El Estado podría pagar 10 millones de dólares en honorarios a los abogados de Cristina Kirchner

El Estado podría tener que afrontar casi 10 millones de dólares en honorarios de abogados luego de que quedara sin efecto el juicio civil que la Dirección Nacional de Vialidad había iniciado contra Cristina Kirchner y otros involucrados en la causa por la obra pública en Santa Cruz. La suma en discusión asciende a unos 13.614 millones de pesos y corresponde a los honorarios regulados a favor de 12 abogados que intervinieron en representación de los demandados.

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El cobro, sin embargo, todavía no está firme. Vialidad Nacional recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la decisión que dio por terminado el expediente y la Cámara suspendió el trámite de las regulaciones hasta que se resuelva ese planteo. La demanda había sido promovida en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, entre ellos Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Osvaldo Daruich, Nélson Periotti, José Francisco López y Raúl Gilberto Pavesi.

Caducidad de la instancia

Con el paso del tiempo, el Estado dejó de impulsar el expediente. La inactividad comenzó durante la gestión de Alberto Fernández y terminó de consolidarse entre marzo y abril de 2025. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró entonces la caducidad de la instancia, una figura procesal que permite dar por terminado un juicio cuando la parte que debe impulsarlo permanece inactiva durante el plazo previsto por la ley.

A partir de esa decisión, los abogados de los demandados pidieron que se fijaran sus honorarios, regulación que fue realizada el 9 de abril pasado. El monto más alto corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Villafañe y Santibáñez, a quien se le regularon aproximadamente 3.714 millones de pesos, equivalentes a unos 2,42 millones de dólares. También fueron regulados honorarios por unos 1,21 millones de dólares cada uno para Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora. En el caso de los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín tiene asignados alrededor de 359 mil dólares y Fernando Muriel, unos 216 mil dólares.

El 14 de julio, la Cámara resolvió suspender el trámite de regulación de honorarios hasta que la Corte Suprema defina el recurso presentado por Vialidad. Ante esa situación, Goldín y Muriel acudieron el 4 de agosto directamente al máximo tribunal, denunciaron una situación de privación de justicia y pidieron que se deje sin efecto la decisión que mantiene congeladas las regulaciones.

Ejecución patrimonial

La discusión se tramita en paralelo con la ejecución patrimonial de la condena penal en la causa Vialidad, donde el Tribunal Oral Federal N° 2 avanza sobre los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados para hacer efectivo el decomiso. El monto fue actualizado de acuerdo con un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y quedó establecido en 685.000 millones de pesos, cifra que ya fue confirmada en las distintas instancias judiciales.

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El Eco de Tandil

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