El senador bonaerense Sergio Vargas, integrante del bloque libertario dialoguista, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para crear un dispositivo de salud mental específico para el personal de las fuerzas de seguridad. La iniciativa surge ante el aumento exponencial de casos de suicidio que sacude a la provincia de Buenos Aires. 

Según fundamentó el legislador, "esta ausencia de políticas específicas no solo impacta en la vida personal de los agentes, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio de seguridad que el Estado brinda a la ciudadanía".

En el último tiempo, se han vuelto habituales los episodios donde integrantes de las fuerzas deciden quitarse la vida. El trasfondo de estos casos suele estar marcado por hogares con dificultades económicas, salarios insuficientes y una sobrecarga de horas de servicio extra para cubrir gastos básicos.

 Al respecto, Sergio Vargas describió: "Durante años, quienes integran estas instituciones desempeñaron sus funciones en contextos de alta exigencia emocional, exposición a situaciones traumáticas y presión operativa constante, enfrentando lo que técnicamente se denomina riesgo psicosocial crítico".

El senador por la Sexta sección electoral advirtió que la provincia está perdiendo agentes no solo por el accionar del crimen organizado, sino por el desgaste postraumático y la carencia de una red institucional efectiva. "Se están perdiendo agentes no solo a manos del crimen organizado, sino a causa del desgaste postraumático y la falta de una red de contención institucional efectiva", señaló, agregando que "estos padecimientos permanecen muchas veces invisibilizados o silenciados por temor a sanciones".

Alcances del Programa Integral de Salud Mental

El proyecto propone la creación del Programa Integral de Salud Mental para el personal de las fuerzas de seguridad y penitenciaria, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El dispositivo será obligatorio para los efectivos en actividad y podrá extenderse a retirados y familiares directos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es resolver la pérdida de ingresos que sufren los agentes al manifestar problemas psicológicos. Actualmente, cuando se retira el armamento de forma preventiva, el uniformado deja de percibir las horas de Policía Adicional o las compensaciones por recargo de servicio. Sobre este nudo crítico, el senador explicó: "El resultado de esta ecuación es trágico pero previsible: el uniformado oculta su depresión y su estrés para no sufrir un recorte drástico en su salario, conviviendo con su arma reglamentaria hasta que es demasiado tarde".

Para revertir esta situación, el legislador consideró que "consagrar normativamente la intangibilidad de la remuneración regular no es un privilegio, es una medida de salvataje directo para que el efectivo pierda el miedo a pedir ayuda". 

Asimismo, sostuvo que "Al reconocer la necesidad de generar condiciones laborales saludables, promover el autocuidado y asegurar procesos de reinserción progresiva para aquellos agentes que atraviesen situaciones de padecimiento mental, se evita toda forma de discriminación o sanción encubierta".

Finalmente, el programa establece que las autoridades deberán elevar un informe anual con datos estadísticos sobre el estado de los agentes. En sus palabras de cierre, Sergio Vargas enfatizó: "Resulta necesario desarticular una cultura institucional que históricamente desalentó la expresión del malestar psíquico, promoviendo en cambio condiciones que favorezcan el cuidado, el acompañamiento y la detección temprana, cuidar a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos es una obligación ética y política del Estado".

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