Presupuesto 2027: el Gobierno busca establecer nuevas restricciones para la contratación de personal

El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2027, el cual incluye una serie de medidas orientadas a profundizar la reducción del empleo público. La iniciativa propone congelar la cobertura de vacantes en la administración nacional y endurecer los criterios para la incorporación de nuevos trabajadores, una política que ha sido impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

¿qué querés saber?

   Dame un resumen

El funcionario ha defendido esta postura en reiteradas ocasiones, argumentando que la reducción del gasto es fundamental para la economía. En sus redes sociales, el ministro señaló: “Bajar el gasto público es la única manera sustentable de bajar la carga impositiva y remover ese yunque que aprieta los salarios de los argentinos. Sería genial que las provincias hagan lo mismo: menos gasto y menos impuestos. Ya vendrá”.

De acuerdo con el texto del proyecto, los cargos vacantes no podrán cubrirse de manera automática. Cualquier excepción requerirá una autorización expresa de la Jefatura de Gabinete, una medida que busca sostener el equilibrio fiscal durante el próximo año electoral. Esta normativa formaliza un proceso de achicamiento que el gobierno de Javier Milei inició en diciembre de 2023, mediante la no renovación de contratos, jubilaciones y retiros voluntarios.

Según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la dotación del Sector Público Nacional descendió de 343.357 a 270.835 trabajadores. En la Administración Pública Nacional, la reducción fue de 49.578 empleados, mientras que en las empresas del Estado el recorte alcanzó los 22.944 puestos. A pesar de la tendencia general, sectores como el Ministerio de Justicia incrementaron su personal en 1.305 trabajadores.

El artículo 7 del proyecto establece que, si bien se busca limitar el ingreso de personal, existirán excepciones para áreas críticas. Entre los sectores exceptuados se encuentran las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario, los servicios de salud y el Poder Judicial. Finalmente, el artículo 6 impone límites a los cargos financiados y obliga al Poder Ejecutivo a publicar periódicamente la evolución de las plantas de personal para garantizar el control de la ejecución presupuestaria.