Implementan certificado de situación urbanística obligatorio para la venta de condominios

La doctora Paula Lafourcade, Defensora del Pueblo local, brindó detalles fundamentales sobre la implementación de la nueva ordenanza 19.438, sancionada recientemente por el Concejo Deliberante, que establece un marco regulatorio estricto para la comercialización de inmuebles sujetos a condominio, una figura legal que suele generar confusiones y riesgos para los compradores si no se maneja con la debida transparencia y el asesoramiento profesional adecuado.

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En el marco de una reciente entrevista brindada a Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, La doctora Lafourcade explicó que “el condominio ocurre cuando una persona no es dueña de la totalidad de un inmueble, sino de una parte indivisa o un porcentaje del mismo”. 

El problema central surge “cuando se publicitan y venden estas fracciones como si fueran lotes individuales, induciendo al comprador a creer que adquiere un terreno con escritura propia cuando, en realidad, está comprando una participación en un todo”, apuntó la defensora. 

Ante esta situación, la nueva ordenanza exige que, antes de promover cualquier venta, los titulares presenten una declaración jurada urbanística ante el municipio.

“Este trámite es de carácter obligatorio y debe contener datos precisos sobre la nomenclatura catastral, la ubicación exacta y, fundamentalmente, la zonificación del inmueble”, detalló Lafourcade. 

Según indicó la defensora, es el municipio quien debe emitir el certificado de situación urbanística, un documento que resulta indispensable para cualquier interesado antes de firmar un boleto de compraventa. “Este certificado permite conocer si el terreno es urbano, complementario o si se encuentra en una zona protegida, determinando así qué es lo que realmente se puede construir en dicho espacio”, especificó.

El enfoque de esta medida es proteger al ciudadano frente a la falta de información. La doctora Paula Lafourcade enfatizó que, “en la publicidad de venta debe aclararse explícitamente que la operación se realiza bajo régimen de condominio y que el inmueble no se encuentra subdividido”. 

De esta manera, “se busca evitar que los adquirentes sean engañados con promesas de escrituración inmediata o posibilidades constructivas que, por el Plan de Desarrollo Territorial vigente, podrían estar prohibidas en determinadas zonas de la ciudad”, aclaró.

Sanciones ante irregularidades

La normativa establece un régimen de penalidades severas para quienes infrinjan estas disposiciones. “Las multas por falsedad u omisión de datos en la declaración jurada, así como por publicidad engañosa, son sumamente elevadas, alcanzando cifras que oscilan entre los 5.000.000 y los 28.000.000 de pesos en los casos más graves”, detalló Lafourcade. 

Además, si se materializa un fraccionamiento no autorizado, “el municipio tiene la potestad de proceder a la suspensión inmediata de las obras y exigir la demolición de las construcciones que no cuenten con la debida aprobación técnica y legal”, agregó.

La doctora Lafourcade subrayó que el departamento ejecutivo no autorizará la apertura de calles ni la extensión de servicios públicos a aquellos titulares que no hayan cumplido con la presentación del certificado de situación urbanística. 

“Esta medida busca poner un freno a los loteos irregulares que, en muchos casos, han dejado a numerosas familias en situaciones de vulnerabilidad, habiendo invertido sus ahorros en proyectos que nunca podrán concretarse legalmente ni contar con los servicios básicos necesarios para una vivienda digna”, sostuvo la funcionaria.

Es importante destacar que, si bien la ordenanza apunta a ordenar las futuras operaciones, también sirve como herramienta para que aquellos vecinos que ya se encuentran en situaciones irregulares puedan buscar asesoramiento. 

La Defensoría del Pueblo local se mantiene a disposición para analizar cada caso particular, verificando si existe un expediente municipal iniciado correctamente o si, por el contrario, el comprador ha sido víctima de una estafa inmobiliaria que requiere una denuncia formal ante las autoridades competentes y los colegios profesionales correspondientes.

La defensora recordó que, ante la duda, los ciudadanos pueden acercarse a la sede de la Defensoría, ubicada en Maipú 253, en el horario de 8 a 14. Allí, el equipo técnico analiza la documentación y brinda orientación sobre el estado de los expedientes en Obras Públicas. 

“El objetivo es que el vecino no firme ningún documento ni entregue dinero sin tener la certeza de que el proyecto cuenta con el visado municipal, evitando así que el esfuerzo de toda una vida se vea truncado por la falta de transparencia en la comercialización de tierras”, indicó Lafourcade.

La defensora instó a la comunidad “a ser cautelosa y a no dejarse llevar por la emoción de adquirir un terreno sin antes verificar la legalidad de la oferta. La transparencia en la información es el pilar fundamental para el crecimiento ordenado de la ciudad y para garantizar que los sueños de vivienda propia no se transformen en una pesadilla legal”. 

La ordenanza 19.438 representa un paso significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la lucha contra las prácticas inmobiliarias desleales que afectan a la comunidad, consideró la funcionaria.

Sobre el autor

Carola Núñez