La determinación se conoció luego del sangriento operativo policial desplegado el martes en favelas de Río de Janeiro contra la organización criminal Comando Vermelho.

La medida, publicada en el Diario Oficial de la Unión, modifica el Código Penal y las leyes que regulan el combate a organizaciones criminales, al endurecer penas e incorporar nuevas figuras delictivas.

Entre los principales cambios, la ley establece que contratar a un integrante de alguna organización criminal para cometer un delito será castigado con uno a tres años de prisión, además de la pena correspondiente al delito cometido.

La reforma tipifica también la obstrucción de acciones contra el crimen organizado, incluidas conspiraciones para dificultar investigaciones o procesos con penas de cuatro a 12 años de reclusión.

En los casos de obstrucción, los acusados ​​deberán cumplir prisión provisional en cárceles federales de máxima seguridad, medida que busca impedir la continuidad de las operaciones delictivas desde el interior de las cárceles, una práctica habitual de gran alcance en grupos delictivos como el “Primer Comando de la Capital” o el “Comando Vermelho”.

Otro punto relevante de la ley promulgada es la ampliación de la protección personal para jueces, fiscales, policías y otros agentes de seguridad pública, tanto en actividad como jubilados, así como a sus familiares, cuando se encuentren en situación de riesgo derivada del ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el Gobierno de Brasil, la ley responde a la necesidad de “proteger” al Estado frente a las estructuras criminales que desafiaban su autoridad y amenazaban a quienes las combatían. NA

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