Preocupación por la quita de subsidios al transporte para personas con discapacidad

El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que se le abonaba a las empresas de transporte de larga distancia para cubrir los pasajes gratuitos de personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la normativa.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Transporte a través de la resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial. El documento aclara que el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados) y 27.674 (oncología infantil) “permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”.

En este sentido, el Gobierno puntualizó que “el eventual impacto económico de la decisión se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados”.

En diálogo con el ciclo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, analizó el impacto de la decisión administrativa del Gobierno nacional y puso el foco en una normativa que generó una alerta en todas las defensorías del país nucleadas en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). 

Una resolución “muy regresiva”

Según detalló la abogada ante El Eco Multimedios, esta medida se apoyó en el decreto 883 del 2024, que estableció la desregulación del transporte interjurisdiccional, otorgando mayor libertad a las prestadoras para fijar rutas y precios. Bajo este nuevo esquema, el Ejecutivo nacional determinó que sean las propias empresas las que absorban los costos de la gratuidad.

“Vemos esta resolución muy regresiva porque, si bien el derecho sigue siendo obligatorio, nos preocupa que se transforme en un vaciamiento del sistema”, expresó Lafourcade.

La defensora recordó que el esquema actual establece un cupo de hasta dos pasajes por colectivo que cuente con entre 50 y 54 plazas. “El esquema no cambió en cuanto a la gratuidad para las personas con discapacidad”, resaltó, pero aclaró que ahora será absorbido “por la empresa y no por el Estado”.

Luego, alertó que el sistema presentaba dificultades y quejas constantes por parte de los usuarios, que se encontraban con la negativa de las empresas bajo la excusa de la falta de asientos disponibles.

El temor es que, al no recibir ya el subsidio estatal, las compañías agudicen estas restricciones, convirtiendo un derecho legal en algo de “imposible obtención” en la práctica cotidiana. “De nada sirve un derecho declamado si no  se puede utilizar”, enfatizó.

Más consideraciones

En otro pasaje de la entrevista, Lafourcade subrayó que el uso de estos pasajes en su gran mayoría responde a necesidades de salud y tratamientos médicos de alta complejidad.

“La mayoría de las personas con discapacidad que lo utilizan lo hacen por cuestiones médicas y de salud”, afirmó y detalló que deben trasladarse a centros médicos de alta complejidad, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para recibir la asistencia o tratamientos adecuados.

Ante esta situación, la funcionaria instó a la comunidad a no claudicar en sus derechos. En caso de que una empresa niegue un pasaje a una persona que cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el primer paso es realizar el reclamo formal ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Lafourcade sugirió que el trámite se realice a través de la página web oficial del organismo nacional, pero solicitó que los vecinos también hagan llegar una copia de esa denuncia a la sede local de la Defensoría del Pueblo.

“Necesitamos tener un monitoreo real de lo que está sucediendo en Tandil”, explicó. La intención del organismo local es conocer si existen sanciones y multas ante los incumplimientos y cómo actuará ante las previsibles dificultades que traerá la nueva resolución. “Las dificultades siempre han sido recurrentes con este sistema y se va a agudizar”, alertó.

Para facilitar esta comunicación, los afectados pueden escribir al correo electrónico defensoría@defensoriadelpueblotandil.gob.ar, contactarse a través de las redes sociales o dirigirse personalmente a la oficina de Maipú 253, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

Finalmente, la defensora adelantó que el organismo se encuentra trabajando en un informe sobre la situación de las pensiones no contributivas, otro tema que genera inquietud en el sector.

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