Vacunatorio VIP: citaron a indagatoria a Duhalde, Taiana y otros exfuncionarios por las vacunas recibidas durante la pandemia

La causa por el denominado “Vacunatorio VIP” volvió a tomar impulso en la Justicia Federal. A más de cinco años de que el escándalo quedara en el centro de la escena política argentina, la jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió citar a indagatoria a 34 personas que, según la investigación, recibieron vacunas contra el coronavirus cuando todavía no integraban los grupos considerados prioritarios.

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La medida respondió a un planteo del fiscal Eduardo Taiano y alcanzó a dirigentes políticos, exfuncionarios, sindicalistas, familiares y otras personas que habían accedido a dosis de Sputnik V durante una etapa en la que las vacunas constituían un recurso limitado.

Entre los principales nombres incluidos en el listado aparecieron el expresidente Eduardo Duhalde; su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde; sus hijas Juliana y María Eva Duhalde; el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana; el diputado Eduardo Valdés; el periodista Horacio Verbitsky; y el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto, entre otros.

Las indagatorias fueron fijadas entre el 2 de octubre y el 9 de diciembre. De acuerdo con el dictamen presentado por Taiano, quienes recibieron las dosis no habrían tenido un rol meramente pasivo, sino que podrían ser considerados partícipes necesarios del delito de peculado, según la hipótesis que sostiene la fiscalía.

El planteo judicial puso el foco en que las personas investigadas habrían aceptado las vacunas pese a conocer que no formaban parte de los grupos estratégicos habilitados para recibirlas en ese momento.

La investigación se originó a partir del escándalo que estalló en febrero de 2021, cuando se conoció que en dependencias del Ministerio de Salud de la Nación se habían aplicado vacunas a personas que no integraban los grupos prioritarios definidos por las autoridades sanitarias.

El episodio derivó en la salida del entonces ministro de Salud, Ginés González García, y abrió una investigación judicial para determinar responsabilidades tanto de quienes organizaron el mecanismo como de quienes recibieron las dosis.

Un recuerdo que también alcanzó a Tandil

El debate por el acceso privilegiado a las vacunas también había tenido un capítulo propio en Tandil durante los primeros meses de la campaña de inmunización contra el Covid-19.

En marzo de 2021, cuando todavía existía una fuerte escasez de dosis y la vacunación se concentraba en los sectores considerados prioritarios, trascendieron los casos de algunos funcionarios y personas vinculadas al Gobierno municipal que habían recibido vacunas.

Entre los nombres que tomaron estado público figuraron Roberto Pérez, encargado de la coordinación técnico-operativa de la Secretaría Privada y estrecho colaborador del intendente Miguel Lunghi; Patricia Rizzardi, coordinadora de la Casa de Abrigo Martha Pelloni; y el exjefe de Gabinete municipal Julio Elichiribehety. 

La situación generó cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones sobre los criterios utilizados para determinar quiénes podían acceder a las dosis. Desde el Municipio se había sostenido que los funcionarios cuestionados tenían vínculos con tareas sanitarias o que sus vacunaciones respondían a criterios específicos.

El episodio incluso había motivado que la Provincia anunciara que investigaría si se habían producido irregularidades en Tandil. La directora asociada de la Región Sanitaria VIII, Martina Iparraguirre, había cuestionado públicamente las explicaciones brindadas por el Ejecutivo local y había calificado como “grave” la vacunación de determinados funcionarios.

En ese contexto, el Concejo Deliberante había impulsado la conformación de un Comité Multidisciplinario e Interinstitucional para monitorear la campaña de vacunación. El espacio reunió a representantes de distintos niveles del Estado y de las fuerzas políticas locales, aunque finalmente evitó abordar en profundidad la polémica durante una de sus primeras reuniones.

La controversia también tuvo una expresión pública en las calles de la ciudad. A fines de febrero de 2021, cerca de un centenar de personas se habían concentrado en la Plaza Independencia para reclamar por una distribución “transparente, justa y equitativa” de las vacunas, en el marco de las manifestaciones que se habían replicado en distintos puntos del país luego de conocerse el caso nacional.

Qué deberá determinar la Justicia

Con las nuevas citaciones, la causa nacional buscará avanzar sobre la responsabilidad de quienes recibieron las vacunas y sobre las circunstancias en las que fueron administradas.

El dictamen fiscal consideró que las dosis habían sido desviadas de los criterios de distribución establecidos por las autoridades sanitarias en un momento crítico de la pandemia. Para la fiscalía, los beneficiarios conocían que no estaban incluidos entre quienes podían acceder a las vacunas.

Ahora, cada uno de los citados deberá presentarse ante la Justicia y tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y explicar las circunstancias en las que recibió la dosis.

Las primeras audiencias comenzarán el 2 de octubre y el cronograma se extenderá hasta diciembre. La decisión de Capuchetti reactivó así una causa que había quedado instalada como uno de los principales escándalos políticos de la primera etapa de la pandemia y que, cinco años después, volvió a ocupar un lugar central en la agenda judicial argentina.

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El Eco de Tandil

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