En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsaron endurecimiento de penas por alcohol al volante, venta ilegal y trapitos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12). La iniciativa busca endurecer las penas, sumar nuevas faltas y agravar las consecuencias para los reincidentes, incluyendo aumentos en multas, trabajo de utilidad pública y días de arresto.

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Entre los puntos principales, el proyecto establece multas superiores a los 7 millones de pesos por conducir alcoholizado, sanciones de hasta 58 millones de pesos por venta ilegal en el espacio público y hasta 90 días de arresto para los denominados trapitos reincidentes.

Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad, sostuvo Macri.

El jefe de Gobierno añadió que no existe una ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. La propuesta también incorpora nuevas contravenciones, como el acecho en la vía pública, la obtención de claves mediante engaños digitales y la manipulación fraudulenta de sistemas de transporte público.

Para los ruidos molestos, las tareas de utilidad pública pasarán de un rango de 1 a 5 días a uno de 3 a 15 días, con multas que llegarían a 600 UF, equivalentes a 703.848 pesos. En el caso de la conducción con alcohol, la sanción prevé una multa de 1.000 a 6.000 UF, arresto de 5 a 30 días e inhabilitación de la licencia de hasta 4 años.

La reforma suprime la condena en suspenso y crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público. Asimismo, el proyecto alcanza a adolescentes de 14 a 17 años con un régimen diferenciado que prioriza la educación, la integración social y la reparación del daño.

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El Eco de Tandil

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