Sociedades Rurales del Sudeste advirtieron sobre incertidumbre por cambios en vacunación y trazabilidad
Representantes de las entidades rurales de la región expresaron su firme rechazo a las recientes medidas del Senasa y la normativa provincial, señalando que la falta de diálogo y la imposición de nuevos sistemas burocráticos amenazan la operatividad y la estabilidad sanitaria del sector productivo.
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Las Sociedades Rurales del Sudeste, entre las que participa activamente la Sociedad Rural de Tandil, manifestaron su profunda preocupación ante las recientes resoluciones implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Durante la última reunión mensual de la Zona VI de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), llevada a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Balcarce, los dirigentes coincidieron en que las modificaciones introducidas al sistema de vacunación antiaftosa no representan una evolución, sino que profundizan un escenario de “confusión e incertidumbre” para los productores agropecuarios de toda la región.
El malestar del sector tiene sus antecedentes en los planteos realizados en marzo pasado, cuando autoridades de las entidades rurales convocaron a funcionarios del Senasa y al secretario de Agricultura para advertir sobre los riesgos de la Resolución 201/2026. A pesar de las advertencias, el organismo avanzó con el proceso de empadronamiento, cuya fecha límite fue fijada para el 15 de diciembre. Bajo este nuevo esquema, los productores deben elegir a los veterinarios privados que se encargarán de la vacunación, una tarea que implica para estos profesionales una carga administrativa y logística considerable, incluyendo la gestión de dosis, el mantenimiento de la cadena de frío y la carga de actas oficiales.
En lo que los dirigentes calificaron como una medida de intercambio, el Gobierno nacional autorizó a los entes sanitarios a comercializar, colocar y declarar caravanas electrónicas. Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con escepticismo por la mayoría de las fundaciones. Muchas de estas instituciones, por sus propios estatutos, tienen como objetivo exclusivo la gestión sanitaria y no pueden desviar sus funciones hacia actividades comerciales. Ante esta situación, las entidades rurales han dejado claro que no están dispuestas a involucrarse en una tarea que consideran ajena a su naturaleza institucional y a su misión fundamental de servicio.
El debate también se centra en la estrategia de cara al año 2027, donde se vislumbra la posibilidad de dejar de vacunar otras categorías de ganado. Para los productores, el camino a seguir debe ser claro, transparente y planificado, priorizando la protección de los mercados internacionales y el mantenimiento de un sistema sanitario potente capaz de responder ante cualquier contingencia.
La controversia por la plataforma VISEC
Otro de los puntos críticos abordados durante el encuentro fue la implementación de la plataforma VISEC, destinada a certificar la trazabilidad en las cadenas de carne y soja para cumplir con las exigencias de mercados como la Unión Europea. Tanto desde CRA como desde Carbap, se expresó una fuerte inquietud debido a que esta herramienta privada, apoyada por la Resolución SAGyP N° 50/2024, resulta onerosa para el productor y requiere el acceso a datos sensibles. La preocupación aumenta al observar que diversos actores de la cadena comercial, como acopios y consignatarios, están condicionando sus operaciones a la inscripción en este sistema.
Las Sociedades Rurales del Sudeste han solicitado públicamente a las autoridades nacionales que brinden mayor claridad sobre el funcionamiento y la obligatoriedad de esta plataforma. Los dirigentes enfatizaron que existen alternativas, incluyendo opciones gratuitas o desarrolladas a nivel provincial, que permiten alcanzar los mismos estándares de trazabilidad sin imponer costos adicionales ni vulnerar la privacidad de los datos de los establecimientos rurales. El objetivo de las entidades es proteger a sus socios y garantizar que las exigencias de los mercados externos no se conviertan en una barrera de entrada injustificada.
Infraestructura y desafíos climáticos
En el ámbito provincial, las entidades rurales manifestaron un rechazo unánime a la norma aprobada por la Cámara de Diputados bonaerense que habilita a los municipios a utilizar, por un plazo de 180 días, los fondos coparticipables del Inmobiliario Rural destinados a caminos para financiar obras hídricas preventivas.
La postura de Carbap, respaldada por las rurales de la zona, sostiene que es “inadmisible resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial” para la producción, como lo es la red de caminos rurales, vital para el traslado de la cosecha y el acceso a las comunidades.
Finalmente, el encuentro contó con la participación de la doctora Nuria Lewczuk y el ingeniero Fernando Aramburu Merlos, del INTA Balcarce, quienes presentaron un informe sobre el fenómeno de El Niño.
Según los especialistas, el sudeste bonaerense presenta reservas hídricas óptimas y se espera un trimestre con lluvias periódicas y temperaturas moderadas. Ante este pronóstico, las entidades insistieron en la necesidad de que los municipios y la Provincia ejecuten las obras hídricas pendientes, recordando que, ante eventos climáticos severos, la falta de mantenimiento en los caminos rurales sigue siendo un obstáculo crítico para la actividad económica y la vida cotidiana en el interior bonaerense.
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