secretario de Derechos Humanos de la Nación); Melisa Greco (diputada provincial Buenos Aires por UCR, JpC); Bernardo Weber (presidente Federación Universitaria Argentina); Matías Moreno (subsecretario de Derechos Humanos); Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Comisión Provincial por la Memoria; Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires; Petra Marzocca; Memoria por la Vida en Democracia Tandil; Julio Elichiribehety; Cristian Cisneros; Leandro Muller (Asociación Aprehender Derechos Tandil); Concejo Deliberante de Tandil por Resolución Unánime 3815 /21; bloque de Concejales UCR en JpC HCD Tandil; bloque de Concejales Frente de Todos HCD Tandil; Asociación Judicial Bonaerense Departamental Azul (AJB -AZUL); Asociación Gremial de Docentes de la Unicen; Sindicato General de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT); Suteba Tandil; Área de Derechos Humanos, Unicen; Bersuit Vergarabat; Arbolito; Héctor Daniel Caresía Lamas (sobreviviente de La Huerta); María del Carmen Silva (víctima, testigo y querellante de La Huerta); Equipo de Acompañamiento a Víctimas, Testigos y Querellantes de los Juicios por delitos de Lesa Humanidad de Tandil, entre otros.&nbsp;