La muerte de soldados profundizó la fisura entre el gobierno de Perú y la región de Puno

La muerte de seis soldados que se ahogaron en un río y las versiones contradictorias al respecto ahondaron en Perú la distancia entre el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el departamento andino de Puno, el único que mantiene ininterrumpidamente la huelga que empezó en enero.

Los militares insisten en que a los soldados se les ordenó cruzar el río Ilave porque eran atacados por campesinos con piedras, pero los pobladores, a los que respaldan imágenes de video, sostienen que fue un capitán el que dio la orden sin importarle que algunos uniformados ni siquiera sabían nadar.

“Esta culpa (la) tiene la presidenta ¿hasta cuándo? Tiene que dar un paso al costado, es por causa de este gobierno, que no quiere retroceder, por eso es el culpable”, lamentó el campesino Samuel Canaza al enterarse de que su hijo Juan fue uno los que murieron en las aguas del Ilave.

“A esta señora nunca le vamos a perdonar haber matado a nuestros hijos; esta es una dictadura, nosotros no vamos a parar hasta que se vaya”, dijo la pobladora Bertha Sucari al semanario limeño Hildebrandt en sus Trece.

La tragedia, que cobró la vida de seis soldados de entre 18 y 20 años, todos originarios de la zona, se produjo dos meses después de que 18 civiles murieran en Puno, varios de ellos a balazos, en la represión de movilizaciones que exigen la renuncia de Boluarte y la celebración de elecciones.

Puno, departamento en la frontera con Bolivia con casi 1,3 millones de habitantes, la mayoría indígenas aimaras y quechuas, sigue en huelga desde el 4 de enero, a diferencia de otras regiones, que levantaron total o parcialmente las medidas de fuerza para atender sus necesidades económicas.

“Tenemos un encargo de nuestro pueblo: hacer todo para que la dictadora se vaya; ella nos ofendió cuando dijo que Puno no es Perú, hemos dejado a nuestros hijos y familias para venir a luchar”, advirtió en Lima la dirigente comunal puneña Martha Condori.

El inicio

Las protestas que estallaron en diciembre, después de que el Congreso destituyera al presidente Pedro Castillo y lo reemplazara por la, entonces, vicepresidente Boluarte, tuvieron como epicentro a los departamentos del sur andino, donde conviven quechuas, aimaras y mestizos.

En solo un día, el 9 de enero, 18 civiles murieron en choques con las Fuerzas Armadas en la ciudad de Juliaca, la mayor de Puno. Los hechos se desencadenaron cuando un grupo de pobladores quiso tomar el aeropuerto internacional Manco Capac en esa localidad a 3.800 metros de altura.

“Tenemos que proteger a los 33 millones de peruanos, Puno no es Perú”, dijo luego Boluarte en un encuentro con corresponsales extranjeros que la cuestionaron sobre lo que sucedía en ese departamento a 1.500 kilómetros al sur de Lima.

La frase, de la que la mandataria argumentó después que había sido “malinterpretada”, abrió más la brecha entre la capital y una región que desde siglos atrás se siente postergada.

Cuando las cosas pasaban por un momento de calma relativa, la muerte de los soldados atizó el fuego. Según la versión militar, la patrulla, de unos 15 miembros, era hostilizada por pobladores con piedras y palos, por lo que su jefe, el capitán Josué Frisancho, ordenó el cruce a nado del Ilave. (Tèlam)