La Provincia otorgó mayores facultades al Astillero Río Santiago para agilizar su operatividad
A través de un decreto, el Gobierno bonaerense autorizó a las autoridades del ente administrador a suscribir contratos comerciales y gestionar procesos judiciales para dotar al organismo de mayor dinamismo administrativo.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una medida clave para el funcionamiento del Astillero Río Santiago (ARS). Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, se autorizó a las autoridades del ente administrador a suscribir y aprobar contratos comerciales, convenios y actos jurídicos vinculados a la actividad industrial y naval, con el propósito de alcanzar una mayor agilidad operativa y administrativa.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa normativa alcanza al presidente del organismo y, en caso de vacancia temporal, al vicepresidente. Asimismo, se estableció que ante la ausencia de ambos, las facultades podrán ser ejercidas por el gerente general. Actualmente, el ente funciona bajo el liderazgo interino de Gonzalo Ibendahl, tras cumplirse nueve meses de la renuncia de Pedro Wasiejko.
Según se detalla en la norma, las autorizaciones comprenden la firma de acuerdos para el desarrollo, explotación y comercialización de actividades propias de la industria naval y metalúrgica. También se incluyen convenios relacionados con maquinaria, equipos y servicios específicos del sector, en un contexto marcado por la disputa política sobre el futuro de las empresas estatales y la presión sobre la industria.
El decreto también habilita a los responsables del astillero a gestionar, regularizar o disponer de materiales y bienes abandonados, declarados como rezago o que representen riesgos ambientales y de seguridad para el establecimiento. Por otro lado, se facultó al ente a impulsar actuaciones judiciales y arbitrales, tanto en el país como en el exterior, bajo la intervención de la Fiscalía de Estado.
En este marco, las autoridades podrán avanzar en acuerdos procesales como allanamientos, desistimientos, conciliaciones o transacciones, siempre bajo la legislación vigente, buscando regularizar la situación patrimonial y operativa de la institución.
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