En el marco de una creciente ola de amenazas en establecimientos educativos de todo el país, se registraron en las últimas horas allanamientos, detenciones e imputaciones de adolescentes en distintas provincias, a partir de mensajes intimidatorios vinculados a posibles tiroteos o hechos de violencia escolar.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde fue identificado un joven de 16 años que había publicado en redes sociales advertencias sobre una supuesta masacre en el colegio Juana Manzo. La investigación se inició tras una denuncia al 911 que alertaba sobre la difusión de imágenes con un arma en Instagram y grupos de WhatsApp, acompañadas de mensajes como: “Nos vemos mañana, wachines”.

A partir de las capturas aportadas, los investigadores lograron rastrear perfiles vinculados al adolescente, alumno de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”. Como medida preventiva, se dispuso una consigna policial en el establecimiento.

Posteriormente, efectivos de la DDI San Martín y de la SUB DDI San Miguel realizaron un allanamiento en el domicilio del menor, donde secuestraron siete teléfonos celulares, una notebook, una pistola de gas comprimido —réplica de una 9 milímetros— y municiones. El adolescente fue identificado y quedó a disposición de la Justicia.

En la provincia de Salta, en tanto, tres estudiantes fueron detenidos tras detectarse grafitis con amenazas en el baño de varones del Colegio Walter Adet. Según la investigación, a cargo del fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic, los propios alumnos habrían reconocido que se trataba de un “reto”. El Juzgado de Garantías interviniente ordenó sus arrestos.

Por su parte, en Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° imputó a ocho adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de una causa que investiga más de un centenar de episodios similares en la capital provincial. Además, se desarrollan diligencias en localidades como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

La reiteración de estos hechos encendió las alarmas en el sistema educativo y judicial. Desde distintos organismos se advirtió sobre la necesidad de abordar las conductas como situaciones graves, al tiempo que se remarcó la importancia de trabajar en la prevención y en la gestión de conflictos dentro de las comunidades escolares, evitando amplificar el miedo entre estudiantes y familias.

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