Prefectura Naval intimó a más de 500 prácticos a levantar el paro en los puertos
El Gobierno nacional exigió la reanudación inmediata de las tareas de practicaje y pilotaje ante la parálisis que afecta a más de 150 buques en todo el país.
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Mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional, a través de la Prefectura Naval Argentina, intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país. La medida responde al conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado.
“En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (...) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, indica el texto oficial.
La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. Según se informó, más de 150 buques se vieron afectados por esta situación.
Acciones legales y sanciones
Ante la profundización del impacto económico que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio de manera urgente. Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales.
Estas acciones se enmarcan en los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.
El origen del conflicto
La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.
Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la Prefectura Naval Argentina, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.
El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas hasta tanto la administración central deje sin efecto el decreto en cuestión.
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