Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca endurecer las sanciones contra las motos con escapes adulterados, una práctica cada vez más extendida, y muy presente en Tandil que genera ruidos molestos en zonas urbanas. La iniciativa plantea que los vehículos detectados produciendo los conocidos “cortes” puedan ser decomisados e incluso compactados.

El autor del proyecto, el diputado provincial Ismael Passaglia, sostuvo que las multas actuales resultan insuficientes para frenar estas conductas. “La realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó.

La propuesta apunta a modificar el enfoque vigente: no solo sancionar, sino eliminar el problema de raíz. En ese sentido, establece que los escapes ilegales sean decomisados y destruidos, y que, en los casos más graves, la Justicia pueda ordenar la compactación del vehículo.

La problemática tiene fuerte presencia en distintos distritos bonaerenses, especialmente con motos de baja cilindrada. A esto se suman las caravanas nocturnas, en las que participan decenas o incluso cientos de jóvenes, generando un impacto directo en el descanso de los vecinos.

Passaglia remarcó que el tema no se limita a la convivencia urbana, sino que también involucra cuestiones de seguridad vial y contaminación ambiental. “Es una medida fuerte, sí. Pero también es proporcional al daño que se genera. Estamos defendiendo algo básico: el derecho de los vecinos a vivir tranquilos”, sostuvo.

El proyecto no solo prohíbe la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino que también alcanza a toda la cadena vinculada: fabricación, venta, distribución e instalación de estos dispositivos en la provincia.

Además, prevé el secuestro preventivo de los vehículos, la destrucción inmediata de los escapes ilegales y la posibilidad de aplicar sanciones más severas según distintos criterios, como el nivel de ruido generado, la intencionalidad y el lugar de la infracción.

En particular, se contempla un agravamiento de las penas cuando estos hechos ocurran en zonas densamente pobladas, cercanías de escuelas, centros de salud o eventos públicos, donde el impacto social es mayor.

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