Procesaron a Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito durante su gestión
El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento del exfuncionario por un incremento patrimonial injustificado registrado entre 2003 y 2017.
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El juez federal Julián Ercolini procesó al exfuncionario Roberto Baratta en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue confirmada este 7 de octubre de 2026 por fuentes judiciales.
El magistrado, quien se desempeña como subrogante del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12, consideró en su fallo que el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación habría incrementado su patrimonio de manera apreciable e injustificada durante el período comprendido entre 2003 y 2017.
Según el escrito judicial, este aumento carecería de sustento al contrastarlo con sus ingresos legítimos. El juez detalló que las aplicaciones de fondos verificadas arrojaron saldos negativos en los ejercicios 2005, 2008, 2010 y desde 2012 hasta 2017. Dichos montos, acumulados a lo largo del lapso imputado, ascienden a la suma de 4.678.496,90 pesos.
“Este incremento patrimonial se habría materializado a través de la adquisición de diversos bienes inmuebles y vehículos, registrados tanto a nombre del imputado como de personas interpuestas de su entorno familiar directo, al igual que mediante la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera”.
Uno de los puntos centrales de la acusación se refiere a un lote en el Mapuche Country Club de Pilar, adquirido por 70.000 dólares en efectivo, sobre el cual se construyó una mansión valuada en 3.700.000 pesos. La investigación sostiene que la incorporación de este bien fue disimulada mediante la actuación de su madre, Marta Rosa Girola, quien figuró como titular registral.
En su última declaración indagatoria, Roberto Baratta rechazó los cargos, aseguró que sus bienes fueron adquiridos de forma legítima y sostuvo que la mansión formaba parte de un proyecto familiar. Finalmente, el juez Julián Ercolini ordenó el embargo de los bienes del imputado por una suma de 1.500 millones de pesos.