Avanza la causa por corrupción en Osprera que involucra a un socio de Martín Menem

La Justicia federal avanza en una investigación sobre presuntos hechos de corrupción en la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), entidad que se encuentra bajo intervención desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. La causa se centra en el desvío de fondos multimillonarios hacia una empresa sospechada de ser una cáscara vacía, cuyo principal accionista es Sergio Aguirre, socio formal del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El juez Sebastián Casanello ordenó la declaración indagatoria de Aguirre, quien deberá presentarse en los tribunales el 13 de agosto a las 12 del mediodía. Junto a él, también fueron convocados los interventores de la obra social, en el marco de una pesquisa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán.

Según la investigación, los interventores de Osprera habrían desviado al menos 260 millones de pesos a cuentas de la firma HTech Innovation, propiedad de Aguirre. El fiscal Marijuán sostiene que en estas maniobras habría tenido una injerencia fundamental Eduardo Lule Menem, primo de Martín Menem y actual subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.

De acuerdo con el expediente, la primera interventora, Virginia Montero, fue quien inició la contratación con la firma de Aguirre, mientras que su sucesor, Marcelo Petroni, renovó el vínculo. La empresa, que había sido inscripta ante el Estado en abril de 2024, facturó un total de 262 millones de pesos exclusivamente a la obra social.

El juez Casanello, al aceptar los pedidos de indagatoria, dictó un embargo de 920 millones de pesos sobre los bienes de todos los acusados. En su resolución, el magistrado señaló:

Debe señalarse que el caso presentado por la fiscalía supone un actuar interesado por parte de quien cumplía funciones públicas y un obrar infiel que generó pérdidas a unos y ganancias indebidas a otros.

Los imputados deberán responder ante la Justicia por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. La investigación busca determinar la responsabilidad de los funcionarios y empresarios en el manejo de los fondos de los trabajadores rurales.

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