Nación demandó a la Provincia por el traspaso de aportes jubilatorios de 20 mil trabajadores al IPS

La disputa entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense de Axel Kicillof sumó un nuevo capítulo luego de que la gestión de Javier Milei presentara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Provincia de transferir al Instituto de Previsión Social (IPS) los aportes jubilatorios de unos 20.000 trabajadores de empresas estatales bonaerenses.

La medida fue establecida mediante el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, aprobada por la Legislatura bonaerense, que dispone que las empresas estatales de la Provincia realicen los aportes patronales al IPS en lugar de la Anses. De esta manera, millones de pesos mensuales que hasta ahora ingresaban al sistema previsional nacional pasarán a financiar la caja jubilatoria provincial.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la decisión y sostuvo que "creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial".

En respuesta, el Gobierno nacional promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Provincia y el IPS, al considerar que la medida invade competencias federales, afecta el financiamiento de la Anses y genera un conflicto entre ambos sistemas previsionales.

Bianco cuestionó la presentación judicial y afirmó que la demanda "busca dificultar la gestión en la provincia". Además, aseguró que el Ejecutivo nacional "no se quiere quedar sin los fondos", aunque remarcó que la postura "va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la Anses". En ese sentido, señaló que, en antecedentes similares, el organismo previsional nacional avaló que empresas y organismos provinciales realizaran sus aportes a las cajas jubilatorias de cada jurisdicción.

La decisión alcanza a distintas empresas estatales bonaerenses, entre ellas ABSA, prestadora del servicio de agua y cloacas en 95 municipios; Aubasa, concesionaria de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de las rutas hacia la Costa Atlántica; Centrales de la Costa, Ceamse, Bagsa y otras firmas vinculadas al sector energético.

En paralelo, la medida también enfrenta cuestionamientos de otros sectores. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se declare la inconstitucionalidad del mismo artículo, al considerar que obliga a los establecimientos educativos privados a transferir al IPS los aportes previsionales de docentes y personal auxiliar.

De acuerdo con estimaciones de esa entidad, el eventual traspaso podría involucrar entre 50.000 y 55.000 trabajadores del sector educativo privado, entre docentes, auxiliares y personal no docente.

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