Integrantes del Programa Integral de Extensión Unicen que tuvieron a cargo el censo de las familias que usurparon lotes en La Movediza, conflicto por el cual aún aguarda definiciones en materia judicial, salieron a exponer su postura frente a la problemática, marcando diferencias con la opinión que expuso el Municipio a la hora de abordar el sensible escenario social. 

Primeramente, los universitarios referenciaron que “la toma de tierras que actualmente tiene lugar en el barrio La Movediza no constituye un hecho aislado en la ciudad de Tandil. Forma parte de un ciclo de conflictos vinculados con el acceso al hábitat, que se viene desarrollando desde hace al menos quince años”. 

Desde este equipo de trabajo consideraron  que dicho problema “puede agravarse en el futuro cercano si no se implementan políticas públicas que puedan revertir la situación habitacional crítica en la que se encuentra una buena parte de la población”. 

De acuerdo a investigaciones realizadas, entre 2001 y 2021, en Tandil se produjeron diecisiete hechos de ocupación colectiva de tierras y/o viviendas, ocurriendo la mayor cantidad de ellas a partir de 2009. En la mayoría de los casos, la respuesta del Estado se orientó hacia la sustanciación de desalojos, y, a pesar de ello, los conflictos no se detuvieron, dando cuenta de que los motivos que los impulsan responden a causas estructurales más profundas, consideraron.

“Todo parece indicar que seguir ejecutando la misma política, dirigida a promover el desalojo sin ofrecer otras alternativas, no termina de resolver el problema. Miremos algunos datos. Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), en la ciudad se identificaron diez asentamientos precarios, seis de los cuales surgieron entre 2000 y 2020, y donde residían unas 1655 familias. Estos números dan cuenta de un crecimiento del hábitat precario”, destacaron.

“Paralelamente -siguieron- , si se analizan los resultados de los últimos censos nacionales pueden observarse algunas tendencias preocupantes. Una de ellas es el descenso marcado en la cantidad de hogares que son propietarios de sus viviendas. En 2001 el porcentaje era del 70,4. En 2010 ese número bajó al 62,6 por ciento y en 2022 volvió a caer hasta el 57,8”. 

Según estas cifras, cerca de la mitad de los hogares de Tandil habita una vivienda que no es de su propiedad, registrando el segundo porcentaje más bajo de hogares propietarios entre los municipios de la provincia. La contraparte es el aumento de los inquilinos, quienes crecieron del 15,5 por ciento en el 2001 al 24,5 en el  2010. Además, según mediciones de la Dirección de Estadística Local, esta tendencia se ha profundizado y la población inquilina alcanzó en 2019 un 30 por ciento, valores acuciantes que superan la media provincial y nacional.

“Estas cifras dan cuenta de la consolidación de un proceso estructural más profundo, que se viene generando en las últimas décadas a escala nacional, y que se encuentra vinculado con el incremento de la valorización financiera de los bienes inmuebles, los cuales se utilizan de forma cada vez más frecuente como reservas de valor, o simplemente como instrumentos de especulación”, señalaron. 

Al mismo tiempo, destacaron que en Tandil esta situación se vio reforzada por la presencia de algunos fenómenos particulares, como, por ejemplo, la consolidación de la actividad turística, que ha dado lugar a la difusión de nuevas modalidades de uso de las viviendas, vinculadas con los alquileres temporarios, que generan una menor disponibilidad de unidades habitacionales destinadas al alquiler permanente. Y, en paralelo, se percibe un incremento en los montos de los alquileres, que se encuentran totalmente desfasados en comparación a los ingresos percibidos por la población trabajadora.

La importancia del Protocolo 

En el contexto de esta crisis habitacional, desde Programa Integral de Extensión de la Unicen se han desarrollado una gran variedad de actividades en articulación con múltiples organizaciones sociales e instituciones públicas de las ciudades de Tandil, Azul y Olavarría. En el caso particular de este conflicto, se participó a pedido de actores abocados a la defensa de derechos humanos; la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de Tandil y la Defensoría Departamental de Azul. 

Así fue que se presentó un escrito al juez solicitando la aplicación del “Protocolo de Actuación Judicial frente a ocupaciones de Inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en abril de 2019. 

