Sindicatos convocan a un abrazo a la sede de la UOM tras la intervención judicial

Distintos sindicatos y organizaciones sociales planificaron para este martes al mediodía un abrazo a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicada en Alsina al 400, en el barrio porteño de Monserrat. La medida busca expresar su defensa hacia Abel Furlán y otros dirigentes desplazados por la Justicia de la conducción del gremio.

La movilización, impulsada por ese sector y sus aliados del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), pretende ser una demostración de fuerza tras la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El tribunal decidió anular las elecciones de la Seccional Zárate-Campana, celebradas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades del 18 de marzo, disponiendo la intervención judicial del sindicato.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es una de las organizaciones que participará de la protesta. Su titular, Rodolfo Aguiar, propuso avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado:

“Si no vamos a una huelga general, se quedan con los sindicatos. Tenemos una Justicia que hace política, que ya gobierna y ahora también quiere conducir los gremios”.

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Tras el abrazo, los miembros del FRESU, que agrupa a más de 140 entidades, evaluarán la definición de medidas de fuerza. Por su parte, Abel Furlán calificó la medida como un ataque directo a la organización:

“Cada vez que hubo proyectos de ajuste, apertura económica y destrucción del aparato productivo, se intentó disciplinar a la organización sindical más importante de la industria. Hoy lo intentan en democracia por primera vez: pretenden desplazar a toda la conducción nacional elegida por los trabajadores en medio de una ofensiva contra los derechos laborales”.

El dirigente metalúrgico responsabilizó además a la lista opositora derrotada en las elecciones de Campana-Zárate por recurrir a la vía judicial para obtener lo que no lograron en las urnas. El fallo de la Sala VIII, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó la decisión en la falta de garantías de transparencia durante el proceso electoral.

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