Por Santiago Romay
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl reciente hecho delictivo ocurrido en un local de la calle Sandino, protagonizado por un adolescente alojado en el Hogar Convivencial Luciano Arruga, no debería ser analizado solo como un acto aislado, sino como un síntoma de una falla estructural más profunda: el colapso del sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Ese joven lleva años dentro del sistema. Antes de su traslado a Tandil, estuvo alojado en el Hogar de Abrigo Monseñor Manuel Marengo, en Azul. Durante todo ese tiempo se evidenciaron serios problemas de salud mental que requerían un abordaje específico. Sin embargo, no se desarrolló ninguna estrategia de tratamiento ni de autonomía, pese a su cercanía con la mayoría de edad. El resultado fue un hecho gravísimo que, por fortuna, no terminó en tragedia.
Hace más de un año, el Consejo de Niñez de Tandil solicitó al Municipio que se declarara la emergencia en políticas de niñez. Nunca se obtuvo respuesta. Tampoco se tomaron medidas significativas. Recientemente, los equipos técnicos del Servicio Local de Tandil volvieron a reclamar por condiciones que siguen sin resolverse.
La situación es crítica. No hablamos de miles de chicos: en toda la provincia hay poco más de 4.500 niños y adolescentes en situación de abrigo. En Tandil, los casos más graves —especialmente los que involucran salud mental— se pueden contar con los dedos de una mano. Y, aun así, la única respuesta es el traslado constante de hogares, sin planificación ni contención cuando no internaciones que violentan la actual ley de salud mental.
No se trata solo de responsabilidades estatales o políticas. También hay una responsabilidad social. Estos chicos, sin referentes afectivos, atravesados por el abandono, el consumo, la violencia y la exclusión, deberían ser el centro de nuestras preocupaciones colectivas y no el chivo expiatorio de nuestras frustraciones.
El compromiso de los trabajadores de niñez como de los funcionarios del área es innegable, pero no alcanza. Se necesitan políticas claras, recursos concretos y una articulación real entre áreas municipales. Mirar para otro lado, minimizar lo que ocurre o esperar a que cumplan 18 años para que dejen de ser “un problema”, no es una opción ética ni humana.