Ante la aparición de una serie de carteles con mensajes intimidatorios en diversos establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, las autoridades de las carteras de educación y seguridad mantuvieron una reunión con los gremios docentes. El encuentro tuvo como eje central la evaluación de los pasos a seguir y el refuerzo de los criterios de intervención mediante un protocolo específico frente a este tipo de hechos en las escuelas.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. También formaron parte del encuentro los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes presentaron una serie de propuestas orientadas a abordar las “nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas”.

Entre los puntos sugeridos por el sector gremial se destacó la necesidad de realizar jornadas institucionales para analizar la problemática, implementar políticas de salud mental destinadas a niñas y jóvenes, y brindar formación específica para directivos y docentes. Asimismo, se propuso la creación de espacios de trabajo con las familias, talleres con estudiantes y la convocatoria a mesas interministeriales provinciales e intersectoriales distritales.

Desde el área de Educación confirmaron que se buscará “impulsar la formación de las mesas intersectoriales” con el fin de abordar situaciones conflictivas o violentas en el entorno escolar. En la misma línea, los funcionarios se comprometieron a promover “una reunión interministerial para coordinar acciones” y aseguraron que continuarán “monitoreando conjuntamente la situación” en todo el territorio bonaerense.

En este contexto, el Gobierno bonaerense envió una comunicación oficial a las autoridades escolares bajo el título "Orientaciones para la actuación inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o presencia de armas en el escenario escolar". El documento establece que, ante cualquier mensaje que refiera a un posible tiroteo o a la presencia de armamento, los establecimientos deben actuar con celeridad para priorizar el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad.

El protocolo detalla que, ante una amenaza, el personal debe notificar de inmediato al equipo directivo, el cual informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En forma paralela, la dirección del establecimiento tiene la obligación de radicar la denuncia ante la fiscalía o la dependencia judicial correspondiente para iniciar la investigación. Se aclara que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de los estudiantes para garantizar sus derechos.

Para los casos de extrema gravedad, donde un estudiante exhiba un arma dentro de la escuela, la normativa indica que el objeto siempre debe considerarse como si estuviera cargado. El personal deberá intentar calmar al joven y dialogar con él, mientras otro adulto da aviso al 911. Entre las pautas de seguridad, se recomienda procurar que el estudiante deposite el arma en una superficie segura.

El texto es taxativo respecto al manejo de armas de fuego: "Si se tratara de un arma de fuego, pedirle que saque el dedo del gatillo, si esta es la situación. En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública".

Además, se remarca que ninguna otra persona debe manipular el elemento. Se designará a un adulto responsable para custodiar el aula e impedir el ingreso de terceros, siendo la fuerza pública la única autorizada para retirar el arma. Finalmente, el estudiante implicado quedará bajo custodia, con intervención de su familia y de la Justicia.

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