El Gobierno nacional enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según comunicó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X. Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto contempla una actualización de la normativa sancionada en 2010, con la intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

Desde la cartera sanitaria argumentaron que la iniciativa “busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, al mismo tiempo que revelaron que aspiran a clarificar conceptos y criterios técnicos. Para la elaboración del texto se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales, además de actores del ámbito judicial y legislativo.

Diagnóstico y cambios en la normativa

Entre los impedimentos detectados en la práctica diaria, se observó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental. En la administración nacional aseguran que el término padecimiento mental es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y generaría demoras en la intervención.

“El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde el organismo.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el objetivo de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”. Sin embargo, aclararon que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”.

Internaciones y red de atención

El nuevo esquema establece que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. “Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, detallaron las fuentes oficiales.

Por otro lado, el proyecto propone fortalecer la red de atención con hospitales especializados, marcando una diferencia con la ley vigente que impulsa el cierre de instituciones monovalentes. Actualmente, el sistema cuenta con 30 instituciones públicas de este tipo y al menos 139 privadas. Finalmente, se busca ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y el Sedronar.

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