El Gobierno envió al Congreso la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y fomentar el ingreso al sistema financiero de los dólares que hoy permanecen fuera del circuito formal.

El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo y Sandra Petovello. La intención del oficialismo es que la Cámara baja comience a debatir la propuesta durante la primera semana de agosto y lograr su aprobación antes de fin de ese mes.

Para alcanzar ese objetivo, La Libertad Avanza deberá negociar con bloques aliados, ya que no cuenta con los votos suficientes para garantizar por sí sola el tratamiento y la aprobación del proyecto. En ese escenario, serán determinantes las conversaciones con el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas.

Uno de los puntos que promete generar mayor controversia es que los funcionarios públicos también podrán adherir al régimen, una posibilidad que ya despertó cuestionamientos entre sectores aliados, que impulsarán su exclusión durante el debate parlamentario.

Más contribuyentes podrán acceder al régimen

La principal modificación amplía significativamente el universo de personas que podrán optar por el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Mientras que hasta ahora solo podían adherirse quienes registraban ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, la reforma habilita el acceso a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que el cambio busca "democratizar el acceso a un sistema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias".

Cambios en los controles de ARCA

La iniciativa mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria, aunque introduce una nueva definición del concepto de "discrepancia significativa", criterio que habilita al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada.

Según el proyecto, esa discrepancia existirá cuando la revisión determine un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Operaciones bancarias y prevención del lavado

Otro de los ejes de la reforma establece que quienes adhieran al régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. El requisito se considerará cumplido cuando esos canales intervengan en el origen o en el destino de la operación.

Además, los fondos ingresados bajo estas condiciones podrán acceder a los beneficios previstos en la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027, al tiempo que se fijan criterios específicos para su tratamiento en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

Por último, el proyecto instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que la adhesión al régimen sea considerada un antecedente favorable en los controles de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, aclara que esa condición no exime a bancos y entidades financieras de cumplir con los procedimientos de identificación de clientes, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.

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