Impulsan un proyecto de ley para que conducir bajo los efectos del alcohol sea considerado delito
Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical presentaron una iniciativa que busca reformar el Código Penal para endurecer las penas por siniestros viales y establecer la alcoholemia al volante como un delito específico.
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Los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo central reformar el Código Penal. La iniciativa busca elevar las condenas por homicidios y lesiones al volante, crear un delito específico de conducción con alcoholemia e impedir que las causas prescriban durante las instancias de apelación.
Actualmente, manejar bajo los efectos del alcohol no constituye un delito y se sanciona únicamente mediante una multa de tránsito. Ante esta situación, la propuesta del radicalismo, que recoge la demanda de familiares de víctimas, pretende castigar la conducta antes de que derive en una tragedia.
“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia. Al mismo tiempo, los umbrales previstos permiten mantener diferenciada la infracción administrativa de aquella conducta que, por la entidad del riesgo, merece una respuesta penal concreta”, explicó la presidente del Bloque de Diputados de la UCR, Pamela Verasay.
El proyecto también apunta a modificar la normativa vigente que permite que, en ciertos casos, quienes provocan muertes al volante reciban condenas condicionales. La propuesta obliga al cumplimiento efectivo de cárcel y aumenta los plazos de inhabilitación para conducir.
“De esta manera, actualizamos las penas para que las condenas reflejen la gravedad de los hechos y que no sea un delito fácilmente excarcelable. En pocas palabras, queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas”, añadió Verasay.
Finalmente, la iniciativa busca terminar con la prescripción de causas durante los procesos de apelación. Según los autores, se propone que la sentencia que confirma la condena interrumpa dicho plazo, evitando que el caso concluya mientras se encuentra bajo revisión judicial.
“No resulta razonable que el tiempo que demanda el control judicial de una sentencia condenatoria pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores”, concluyó la diputada.
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