Cuando se convocaron las instancias de diálogo interinstitucional en el marco del Protocolo, se trabajó en pos de aportar como Universidad a la confección e implementación del relevamiento, así como también abonar a la construcción de soluciones que, desde las políticas públicas, promuevan el acceso a derechos, previniendo las situaciones críticas de vulneración que podrían generarse con un desalojo compulsivo.

Cabe destacar que el Protocolo tiene su ámbito de aplicación en los órganos jurisdiccionales del fuero penal del Poder Judicial. Se trata de una herramienta que busca resguardar los derechos humanos de las familias vulnerables, a partir de establecer pautas de actuación para los funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad frente a situaciones de ocupación y/o desalojos de inmuebles. Es decir, que las directrices de las medidas judiciales se deben implementar adecuándose a las garantías constitucionales en materia de derechos humanos.

Una realidad que no se puede esconder

En el marco de la aplicación del Protocolo, destacaron la importancia del censo de las familias asentadas en el predio de calle Piccirilli, entre Salta y Misiones. El relevamiento se ejecutó de manera conjunta por profesionales de las diversas instituciones intervinientes, juntos con integrantes del programa de Extensión. 

Cabe destacar que la concreción del mismo formó parte de un proceso de trabajo interinstitucional que implicó una serie de encuentros, destinados a acordar los objetivos, métodos e instrumentos de recolección de información. En ellos, se acordó emplear variables e indicadores censales (sociodemográficos y habitacionales), que serían indagadas mediante la técnica de entrevistas estructuradas (encuestas), manteniendo el adecuado resguardo de la anonimidad que caracteriza a la información estadística, y a este tipo de relevamientos en particular.

“Los datos que arrojó el informe son completamente consistentes y, además, concluyentes en torno a la situación de emergencia habitacional que afecta a las familias ocupantes, muchas de ellas, en situación de vulnerabilidad extrema, por lo cual, la política pública debería tratar de abordar el problema, en vez de negarlo con cuestionamientos inconducentes”, se espetó.

Entre las motivaciones declaradas para asentarse en el predio se destaca la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler y, asimismo, entre quienes no alquilaban, el 25 por ciento se encontraba en situación de hacinamiento crítico. En lo que respecta a la inserción en el mercado laboral de las personas relevadas, el 55,2 por ciento no se encontraban registradas, un 27,6 estaban desocupadas y un 2,9 recibían jubilaciones o pensiones. A su vez, el 38,1 por ciento de los hogares se encontraban en situación de indigencia, el 33,6 en situación de pobreza no indigente y sólo el 28,3 estaban por encima de la línea de la pobreza. 

Además, entre las familias con menores, sólo el 36,5 por ciento de los hogares declaró recibir la asignación universal por hijo u otras asignaciones familiares, mientras que sólo el 34,5 de los hogares eran titulares de derecho de algún plan social. 

La necesidad de caminos alternativos

Asimismo, se adviertó  con preocupación “la creciente judicialización de conflictos urbanos como su principal forma de resolución. Pensar los desalojos en tanto medidas ejemplares tendientes a generar antecedentes que desalienten futuras ocupaciones resulta incorrecto, y ha demostrado no dar resultados. La decisión de no dialogar ni ofrecer respuestas a quienes ocupan argumentando no querer convalidar esta forma de producir ciudad, no evita que los procesos de “informalidad urbana” continúen, al tiempo que agrava la vulneración de derechos humanos fundamentales”.

Tanto los datos construidos a partir de la aplicación del Protocolo, como informes e investigaciones previas, advierten que las motivaciones que impulsan a una buena parte de las familias a realizar ocupaciones irregulares obedecen a las causas estructurales mencionadas con anterioridad, señalaron.

De este modo, afirmaron que “frente a la agudización de cada una de estas causales, la interpretación sobre los motivos que llevan a las personas a protagonizar hechos de ocupación de tierras, no puede restringirse únicamente a observar intereses individuales o actitudes oportunistas”. 

En consonancia, como equipo de Extensión Universitaria que trabaja desde el  2013 la problemática urbano-habitacional, “reafirmamos la importancia de las instancias de diálogo, que no deben darse por agotadas hasta tanto se avance en implementar políticas públicas que atiendan la crítica situación, entendiendo que la resolución alternativa del conflicto brinda una oportunidad para discutir sobre el futuro de nuestra ciudad y sobre los desafíos para garantizar soluciones de fondo para el derecho vulnerado del acceso al hábitat digno”.