El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Luis Ontiveros, propuso modificar la ley de Educación Sexual Integral (ESI) de la Provincia para incluir un mayor control de las familias en los contenidos. La iniciativa busca incorporar un mecanismo que garantice a los padres el acceso previo, íntegro y fehaciente a las temáticas que se dictarán en los niveles inicial y primario.

El proyecto de Luis Ontiveros propone la incorporación de nuevos artículos a la Ley 14.744 para establecer el deber de información previa por parte de las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada. En concreto, las escuelas deberán asegurar a los representantes legales el acceso a los contenidos curriculares, materiales didácticos y planificación de actividades vinculadas a la ESI antes de su abordaje en el aula.

Según detalla el texto parlamentario, la comunicación deberá realizarse con antelación suficiente. Además, se proponen sanciones y sumarios para aquellos docentes que no cumplan con las modificaciones. Al respecto, el legislador remarcó: "Ante la omisión de la notificación previa y fehaciente, los progenitores o representantes legales podrán solicitar ante la autoridad escolar la vista inmediata de los materiales y la postergación del abordaje de los contenidos específicos de ESI hasta tanto se acredite el cumplimiento".

En los fundamentos, los legisladores de La Libertad Avanza sostienen que la propuesta no busca modificar el carácter obligatorio de la ESI, sino fortalecer la política pública mediante herramientas de transparencia institucional. Consideran que el acceso previo es una condición necesaria para consolidar la corresponsabilidad entre la escuela y la familia.

"En la práctica se observa una marcada opacidad informativa, ya que las familias suelen desconocer las temáticas abordadas o toman conocimiento de ellas con posterioridad a su desarrollo en el aula. Esta carencia de notificación previa dificulta el acompañamiento pedagógico, especialmente en los niveles inicial y primario, donde la participación de los progenitores o representantes legales es central en función de la edad y el grado de desarrollo de los educandos", remarcó Luis Ontiveros.

Asimismo, el diputado indicó que la legislación reconoce a las familias como actores fundamentales del proceso educativo. En ese sentido, agregó: "La Convención sobre los Derechos del Niño también consagra el derecho y deber de los padres de orientar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos".

Cambios en la política nacional

Es preciso recordar que, en octubre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei resolvió poner fin a la política nacional de ESI al dejar de asignarle presupuesto específico. De esta manera, el programa pasó a depender exclusivamente de las provincias, sin financiamiento ni coordinación centralizada.

La decisión de la administración nacional también incluyó recortes en los materiales del portal Educ.ar y la eliminación de la obligatoriedad de jornadas como Educar en Igualdad. En noviembre de 2025, el Ejecutivo profundizó esta línea con el borrador de la Ley de Libertad Educativa, que plantea el reemplazo de la ESI por un programa de habilidades socioemocionales y refuerza el rol preferente de las familias.

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